La misma institución asistencial a la que recurrentemente llegaba Lucía Hiriart de urgencia por problemas de salud en los últimos años, fue el recinto donde estuvo detenida el 10 de agosto de 2005. Ese día, el entonces ministro en visita Sergio Muñoz la procesó, junto a su hijo Marco Antonio Pinochet, como cómplices de fraude tributario.
El juez estaba a cargo de la investigación del emblemático caso Riggs, en el que se indagaron 125 cuentas secretas que mantenía en esa entidad financiera, con sede en Washington, el esposo de “doña Lucía”, el fallecido general Augusto Pinochet. Esto, con cerca de US$ 21 millones en total. Según se pudo establecer, US$ 6.466.406 provenían de gastos reservados.
Todo partió el 14 de julio de 2004, cuando el subcomité permanente de investigación del Senado de Estados Unidos descubrió movimientos bancarios sospechosos en el Banco Riggs. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó acciones legales y se inició una investigación en Chile.
Trece meses después, Hiriart -quien falleció el jueves 16, a los 99 años- quedó en prisión preventiva en el Hospital Militar y su hijo en el Anexo Cárcel Capuchinos. Eso sí, el arresto duró poco. Muñoz concedió la libertad bajo fianza de $ 2 millones para ambos, previa consulta a la corte, y el 11 de agosto de 2005 la justicia resolvió a su favor. Más tarde se revocó el procesamiento en su contra.
Pero el caso para Hiriart no quedó ahí. Con Pinochet ya muerto y sobreseído en la causa, el 4 de agosto de 2007 el ministro en visita Carlos Cerda, quien reemplazó al juez Muñoz en el caso Riggs, ordenó su detención y la de sus hijos por presunta malversación de caudales públicos. Junto a ellos, también fueron procesadas otras 17 personas, entre exasesores, abogados y colaboradores cercanos al fallecido general.
Mientras todos eran detenidos, Hiriart nuevamente fue a parar al Hospital Militar por una descompensación. Esta vez, el encausamiento fue revocado luego de que los inculpados –incluida “doña Lucía”- presentaran un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El 26 de octubre de 2007 el tribunal de alzada resolvió a favor de la viuda del general y de otros 14 procesados. Y el 21 de noviembre de ese año, la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema.
Desde entonces, la investigación continuó, pero sin Lucía Hiriart como inculpada. Y tras 14 años desde su inicio, el 24 de agosto de 2018 la justicia puso término al caso Riggs. La Sala Penal de la Corte Suprema determinó que existía evidencia probatoria para estimar que Pinochet “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”. En fallo dividido, los ministros ordenaron el comiso de US$ 1.621.554 de los bienes que le pertenecieron y que tuvieron relación con la intervención de los condenados. Sostuvieron que al haber fallecido Pinochet, antes de dictarse la condena, los terceros responsables son sus herederos que obtuvieron derechos sobre los bienes embargados.
Quien redactó el fallo fue el actual ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama, quien reemplazó al juez Cerda en el caso. “Fue buena causa, un gran desafío profesional llevarla y terminarla en primera instancia, por la trascendencia histórica que trae, de quién fue la persona investigada. Queda en la historia del Poder Judicial y del país. Trabajé como un año esa sentencia y tenía 396 tomos, yo creo que es el expediente más extenso de la historia judicial del sistema antiguo penal”, indica Valderrama.
Además, los magistrados condenaron por malversación de caudales públicos en relación al traspaso de gastos reservados a los coroneles (R) Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan Mac-Lean, a una pena de cuatro años de libertad vigilada y multa de 11 UTM ($ 525 mil).
Pese a que el fallo penal estableció que la familia Pinochet perdería US$ 1,6 millones, según un escrito presentado por el CDE en enero pasado, aún quedaban a esa fecha depósitos a plazo y vales vista por un total US$ 3,2 millones y $ 124 millones que no fueron decomisados y que se encontraban retenidos por el tribunal. El dinero, de acuerdo al organismo, no había sido reclamado hasta esa fecha por sus herederos, habiendo transcurrido más de seis meses desde el fallo que puso fin al proceso. Así, aludiendo a la norma del Código de Procedimiento Penal, el CDE pidió que los montos de dinero en dólares y moneda nacional sean girados a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El tribunal resolvió el 26 de febrero “como se pide”. En paralelo, el Fisco tramita una causa civil tras demandar a la familia Pinochet en 2018 –tras el fallo penal- para que entregue al Estado 23 propiedades a nombre del excomandante el jefe del Ejército, avaluadas en cerca de $ 1.600 millones.
Según su presidente, Juan Antonio Peribonio, el organismo “ha intervenido desde el comienzo en este juicio y ejercido un papel imprescindible para apoyar el avance de la justicia en este proceso histórico”. Hoy, concluida su arista penal, y pese al fallecimiento de Hiriart, el CDE continúa ejerciendo las acciones necesarias en sede civil, “para recuperar los recursos públicos malversados, lo que importa un trabajo coordinado de sus comités especializados, bajo la dirección de su abogada consejera María Inés Horvitz”, dijo.
