Fue un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI que advirtió al Ministerio Público, hace algunos días, que en la arista “Recoleta” faltaban una serie de escuchas telefónicas. De ellas, la mayoría corresponde a comunicaciones entre el principal imputado del caso, León Marcelo Lefort, y el alcalde Daniel Jadue (PC), además del abogado personal del edil y dos funcionarios municipales.
En la causa se investiga desde hace casi cinco años a, al menos, 11 municipios tras estallar la indagatoria en Iquique por el presunto pago de coimas a alcaldes y concejales por parte de la empresa dedicada a la mantención e instalación de luminarias led, Itelecom, cuyo gerente general era Lefort.
A principios de abril, uno de los investigadores que trabaja con la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla -designada para indagar las principales aristas de este caso- decidió ordenar a detectives de Santiago la revisión de una NUE (Número Único de Especie) que estaba bajo cadena de custodia de la PDI en el caso. En una semana la conclusión de los funcionarios dejó helados a los investigadores: el informe técnico da cuenta de que no hay registro de 30 interceptaciones telefónicas de la arista “Recoleta”. Sólo se encontraron tres escuchas y otras cinco que están transcritas en un informe policial. Uno de ellos es el que fue usado por la Fiscalía, en enero de 2021, para pedir el allanamiento de la municipalidad y el alzamiento de las cuentas bancarias de Jadue -cuya defensa la encabeza el exfical Sabas Chahuán- y su abogado Ramón Sepúlveda, según reveló por ese entonces La Tercera Domingo.
Fuentes policiales consultadas por esta situación desdramatizan el hecho. Según su versión, se trataría de conversaciones que no tendrían relevancia investigativa, y que podrían estar alojadas en otros discos duros debido a que la causa tiene múltiples aristas, ya que abarca municipios de todo el país y -de paso- alcaldes de “todos los colores políticos”.
Sin embargo, quien dio peso a la gravedad de la pérdida de escuchas en un caso como este fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien instruyó de inmediato la apertura de una investigación penal por obstrucción a la investigación y que tramitará la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra.
La situación pone en un escenario complejo a la PDI y también lanza esquirlas al equipo liderado por Mansilla que -a causa de esta situación- no debería seguir tramitando la llamada “arista Recoleta” hasta que se despeje en tribunales qué sucedió con los audios perdidos. El objetivo será la búsqueda de eventuales funcionarios públicos involucrados en la desaparición de los registros.
Cabe recordar que durante un año -en 2019- la Fiscalía de Iquique, con autorización judicial, mantuvo “pinchado” el teléfono de Lefort. En el expediente, de hecho, hay seguimientos y fotografías de momentos en que -en otros municipios- el empresario recibió dinero por parte de funcionarios municipales.
Sin rastro
En la petición de alzamiento del secreto bancario de las cuentas del alcalde Jadue, la Fiscalía transcribió una escucha de su abogado Sepúlveda y el dueño de Itelecom en la que conversan, el 22 de septiembre de 2019, entre otras cosas, sobre el pago de una donación de la firma de luminarias al festival Womad. Un año antes, en 2018, el municipio había adjudicado a Itelecom el cambio y mantención de luminarias en Recoleta por $ 10.259.454.000 por el plazo de 10 años,
Lefort: Acuérdate de lo que vai a hacer, el otro… de tirar la boleta pa…
Sepúlveda: Sí… eso lo tengo.
Lefort: ¿Lo hablaste también con él, cierto?
Sepúlveda: Sí, lo conversamos, nos reunimos a propósito de todas las lucas que le habíamos juntado y la gente que se comprometió a pagarnos…, a ayudarnos todos los meses, y le conté que había sido de parte de ustedes y los montos y todo, y me dijo chuta, que nada, súper bien todo, cachái…
Lefort: Exacto.
Sepúlveda: Y en el fondo, lo que a él le preocupa es que las platas lleguen… o sea que no pasen por ninguna cuenta de él… eso, de no tener plata, y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo que…, la boleta cachái, un millón 250, o sea, yo tengo contrato con un par de empresas más o menos parecido y no va a haber problema, así que eso.
Ese audio sería uno de los siete que se mantienen a resguardo. La pregunta que surge es dónde están los otros 30 que desaparecieron y quiénes son los responsables.