A menos de tres semanas del tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, La Moneda aún no resuelve cómo pretende conmemorar la fecha, que remeció el panorama político y que dio paso a un debate constituyente que aún no culmina.

Si bien las banderas del estallido fueron levantadas por Apruebo Dignidad, coalición desde la que emergió la candidatura de Gabriel Boric, tampoco son muchos los avances que el actual Presidente podrá exhibir en este nuevo 18-O.

En el programa de gobierno de Boric había dos compromisos a partir del estallido social. Uno de ellos era avanzar en un “programa de atención integral para víctimas de trauma ocular y represión estatal”.

El segundo punto tenía una connotación más política y ambiciosa. En realidad era un compendio de varios compromisos para lograr “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las violaciones de derechos humanos del estallido social”. Para ello, se proponía “crear una Comisión de Verdad, fortalecer áreas clave del sistema judicial para combatir la impunidad, impulsar el indulto a los presos de la revuelta, reparar robusta e integralmente a las víctimas y familiares de homicidios, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; lesiones y tortura sexual, y refundar las policías”.

La aludida comisión se transformó en la Mesa de Reparación Integral, que depende del Ministerio de Justicia y que coordina la senadora Fabiola Campillai, junto a la subsecretaria de DD.HH., Haydée Oberreuter. Esta instancia aún está en una fase de encuentros por regiones, donde pueden asistir víctimas y familiares a exponer sus casos. Este proceso de diálogos culminará el 25 y 26 de noviembre con el encuentro de la Región Metropolitana, que probablemente será el de mayor incidencia en vista de que las protestas se concentraron en Santiago. Por lo tanto, las conclusiones de la Mesa de Reparación recién podrían ver la luz a inicios del próximo año.

Los resultados de algunos de estos diálogos y las pensiones de gracia a víctimas podrían ser el único balance positivo que podría exponer el Jefe de Estado en la eventualidad de que La Moneda opte por realizar un acto simbólico para el tercer aniversario.

Sin embargo, el saldo todavía es negativo respecto de los otros compromisos, como impulsar un indulto a los presos de la revuelta o refundar las policías. En el caso del indulto, la iniciativa evolucionó hacia un proyecto de amnistía que está en el Senado, pero que no tiene los votos para ser aprobado. Dado el riesgo de que se rechace, el Ejecutivo incluso no le renovó su urgencia.

Dentro del Socialismo Democrático, la otra coalición que sustenta la administración de Boric, creen que el gobierno debiera actuar con cautela, ya que no son muchos los avances y porque consideran que no es una fecha para conmemorar. Incluso, algunos dirigentes sugieren que el Mandatario se limite a una reflexión por la fecha en un discurso.

No obstante, las expectativas son altas dentro de Apruebo Dignidad. De hecho, uno de los objetivos es tratar de cerrar un acuerdo que reviva el proceso constituyente.

“El 18 de octubre hay que conmemorarlo trabajando por una nueva Constitución y por las urgencias sociales y económicas que tienen las familias. El malestar por las injusticias y el abuso sigue presente y nuestra tarea es conducir democráticamente ese malestar”, señala la diputada Catalina Pérez (RD).

Consultada por el balance que podría realizar el Presidente, la parlamentaria frenteamplista agrega que “es importantísimo renovar el compromiso con la reparación a las víctimas de violencia estatal, es una buena oportunidad para profundizar en los avances en esta materia”.

Su par de Comunes, Emilia Schneider, cree que “hay que reivindicar el 18 de octubre como fecha en la que conmemoramos la expresión de un profundo malestar social, producto de años de abusos y una necesidad de cambios, que sigue vigente y que requiere una respuesta constitucional con una nueva Constitución y también con reformas por derechos sociales para una mayor justicia social”.

“Me parecería adecuada una conmemoración sobria que resalte las deudas y avances en materia de reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos”, sugiere Schneider.

La diputada comunista Lorena Pizarro, quien además es presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, dice que valora la Mesa de Reparación, pero cree que se requieren acciones concretas para reparar y combatir la impunidad, como “proyectos de ley que se manden al Parlamento” o las mismas medidas que propone el programa de gobierno.

“La impunidad no puede ser el camino. Se debe enjuiciar a los violadores de derechos humanos, civiles y militares, que hubo a partir de la revuelta popular”, señala la legisladora, expresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos en dictadura.

Pizarro agrega que no hay que imitar lo que fueron las conmemoraciones del golpe militar en los gobiernos de la Concertación, en los que se hacían actos para remarcar la “responsabilidad compartida” del quiebre institucional, con llamados a “mirar para adelante”. “Se daban abrazos en función de una reconciliación en base a la impunidad”, recalca.

“No sé si hay que hacer un acto. Más me interesa que se hagan acciones que permitan hacerse cargo de las demandas que llevaron a esa revuelta popular y que la impunidad no sea una solución. Los actos sin acciones concretas, sin voluntad política, no sirven”, concluye.