A la cabeza de las encuestas y con un lugar casi seguro en la segunda vuelta, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pretende algo nunca antes visto con su Pacto Histórico: ser el primer político de izquierda en llegar a la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Colombia. Bogotano y economista de la Universidad Externado de Colombia, Petro también fue militante de la guerrilla M-19, en la que entró en 1977, y que se disolvió en 1990.

Su carrera política estuvo siempre ligada al departamento de Cundinamarca, partiendo como concejal en Zipaquirá, llegando a la alcaldía de Bogotá en 2015. Ya había sido senador en 2006, pero en 2018, debido a su segundo lugar en las elecciones presidenciales que perdió contra Iván Duque, obtuvo el “curul” que hoy ocupa en la Cámara Alta. El centro de su tercera campaña presidencial ha sido la idea de “girar la economía alrededor de la vida” y profundizar la democracia, además de un foco en la transición energética, donde pretende reemplazar los fósiles.

A pesar de los acuerdos de paz en 2016, en el gobierno de Iván Duque, que empezó dos años después, se registró un aumento considerable en la violencia, tanto por parte de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, como por grupos criminales como el Clan del Golfo. Solo en 2020, más de 400 combates armados se registraron en todo el país, y este mismo mes, un paro armado del Clan del Golfo cobró la vida de nueve personas en tan solo cuatro días.

“En el caso de Gustavo Petro, se evidencia interés en dar continuidad a la implementación de los acuerdos según lo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP; así como la disposición a negociar con distintos actores que actualmente sostienen conflictos armados en el país, como la guerrilla del ELN y Grupos paramilitares, entre los que se destaca el clan del golfo; mediante vías de reconciliación entre los distintos actores que han sido partícipes del conflicto armado”, señalan las investigadoras Idaly Barreto, de la Universidad Católica de Colombia, y Diana Rico, de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Una de las principales propuestas de Gustavo Petro es una reforma tributaria por cerca de 5.5 puntos del PIB anuales adicionales: 13 mil 500 millones de dólares, en su mayoría sobre los estratos más alto. El economista Mario De la Puente señala: “El candidato Petro trataría estos problemas a partir de unas reformas sustanciales que van en miras a una menor dependencia de los hidrocarburos, que genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad fiscal del país en el corto y mediano plazo”. Otra preocupación del Pacto Histórico en general tiene relación con la transición energética, abandonar la dependencia del país para con el petróleo. “¿Qué exportamos nosotros? Carbón, petróleo y cocaína, los tres producen violencia. No solo la cocaína. Para sacar petróleo matan comunidades, para sacar carbón dejan morir miles de niños sin agua, y para sacar cocaína es a plomo limpio”, señaló el candidato, en una declaración que le valió una acción judicial de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos.

Las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado dibujaron un panorama complicado para quien resulte Presidente. Ni entre los 108 senadores ni los 188 representantes hay mayorías claras, por lo cual quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que hacer alianzas con gente fuera de sus movimientos. El Pacto Histórico de Gustavo Petro fue el partido que más senadores consiguió en marzo, ocupando 20 escaños, pero aún así está muy lejos de conseguir algún tipo de mayoría. El politólogo de la Universidad de los Andes de Colombia, Felipe Botero, señala: “Petro cuenta con la mayor cantidad de congresistas con el contingente del Pacto Histórico, el más grande en el congreso, pero suma solo el 20%, y se ve un tanto limitado porque estarían solo algunos miembros de la Alianza Verde, y los congresistas de izquierda que son relativamente pocos, de Comunes u otros movimientos”.

Durante abril, la visita del hermano de Petro a presos por corrupción levantó una enorme polémica, sobre todo luego de que el mismo candidato señalara en Twitter que “el perdón social es para todos y todas (…) no es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva red”. Muchos de sus críticos alegaron que esta visita era un incentivo a la impunidad de los corruptos. Por esto mismo, Petro respondió a sus críticos, sin por eso desdecirse de la idea del “perdón social” en un marco de reconciliación nacional. “En mi programa de Gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en la rebaja de penas. No está planteada ninguna amnistía o indulto como ahora nos enrostra”, señaló el candidato.

Durante el tiempo que fue alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, puesto que dejó con una aprobación del 82%, se ganó entre algunos sectores el apodo de “Sheriff”, una figura policial que en Colombia no existe. Pero que se justifcaba por su empeño por la seguridad, una suerte de consigna durante su mandato municipal y que la ha mantenido ahora que aspira a la presidencia de Colombia. “Duro con los criminales, suave con las personas”, suele decir en sus discursos.

Hace dos semanas, el ELN declaró un “cese el fuego unilateral” hasta el 3 de junio, para que quienes deseen votar “lo hagan en tranquilidad”. Esta tregua incluye la primera vuelta, pero no la segunda, a realizarse el 19 de junio. En el último debate radial, el candidato de la derecha solicitó al grupo volver aquel cese “indefinido”, y se mostró abierto al diálogo con la guerrilla. “Yo siempre recibo bien todo cese el fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados, que no extorsionarán como siempre lo han hecho”, declaró en la ocasión. Los expertos destacan que Gutiérrez declara su disposición para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Pero con un foco especifico en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), para incrementar el fondo de tierras para la reparación a las víctimas. La propuesta de Gutiérrez se enfoca en la reparación a víctimas y en la veeduría al cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC.

Gutiérrez, por su parte propone cambios al estatuto tributario, con medidas antievasión y una reforma fiscal progresiva, por 2 mil 500 millones de dólares. “El candidato Federico Gutierrez representaría en principio la continuidad de sucesivas reformas tributarias que aún no queda claro si atajarían la raíz de la problemática, que es la necesidad de establecer una redistribución de las cargas impositivas, a partir de los ingresos marginales que se generen en diferentes segmentos de la población”, señala el economista De la Puente.

Asimismo, con los programas “Colombia sin hambre” y “Colombia sin pobreza”, Fico pretende garantizar tres comidas diarias a las familias que se encuentren en pobreza extrema, además de asegurar una renta básica a 5 millones de estas familias.

Al ser visto por sus opositores como el continuismo al gobierno de Iván Duque, es probable -extiman los expertos- que “Fico” enfrente protestas sociales. Sin embargo, es el aspirante presidencial que más apoyo podría encontrar en el Parlamento. “Hasta el momento, ninguno de los candidatos tiene asegurada una mayoría en el Congreso, el que más cerca estaría de ese escenario es Federico Gutiérrez porque cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos tradicionales”, comenta el politólogo Luis Trejos, de la Universidad del Norte.

La derecha, a la que Gutiérrez representa por haber ganado en una consulta entre partidos para escoger un candidato único en marzo, enfrenta el reto latente de mantenerse en el poder pese a las críticas del gobierno Duque, indicó la agencia Associated Press.

En este ámbito, el candidato señaló que pretende una reducción del 10% de los gastos burocráticos, incluyendo el congelamiento de salarios a los altos directivos gubernamentales, y la eliminación de cargos que “no son necesarios”. “Supresión de publicidad, eventos o agasajos oficiales. De igual manera le pediré al Congreso que apenas iniciemos el Gobierno, haya una suspensión de las vacaciones de ellos para que trabajemos intensamente en las reformas que necesita el país”, expresó Gutiérrez.

Además, prometió penas de más de 40 años sin beneficios para los corruptos.b

A diferencia de Petro y Gutiérrez, que cuentan con gran experiencia política, el ingeniero Rodolfo Hernández es la irrupción outsider en la política colombiana. Conocido en el departamento de Santander, donde amasó fortuna con su firma, la constructora HG. Su historia y modales deslenguados le han valido el apodo del “Trump colombiano”.

Llegó a la alcaldía de Bucaramanga en 2016, con su movimiento “Lógica, Ética y Estética”, y decidió entrar a la carrera por la presidencia sin el apoyo de partidos tradicionales, de hecho financiándose a sí mismo la campaña. Considerado por los analistas como “populista”, gran parte de sus propuestas giran alrededor del combate a la corrupción.

En las últimas semanas se ha perfilado como la sorpresa de estas elecciones, pasando del 7% al 15% de las encuestas en la última semana: de hecho, hubo sondeos que le daban un empate técnico con Fico, por lo que no se descarta por completo que pase a la segunda vuelta.

En vez de dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la propuesta de Hernández es sumar a esta organización al acuerdo de paz previo. “Abrir un proceso de acercamiento del ELN al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Basta un ‘otrosí’ en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”, se lee en su programa. Parte de la historia de vida de Rodolfo Hernández se vincula con las guerrillas: su padre fue secuestrado durante 135 días por las FARC-EP, mientras que su hija habría sido secuestrada y asesinada por el ELN el año 2004.

Más que una reforma tributaria, gran parte de la propuesta de Hernández se centra en bajar el gasto público. A su parecer, declaró en entrevistas, sobra el 30% de los funcionarios públicos, y de hecho había evaluado la idea de suspender toda la contratación estatal. “Lo primero que vamos a hacer es quitarle la chequera a esos giradores de plata, ladrones. Me vuelvo repetitivo y cansón, pero lo primero que hay que hacer es mirar como sería el ideal del Estado y a cuántos zánganos hay que sacar”, dijo el candidato al medio El Tiempo.

A diferencia de otros candidatos en estas elecciones Rodolfo Hernández no tiene ningún tipo de representación en el Congreso. Sin embargo, estaría más cerca de formar alianzas con la derecha y centroderecha, dicen los expertos. Precisamente, la semana pasada, luego de renunciar a la carrera presidencial, la candidata Ingrid Betancourt, del partido Verde Oxígeno, anunció su respaldo para la candidatura de Hernández.

La gran bandera de lucha de Hernández, sus propuestas más conocidas tienen que ver con suspender el uso de camionetas blindadas para los alto funcionarios, además del avión presidencial y transportes en general para ministros y legisladores. El politólogo Luis Trejos señala al respecto: “Si bien el candidato Hernández ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción, aún no es muy claro cómo piensa hacerlo y si contará con los apoyos políticos necesarios para hacerlo. Por otro lado, si bien la corrupción pública es un problema grave, no es el único que demanda atención prioritaria, por lo cual no es el eje central de las otras campañas presidenciales, que se han girado en torno a la economía, la seguridad, la educación y el desarrollo rural”.

Julián Muñoz, politólogo de la Universidad de Antioquía, señala sobre la postura de Hernández: “Este señor se monta y arma su programa de campaña alrededor del combate a la corrupción. Y bueno, como tema, el combate a la corrupción es algo muy rentable, porque finalmente, ¿quién no está de acuerdo con que se combatan las prácticas corruptas? ¿quién no esta de acuerdo con que se castigue a los corruptos? El problema, cuando se mira el programa de Hernández, es que uno lo que ve son medidas muy difíciles de entender y que puedan combatir la corrupción. Por ejemplo, dice que no se robará un peso más, diciendo que le va a quitar esquemas de protección y autos blindados a los legisladores, que en realidad no tiene mucho que ver con la realización de prácticas corruptas”.b