Boric pide al oficialismo no abandonar el nuevo proceso constituyente

Fijar una estrategia unitaria y no dejar a la deriva el nuevo proceso constituyente. Esa fue la petición que hizo el Presidente Gabriel Boric a sus partidos, el miércoles pasado, en Cerro Castillo, en un cónclave que lideró para hacer un balance de la derrota de las elecciones del domingo 7 de mayo.

El oficialismo sufrió un duro golpe en las urnas, tras quedar en minoría en el nuevo órgano constituyente, obteniendo solo 16 consejeros ante los 23 del Partido Republicano y los 11 de Chile Vamos.

Pese al adverso escenario en la composición del organismo que se constituirá el próximo 7 de junio, el Jefe de Estado, según presentes, conminó a las colectividades oficialistas a no caer en el mismo error que -a la luz de los hechos- cometieron los partidos políticos en el fracasado proceso de la Convención Constitucional, que terminó con el rechazo de la propuesta de nueva Carta Magna en septiembre de 2022.

Bajo una lógica de darle autonomía al poder constituyente, dicen en el gobierno, en muchas discusiones las colectividades no tuvieron ascendencia en sus convencionales, lo que -en parte- interpretan como algunos de los problemas de la extinta Convención.

Fuentes que participaron del encuentro señalan que la reflexión compartida en Cerro Castillo fue que si bien son minoría no pueden dejar “botado” el proceso y deben disputar la arremetida republicana y, hoy más que nunca, confrontar miradas opuestas de sociedad.

“El Presidente nos pidió que nos hagamos responsables del proceso constitucional en curso y sacar lecciones del que fue rechazado. Para ello necesitamos articularnos y producir una estrategia que nos permita incidir, a pesar de ser minoría”, dice el timonel de Comunes, Marco Velarde.

El llamado del Presidente fue leído por algunos partidos del oficialismo como una señal de que el gobierno no va a claudicar ante el nuevo proceso y que terminará incidiendo -en la práctica- a través de sus partidos.

De hecho, sin perjuicio de que el Presidente ha dado señales de prescindencia absoluta en lo público, en el oficialismo ven inviable que La Moneda tome palco de debates tan trascendentes como el sistema político o cuestiones que puedan tener efectos económicos.

En el gobierno aseguran que, en ese sentido, es una “buena noticia” tener a la cabeza de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a Álvaro Elizalde porque -pese a que a la cartera no tiene obligaciones directas respecto del proceso, como sí las tuvo en el pasado-, su rol podría ser significativo en las disyuntivas que enfrente el oficialismo durante el proceso.

Eso sí, hay voces en La Moneda que también señalan que el Ejecutivo debiera apostar por involucrarse lo menos posible en el debate constituyente, toda vez que no tendrán mayorías para influir y cuando varios han anticipado que el texto final terminará siendo imposible de defender para la izquierda y la centroizquierda.

En la Comisión Experta es un consenso que el gobierno debe mantenerse en el mismo rol que ha tenido hasta el momento. La Moneda ha estado ausente de este proceso constitucional. Cuando se estaba negociando el Acuerdo por Chile, el Ejecutivo solo acompañó. En las pocas reuniones a las que asistió la exministra Segpres Ana Lya Uriarte solía quedarse en silencio. En ese momento, la lógica que imperó en toda la negociación fue que cualquier intervención de Palacio podría entorpecer las tratativas.

Desde que se instaló el órgano de expertos y partió este nuevo intento por reemplazar la Constitución vigente, la tónica ha sido la misma: el gobierno no se ha involucrado directamente y toda la administración del proceso está en manos del Senado y la Cámara.

De hecho, ni siquiera existe enlace entre la comisión con la Segpres, como sí lo tuvo en la Convención con la figura del exsecretario ejecutivo Matías Cox.

Tanto los comisionados del oficialismo como de la oposición quieren que La Moneda mire de lejos el proceso, y la derecha, sobre todo, espera que luego de los resultados electorales el gobierno “no le tire la cadena” a “la última oportunidad de tener una nueva Constitución”.

En caso de querer interceder en algún debate o nudo político, los comisionados esperan que el Ejecutivo lo haga a través de los partidos que son parte de la alianza de gobierno. Aquí es cuando las miradas de los expertos se centran en el ministro Elizalde.

A él lo indican como uno de los principales gestores del Acuerdo por Chile y, por lo tanto, saben que tiene interés en que este proceso termine de manera exitosa. A su vez, en la oposición transmiten que el titular de la Segpres tiene “presencia indirecta” en la comisión a través de uno de los expertos. Fuentes del órgano dicen que el comisionado Gabriel Osorio (PS) es su enlace. Ambos se conocen hace años, son cercanos y antes de llegar a la comisión Osorio solía ser orejero del entonces senador en diversas temáticas legislativas y jurídicas.

De hecho, entre los comisionados, además, dicen que Elizalde sí hace consultas sobre las discusiones del órgano, así como también lo ha hecho su par de Justicia, Luis Cordero.

Entre los expertos, en todo caso, afirman que La Moneda solo se tendría que activar al final del proceso. “Yo haría una distinción de momentos. Mientras funcionen la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, el gobierno no tiene ningún deber, responsabilidad ni mandato de formar parte ni de los debates, ni opinar sobre el proceso. Creo que debería mantenerse al margen”, afirma la comisionada Leslie Sánchez (PL en cupo PP).

Sánchez agrega: “Una vez entregada la propuesta de nueva Constitución, me parece que debieran apoyar a través de todos sus brazos institucionales para la mayor difusión del texto. Solo debe tener un rol final y de difusión e información, para que la gente vote informada”.