Aunque solo un día hubo votaciones sobre las indicaciones del reglamento de la Convención Constitucional -ayer la sesión se suspendió porque un convencional dio positivo por Covid- la mesa directiva y la mayoría de los convencionales celebraron la celeridad con que se avanzó.

Y es que se está conciente de que la aprobación del reglamento debe darse lo más rápido posible para así dar inicio a la discusión de fondo de las normas de la nueva Constitución que se propondrá al país. Sin embargo, por mucho que se quiera avanzar, la relevancia de los reglamentos en los procesos constituyentes hace que muchas veces esta discusión tome tiempo y se generen arduos debates sobre su detalle. Aquí, el ejemplo de cómo se dio esa discusión en otros cuatro procesos constituyentes del mundo.

El 6 de agosto de 2006, Bolivia instaló su asamblea constituyente. Según la Ley de Convocatoria que permitió constituir al órgano, éste tenía seis meses como mínimo y un año como máximo para presentar una propuesta de nueva Constitución que más tarde se votaría en un referéndum. Sin embargo, se le tuvo que otorgar cuatro meses adicionales al no poder cumplir con el plazo inicial. Finalmente, se demoraron 15 meses en cumplir su labor.

La falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición alargó la aprobación definitiva del reglamento por siete meses. Esto dado que desde el primer día hubo conflictos entre los constituyentes de ambos sectores. Uno de ellos fue la propuesta del partido oficialista de esa época, MAS, respecto al quórum: proponían que la regla general sería mayoría absoluta pero el proyecto de nueva Constitución debía ser aprobado por dos tercios y, en caso de no alcanzarse el quórum, se llevaría el artículo propuesto a voto popular. Esto provocó que asambleístas del partido opositor Frente de Unidad Nacional (UN) -entre ellos el ex candidato presidencial Samuel Doria Medina- iniciaran una huelga de hambre denunciando que el MAS había abandonado el diálogo, que hubo fraude y que no se respetaron los acuerdos.

En el caso de Túnez, un país ubicado en la costa mediterránea del norte de África, se instaló una Asamblea Constituyente a raíz de manifestaciones sociales conocidas como la revolución “de los Jazmines” o de “la dignidad”. Este movimiento culminó con el derrocamiento del gobierno autoritario del presidente Zine El Abidine Ben Ali. La caída del mandatario convocó a elecciones libres para una Asamblea Constituyente en octubre de 2011. Esta fue la encargada de redactar una nueva Constitución, la cual comenzó a regir en enero de 2014. De esa forma, Túnez se convirtió en la primera democracia secular del mundo árabe.

A diferencia de lo que actualmente ocurre en Chile, el órgano constituyente de Túnez, compuesto por 227 personas, se trató de un poder legislativo constituyente y no de uno autónomo. El proceso constitucional y la redacción de su reglamento correspondiente, se caracterizaron por una gran intervención de organismos internacionales, justamente debido al complejo contexto sociopolítico que atravesaba el país.

Al igual que en Chile, la Asamblea Nacional Constituyente tunecina formó un comité para la elaboración del Reglamento de la Asamblea, cuya elección se realizó en su sesión inaugural. A esta comisión le tomó nueve semanas redactar el reglamento. En cuanto al quórum, el reglamento plasmó que el presidente y el primer o el segundo vicepresidente de la Mesa de la Asamblea debían ser elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea. Sin embargo, las decisiones de materia constitucional en las comisiones se votaban por mayoría simple, mientras que en el pleno las decisiones que afectaran a la nueva Constitución debían ser votadas por mayoría absoluta. Por otro lado, el borrador final de la Carta Magna debía ser aprobado por dos tercios de los miembros de la Asamblea.

El proceso convencional de Nepal, país asiático ubicado entre India y China, inició en diciembre de 2007, cuando los partidos políticos del país acordaron que la monarquía que los regía debía ser abolida a través de una Asamblea Constitucional que se elegiría el año siguiente. Así, comenzó la redacción del reglamento de la Convención nepalí, proceso que tuvo una duración de dos meses. A través del proceso constitucional, en mayo de 2008, los miembros electos de la Asamblea Constituyente de Nepal lograron proclamar la República del país.

En Nepal, de forma similar a Túnez, el alto nivel de incertidumbre política caracterizó al proceso constitucional y la redacción de su reglamento. El reglamento nepalí tuvo la particularidad de que estableció un órgano específico que tuvo el objetivo de facilitar la difusión de información entre la ciudadanía y el acceso público a las discusiones que se llevaban a cabo en la Asamblea. De hecho, estableció su propio comité de consulta con la ciudadanía.

Era 1992. Sudáfrica logró poner fin al apartheid, el sistema de segregación que destinaba lugares a distintos grupos raciales y que, además, mantenía la exclusividad del ejercicio del voto para la raza blanca. Por eso, en 1993 se convocó a una Asamblea Constitucional como un órgano independiente del Poder Legislativo, pero que estaba compuesta por sus mismos miembros. En el caso de este país, la Constitución provisional de 1993 sirvió como marco general para todo el proceso constituyente. La crisis sociopolítica previa, al igual que en el caso de Nepal, complejizó el acuerdo de un reglamento. De hecho, la discusión de ese texto tomó 99 días.

Si bien no es parte del reglamento, en el caso de Sudáfrica la Asamblea estableció una declaración de principios inicial, que permitió guiar la deliberación y discusión sobre el contenido de la Constitución y el proceso de redacción, pero que procuró no ser restrictivo en la deliberación del propio órgano redactor. En concreto, el Tribunal Constitucional de ese país estableció 34 principios constitucionales que fijaron una serie de garantías de Derechos Humanos, principios democráticos y lineamientos de la estructura del gobierno.