Desde el nacimiento de la política de gratuidad en 2016, sostenidamente dos indicadores han ido a la baja: el del número de personas que estudian con Crédito con Aval del Estado (CAE) y el de quienes lo hacen con alguna beca. En rigor, estos últimos han ido migrando al más nuevo de los beneficios.
Así lo refleja la iniciativa ‘Chile en 30 años: desde el regreso a la democracia al estallido en datos’ de Unholster, en alianza con La Tercera, que busca visibilizar estadísticas de varios ámbitos de la sociedad.
En tal sentido, según el procesamiento de datos en base a información del Mineduc de 1989 a 2021, la gratuidad supuso un quiebre en las curvas de beneficiarios del financiamiento de la educación superior.
El director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, divide en tres periodos ese análisis: antes del CAE, entre CAE y gratuidad y posgratuidad. “De 2005 a 2016 los gobiernos usaron la doble estrategia de becas estatales y CAE porque no todos podían costear su educación. Sobre todo en Bachelet 1 se dieron cuenta de que había que meter más recursos y eso tuvo su peak cuando entra la gratuidad a la ecuación, que se comió una parte de las becas y del CAE”. Y es que, en efecto, lo que ha variado es a qué herramienta acceden los beneficiarios, mas no el número total de ellos, que se ha mantenido en un rango más o menos estable desde la aparición de la gratuidad: 889.243 en 2016, 864.462 en 2017, 857.820 en 2018, 873.659 en 2019, 856.765 en 2020 y 835.691 en 2021. En todo caso, Huneeus cree que la gratuidad es la que presenta un techo más bajo de crecimiento, “por las condiciones que tienen que cumplir instituciones y alumnos”.
Ocurre que el surgimiento de la política puesta en marcha en 2016 y que apunta a financiar la educación superior de los estudiantes que más lo necesiten -cuando comenzó estaba focalizada al 50% más vulnerable y luego avanzó al 60%-, torció el alza sostenida que hasta ahí llevaban los becados del sistema, así como quienes estudiaban con CAE desde 2006, que antes era el crédito estatal universitario.
Y es que si quienes lograban estudiar con préstamos eran 70 mil en 1991 y otros nueve mil tenían becas, ambos llegaron a su punto cúlmine en 2015 -369.253 alumnos con CAE y 397.386 becados-, el año previo al debut de la gratuidad en 2016, cuando se estrenó con 138.951 beneficiados y quienes tenían CAE se redujeron a 355.579, mientras que los que tenían becas descendieron a 349.387. Al año siguiente, el cambio fue más notorio: 261.744 estudiantes con gratuidad, 299.904 con CAE y 268.959 con becas. Así llegó 2018, primer año en que la gratuidad cubrió a más estudiantes (336.065) que el financiamiento vía CAE (265.467) o becados (226.107).
Asimismo, en 2021 el Crédito con Aval del Estado cubrió a 217.054 personas, y becas y gratuidad en su conjunto a 589.217 estudiantes (153.527 los primeros y 435.690 los segundos). La proporción a la que llega Unholster, de hecho, dice que de cada 100 estudiantes con beneficios del Estado, 52 reciben gratuidad, 26 CAE, 18 becas y cuatro fondo solidario (créditos).
Al respecto, desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan que las becas y sistemas de créditos actuales cubren “en el mejor de los casos el arancel de referencia, que es menor en la gran mayoría de los casos a los valores reales” y que, en cambio, “la gratuidad permite que los estudiantes accedan a la educación superior sin costo alguno. Muchos de los estudiantes que antes accedían a becas y créditos hoy son potenciales beneficiarios de la gratuidad”. Y suman: “La actual ley establece una ruta clara hacia la gratuidad universal, que depende del aumento de los ingresos fiscales estructurales”. Por eso, cierra, mientras esa transición se encuentre en curso, el diseño del financiamiento para quienes hoy no acceden a la gratuidad “es una preocupación que debe ser atendida bajo principios de sostenibilidad de largo plazo”.
En tal sentido, Juan Eduardo Vargas, vicerrector académico de la U. Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior de Piñera 2, señala que, “sin duda”, la irrupción de la gratuidad explica en parte importante la disminución de beneficiarios de becas y CAE. Con todo, agrega la exautoridad, “no parece razonable” que en el futuro la gratuidad llegue a todo quien lo requiera. “Si teóricamente se ampliara a todos los niveles socioeconómicos, ello implicaría un aumento sustancial de recursos, los que no se podrían destinar a satisfacer otras necesidades bastante más apremiantes” y que “no tiene sentido pagar la educación superior de quienes sí pueden hacerlo”. Esto, suma, sería similar si se condonara el CAE.
