Columna de Alberto Texido: Cortes y tomas, la inconveniente opción del subdesarrollo

Por Alberto Texido Zlatar, arquitecto y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Mientras superamos el caos eléctrico, la toma de San Antonio expone la crisis de nuestra vida en comunidad, con diversas hebras técnicas, éticas y políticas, evidenciando precariedad institucional, vulnerabilidad social, planificación deficitaria y un lamentable -aunque reversible- debilitamiento simbólico y material de lo público, cuando parece que todo intento de solución es tardío, inadecuado o incompleto, incluso tentando de aquí en adelante a todo quien ha optado por respetar la ley.

Pese a esto, la situación ha de ser enfrentada acorde a la norma que nos rige, considerando que el aplazamiento judicial resuelve sólo una variable del problema, dando tiempo para redefinir criterios, experiencias y filtrar beneficiarios alejados de la urgencia, acto inevitable ante la informalidad de terrenos a la re-venta, inmigrantes indocumentados u osados “veraneantes”, que sin reconocer deber alguno intentan imponer derechos particulares.

Cabe entonces citar cuando el programa ChileBarrio logró trasladar a miles familias a nuevos barrios, en un país que desde 2006 ha duplicado su PIB per capita. Siendo cierto que la pobreza aún persiste, ha cambiado -basta comparar entre el “coordinado” trazado de calles actual contra las apretadas callejuelas de hace una década-. El conocimiento existe y una reactivación intersectorial puede proponer un plan que nos aleje de la inacción y la improvisación.

Al igual que el desafío de perfeccionar la regulación de los servicios urbanos, el sistema público-privado debe ser capaz de crear sistemas de respaldo para la infraestructura crítica, por tanto, resolver el déficit de vivienda requerirá de gestiones más ágiles, que incrementen la construcción a través de nuevos formatos de propiedad y arriendo, acorde al ritmo de traslado, lo que en el caso específico de San Antonio implica una oportunidad de sustentabilidad y revitalización, que acoja adecuadamente a nuevas familias, sin afectar accesos presentes y futuros.

Finalmente, conviene aclararnos que la queja, la omisión y el conflicto han sido y serán el camino contrario al desarrollo, asumiendo cada parte una responsabilidad en crear -o no- el Estado eficiente y regulador al que todos sin excepción aportamos, para recuperar la senda ascendente de la proposición, la confianza y la colaboración.