El próximo miércoles están citados a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara la ministra del ramo, Maisa Rojas (independiente), y su par de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social), para que respondan ante las consultas de diputados por las reuniones en la casa del exalcalde y lobbista Pablo Zalaquett.

“Las reuniones –al parecer- de carácter privado con empresarios vinculados a la industria del salmón, llevadas a cabo hace unos días, y de lo cual se ha tenido noticias por los medios de comunicación, y que se habrían llevado a efecto sin previa cita requerida mediante Ley de Lobby”, dice la convocatoria.

A días de que el medio electrónico Ciper Chile revelara estas reuniones realizadas en la casa de Zalaquett, La Moneda aún no logra cerrar este nuevo flanco, que irritó especialmente al oficialismo.

Ayer, el propio Presidente Gabriel Boric debió salir a responder por esta nueva polémica.

“Primero, el estándar tiene que ser cumplir la ley y en el cumplir la ley nadie se puede exceptuar ni buscar excusas para no hacerlo. Y cuando la ley se incumple, tienen que establecerse las sanciones que correspondan. (Pero) acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”, dijo el Mandatario.

El Jefe de Estado expresó que su instrucción a todos quienes componen el gobierno “es que se reúnan con todas las autoridades para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile (...) Eso se tiene que hacer en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que se ha hecho en este caso”

Boric añadió que “mi mandato va a seguir siendo siempre dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile en el cumplimiento del marco legal vigente”.

Diálogo

Según una declaración que hizo Zalaquett el jueves, esta dinámica de encuentros, en los que también han participado la titular del Interior, Carolina Tohá (PPD); del Trabajo, Jeannette Jara (PC); de Agricultura, Esteban Valenzuela (FREVS), y de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren (indep.-PPD), buscan “acercar y humanizar la relación entre dos mundos”.

Por su parte, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo (PC), también reforzó esta explicación en Radio Cooperativa. “No todo diálogo es lobby. No toda conversación es lobby... Ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de la autoridad”, afirmó la portavoz de La Moneda.

La titular de la Segegob agregó que la ley “obliga a registrar por lobby las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de una autoridad. Esto no tiene que ver ni con el horario, ni con el lugar, ni nada de eso”.

“Una cosa son las reuniones para tomar decisiones a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente, lo que hemos llamado usualmente ‘la cocina’. Y otras cosas son la instancia de encuentro y de diálogo”, expresó Camila Vallejo.

La ley

De acuerdo a la Ley de Lobby, autoridades como ministros, definida como “sujeto pasivo” en la normativa, están obligadas a declarar “audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares” respecto de “decisiones”, actos administrativos, contratos o bien el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, especificadas en la norma.

Por su parte, la legislación obliga al lobbista (la persona que trabaja remuneradamente para promover intereses particulares) a revelar a la autoridad su labor, situación que aún no se sabe si fue advertida debidamente por Zalaquett.

El punto es que, efectivamente, la ley establece algunas excepciones en que una reunión puede no ser transparentada, por ejemplo, si se dio en un contexto de una reunión pública o una asamblea (lo que no sería el caso).

Tampoco es obligatorio declarar estas audiencias cuando la autoridad solicita “expresamente” alguna información “para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión”.

En 2015, por ejemplo, una cita de los entonces ministros del Interior, Jorge Burgos, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, fue cuestionada porque tampoco se declaró por la Ley de Lobby. Sin embargo, la excusa de los secretarios de Estado en esa época fue que ellos pidieron esa reunión.

Aparentemente esa causal no aplicaría para los ministros de Boric, pues los encuentros fueron organizados por Zalaquett.

Por ello, la defensa de los actuales secretarios de Estado se ha centrado en que ellos no estaban obligados, pues en estas instancias de diálogo presuntamente no hubo intentos en influir en “decisiones”.

“Nuestra visión es que, dado el tema que se tocó en la reunión y la forma en la que se tocó ese tema, no era necesario registrarla por plataforma (de la Ley de Lobby)”, comentó Grau en TVN, el jueves, al tiempo que el encuentro con los salmonicultores no tenían relación con la reforma a la Ley de Pesca.