Chile cuenta con la mitad de fiscales per cápita que Colombia, su símil en la región

El sistema está sobrecargado. Esa es una de las frases que, por estos días, se repite entre los fiscales que integran el Ministerio Público. Y es que a pesar de que bajo la administración de Ángel Valencia se han hecho una serie de ajustes, la carga que enfrentan los persecutores no baja.

De acuerdo con análisis de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), de hecho, en 2023, en promedio, cada uno de los 771 fiscales debió encargarse de 2.013 causas, pese a que los indicadores recomiendan que no asuman más de 1.250.

Y si nos comparamos con el escenario de otros países, el panorama no es mucho más alentador, pues el país está bastante lejos de contar con el ideal de ocho persecutores por cada 100 mil habitantes, que de acuerdo con mediciones de la Fiscalía Nacional sería lo ideal.

Según dicha medición, Chile cuenta con 3,7 fiscales por cada 100 mil habitantes, mientras que Colombia, que tiene uno de los sistemas penales más similares en la región, cuenta con 9,1.

Según destacan desde el ente persecutor, además, Suecia cuenta con 10 fiscales por cada 100 mil habitantes, Perú tiene 4,3; Ecuador, 5,1; Bolivia 5; Argentina, 3,93, y España, 5,6.

Por lo mismo, Francisco Bravo, presidente de la ANF, insiste en que se requieren mayores cambios. “Hay un problema grave de sobrecarga y de distribución de recursos (...). Hay fiscalías que están fatigadas y donde la posibilidad de mejorar rendimiento es prácticamente cero”, manifestó.

Aquello es compartido por los académicos de la Universidad de Chile Jorge Rivera y Cristián Letelier, quienes expusieron ante la Comisión de Constitución del Senado evidenciando que el aumento que han tenido los ingresos de causas no se condice con la dotación de personal que actualmente tiene el Ministerio Público.

“La proporción de fiscales asignado por regiones está bastante lejos de los fiscales que se consideran como estándar. Tenemos una situación de demanda que es diferenciada entre regiones, fiscales que no mantienen proporción con la población y los delitos complejos y, además, insumos para la persecución penal que han sido constantes”, indicó Rivera.

Parte del estrés bajo el cual se encuentra la Fiscalía, eso sí, busca ser subsanado vía el proyecto de fortalecimiento que actualmente se discute en particular en la Comisión de Constitución del Senado y que contempla modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y a la ley que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y funcionarios del organismo.

Como se ha expuesto, este busca concretar el mayor incremento de dotación de personal desde la creación de la entidad hoy liderada por Valencia, sumando 819 funcionarios en cuatro años. De ellos, 205 serán fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y cinco auxiliares.

De esta forma, se pasará de 771 fiscales a 976, que se repartirán en las 19 fiscalías regionales, y aunque aquello está lejos de considerarse lo óptimo, como el mismo fiscal nacional aseguró en su cuenta pública, es valorado como un avance.

“Este proyecto es de la mayor relevancia para la institución. Por eso queremos aprovechar esta instancia para hacer presente la necesidad de tramitarlo con la debida urgencia, de manera de poder contar con los recursos para hacer frente a la crisis de seguridad que estamos experimentando. Nuestro llamado es al Congreso, para darle la debida celeridad y urgencia a su tramitación, en la medida en que, si bien no constituye el óptimo de dotación, nos permite paliar la emergencia actual”, sostuvo el máximo persecutor.

Si bien en el Congreso nadie ha puesto en duda su apoyo a la iniciativa -de hecho esta se aprobó en general de manera unánime- hay quienes sostienen que las falencias que presenta hoy la Fiscalía no solo pasan por su escasez de personal.

De hecho, esta semana el Ministerio Público sufrió un duro revés, luego que el excomandante Juan Miguel Fuente Alba fuera absuelto, luego de nueve años de investigación.

El senador Pedro Araya (IND-PPD) sostiene que el problema no es sólo la cantidad de fiscales que hay en el país. “Esto tiene que ver con un problema más estructural. Probablemente, cuando se pensó la reforma procesal, se pensó en un modelo regionalista, descentralizado, lo que lleva a que no se distribuyan las cargas de trabajo. Debe haber un rediseño orgánico”.

Planteó, en ese sentido, que debe existir un mayor control interno y también revisiones externas. “Eso tiene que hacerse sí o sí de la mano con el aumento de dotación”, sostuvo.

Y eso, tal como se plantea hoy el proyecto, está contemplado, pues de acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se le dará atribuciones a la cartera para evaluar los compromisos anuales de gestión.

Además, como ha detallado Valencia, se fijará un sistema que “ayudará a garantizar la integridad y eficiencia del trabajo y a mantener altos estándares éticos y profesionales, permitiendo evaluar e identificar áreas de mejora en el proceso investigativo”.