El próximo 1 de octubre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez, cumple tres años. En ese corto periodo la institución hoy está presentando a su cuarto director, lo que da cuenta de una instalación compleja de un servicio que no está respondiendo a los desafíos para los que fue pensado, con cientos de promesas rotas y una serie de problemáticas.
Con todo eso a cuestas, hace pocos días asumió el cargo de máxima autoridad Claudio Castillo, administrador público nombrado por Gabriel Boric y que antes fuera jefe de asesores del Ministerio de Desarrollo Social de Giorgio Jackson y luego estuvo en el mismo cargo en el gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
¿Cuál es su diagnóstico?
Este es un servicio que tuvo que implementar una serie de cambios estructurales de la política proteccional en Chile en muy poco tiempo, con un proceso muy acotado. No necesariamente con todos los recursos ni toda la preparación en lo que implica orientaciones técnicas, trabajo con los organismos colaboradores, capacitaciones. Ese proceso fue demasiado rápido, no fue con los recursos necesarios, por lo tanto, hay un problema basal en materia de la implementación del servicio.
¿Está respondiendo las necesidades que vino a resolver?
El servicio hoy está respondiendo con los recursos que tiene, con las capacidades que tiene, a un desafío que cada día es más complejo. Y eso también impacta en la calidad de los servicios, el tipo de prestaciones y también la cobertura. Acá hay un desajuste del diseño respecto de la oferta en relación con la demanda de servicio. El servicio está respondiendo a los nuevos desafíos, los equipos están trabajando incluso en algunas condiciones que tenemos el desafío de mejorarlas. Pero los desafíos hoy día son más complejos que los que teníamos cuando se diseñó este servicio.
Mejor Niñez resolvería temas del Sename y eso no está ocurriendo. ¿Quién es responsable?
Las responsabilidades son bien amplias. No quisiera decir que es de todos, pero hay una responsabilidad social en términos de que ojalá no mantengamos este alto ingreso de niños a la protección especializada. Y nosotros tenemos responsabilidad como servicio, por eso que la reflexión tiene que ver con cómo podemos rediseñar algunos procesos internos, cómo instalamos un nuevo modelo de gestión respecto de la lista de espera, de las largas permanencias, y cómo damos cuenta de necesidades territoriales. Y, por cierto, algunas necesidades de cierto grupo de la población que atendemos. Desde el servicio asumimos la responsabilidad que nos toca en términos de implementación de la política. Nosotros implementamos decisiones de los tribunales, la legislación, y en ese marco vamos a ajustar el modelo para proyectar una mejor respuesta.
¿Mejor Niñez se ha convertido en un flanco para el gobierno?
Depende del prisma con que se mire. Desde mi perspectiva, el que la sociedad chilena todavía se impacte de situaciones negativas en las que viven niños, niñas y adolescentes es positivo. Por eso valoro que cuando ocurren hechos podamos reaccionar exigiendo mejores respuestas.
Pero es un hecho que salió una directora, que se criticó al ministerio, que una directora subrogante estuvo bajo crítica y todo eso salpica al gobierno. ¿No cree que es difícil afrontar eso?
Este servicio y la dirección de este servicio no son una tarea simple. El desafío es, a partir de las dificultades que ha tenido este servicio, cómo le hacemos frente. Aquí hay un principio de transparencia. Este servicio no va a ocultar información de dificultades.
¿Fue muy apresurada la instalación, a diferencia de como se instala Reinserción Juvenil?
Es el mejor ejemplo de los procesos de aprendizaje que tiene el Estado. La implementación de Reinserción da cuenta de una progresividad. A nosotros nos tocó una implementación que pudo haber sido mucho mejor, pero también es cierto que en ese minuto se vio la oportunidad de hacer la transformación. Se hizo tal vez demasiado rápida, sin los recursos y sin gradualidad.
¿Cuántos menores bajo el programa de residencia han fallecido desde su implementación?
No tengo el dato efectivo. Hicimos un análisis de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han fallecido víctimas de homicidio consumado de 2018 a 2023 y había una cantidad importante de niños que habían pasado por el sistema. Solo uno había fallecido estando en cuidado, de los cinco años. Pero había otro grupo que había recibido prestaciones proteccionales y que había sido víctima finalmente de homicidio consumado. De los 283 menores que vimos en estos cinco años, solo uno había fallecido estando en cuidado alternativo residencial. Estaba en una residencia y falleció afuera (en 2023, en el Biobío).
¿Cómo se va a hacer cargo Mejor Niñez de los problemas de sobrecupo, población compartida y menores desaparecidos?
Espera y largas permanencias es un desafío de cortísimo plazo. Y ahí vamos a trabajar en un modelo que nos permita analizar en detalle los casos para gestionar de mejor manera los flujos y la trazabilidad. Respecto del trabajo territorial, vamos a diseñar modelos más comprensivos, que creemos que nos van a permitir responder a desafíos diferenciados en el país. Y tenemos que mejorar el tema de las salidas no autorizadas. Tenemos protocolos; tenemos que revisar si están dando cuenta de los desafíos que enfrentamos.
Se han denunciado casos de explotación sexual. ¿Es un hecho?
Tenemos denuncias. Es importante distinguir que en el proceso de levantamiento de información nos hemos dado cuenta de que no necesariamente esta explotación tiene que ver con intercambio de dinero, sino que también está muy asociado a consumo de drogas. El desafío es aún más complejo.