Han sido días agitados para la exministra del Trabajo Alejandra Krauss, quien ha levantado la bandera de la opción Apruebo en el próximo plebiscito de salida, que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de septiembre. A una semana de los comicios y mientras prepara un recurso de protección, reflexiona los motivos que la llevaron a jugársela por una opción que en su propio partido, la Democracia Cristiana, ha generado divisiones.
Ha firmado cartas y ha asistido a programas de televisión para persuadir a los indecisos, ya que dice que cree que el texto que hay perfecciona a las actuales instituciones. En ese sentido contradice a quienes han planteado que el sistema de justicia es -justamente- uno de los talones de aquiles de la propuesta de la Convención.
¿Por qué decidió votar Apruebo?
Yo apruebo porque para mí la propuesta de la Convención Constitucional, es decir, el texto propuesto por la Convención Constitucional surge de un proceso democrático, único en nuestra historia, que el país decidió darse y cuyo texto es un paso en el fortalecimiento de nuestra democracia. Junto con esto creo que nos permitirá avanzar hacia un país mejor, paritario, con justicia social, equidad, participación, respeto al medio ambiente, asumiendo los desafíos del siglo XXI y que nos propone, a través del Estado Social y Democrático de Derecho, una manera distinta de cómo queremos caminar hacia el futuro.
Hay quienes son bastante críticos de la forma en que quedó el Poder Judicial, que en el texto pasará a ser Sistemas de Justicia. ¿Usted como abogada, qué piensa de aquello?
Yo creo que el funcionamiento actual del Poder Judicial tenía imperfecciones que con esta nueva Constitución se buscan resolver. La concentración de atribuciones en la Corte Suprema era un problema para la independencia interna y en ese diagnóstico existe un consenso más o menos generalizado. Además, la creación de nuevos tribunales, como los administrativos y los de ejecución de penas, también eran una demanda que venía hace ya largos años.
Pero al restar poder a la Corte Suprema, y a la vez crear un Consejo de Justicia... ¿no cree, como otros abogados, que se corre el riesgo de politizar la judicatura?
Lo primero que hay que destacar es que este Consejo de la Justicia es un anhelo del propio sistema judicial, pues surge de propuestas largamente planteadas por la Asociación de Magistrados.
Claro, pero los cuestionamientos giran en torno a la falta de jueces en su integración...
Es que ahí lo que yo creo es que su perfeccionamiento podría ser sumar uno o dos magistrados en su integración. Tampoco veo una amenaza ni riesgos a su independencia, muy por el contrario. La crítica que algunos hacen a una supuesta politización en los nombramientos desconoce cómo funciona el modelo actual, en el que incluso existe una institución conocida como “besamanos”. Entonces, insisto, creo que se resuelven imperfecciones del Poder Judicial, de hecho se termina con el “besamanos” y eso, al menos para mí, representa un avance.
En el acuerdo oficialista se insiste en que dicho Consejo no revisará fallos, pese a que el texto propuesto ya lo indicaba así, esa reiteración, ¿usted cree que obedece a una desconfianza de lo que podría pasar si se aprueba la nueva Constitución?
A ver, yo creo que el texto es claro y señala expresamente que el Consejo de la Justicia no revisará los fallos. Y pienso que su reiteración es completamente redundante y responde a temores infundados de algunos. Sin perjuicio de ello, creo que debe incorporarse, sin que se abra un debate sobre lo esencial de la propuesta, sino que con ello se busque dar certezas políticas y eso a mi juicio no resulta problemático.
La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se manifestó en desacuerdo con el cambio de nombre de Poder Judicial a Sistemas de Justicia. De hecho cuestionó el mensaje que se le está dando a la sociedad con esto. ¿Usted qué piensa?
La verdad es que en ese punto yo no veo la necesidad de haber cambiado de nombre. Con todo, suponer que una modificación de nomenclatura pone en riesgo la democracia es una exageración. Solo basta señalar que en la actual Constitución, al Poder Ejecutivo se le denomina “Gobierno” y al Poder Legislativo se le dice “Congreso Nacional” y nadie nunca sostuvo que en nuestro país no existían los tres poderes del Estado.
Entonces todo va más allá de las formas...
Mira, lo esencial es que exista una justicia independiente. Si una democracia se define por el nombre de una institución significa que hay un problema mayor. Y nuestra democracia es mucho más fuerte que eso.
¿Qué pasa con los sistemas de justicia paralelos?, el acuerdo oficialista también hace presente que los tribunales indígenas no deberían ver temas penales. ¿Comparte eso?
Me parece que lo que se señala en el acuerdo es un compromiso importante, ya que es tendiente a entregar certezas jurídicas y políticas que comparto.
¿Lo penal se debe excluir de esos tribunales?
Debido a la relevancia de los bienes jurídicos afectados, creo que sí, que la regla general es que esos temas deben ser conocidos y resueltos por los tribunales ordinarios.
A su juicio, ¿qué debe pasar a contar del 5 de septiembre?
Yo creo que al día siguiente del plebiscito, independiente del resultado, ambas opciones, con vocación democrática y de diálogo, deben entregarle al Presidente de la República Gabriel Boric, el respaldo político para que encabece esta nueva etapa constitucional que deberemos vivir como país. Por un lado, a fin de implementar la nueva Constitución si gana el Apruebo y, de lo contrario, para continuar el proceso con miras a tener una nueva Constitución en el menor tiempo posible. Será el momento de los auténticos demócratas y del diálogo político.
