Columna de Alejandra Ovalle: El indispensable equilibrio político de la nueva Constitución
Por Alejandra Ovalle, profesora de Derecho Constitucional UC
Una arista importante de la discusión constitucional del último tiempo ha sido la evaluación de distintas estrategias orientadas a lograr la aprobación de la propuesta en el plebiscito de diciembre. Sin embargo, el éxito del proceso no depende únicamente del resultado del plebiscito, sino de aprobar un texto que exprese amplios acuerdos y convoque transversalmente a todos los sectores políticos del país. Si tal objetivo no se consigue, aunque se ratifique la propuesta, es muy difícil que superemos el problema constitucional que nos acompaña hace décadas.
En este sentido, uno de los desafíos que enfrenta el Consejo Constitucional es introducir al anteproyecto las modificaciones que sean fruto de su deliberación, pero cuidando preservar el equilibrio político alcanzado en dicho texto. Ello exige que, junto con la discusión de los méritos que presenta cada una de las enmiendas, se considere el efecto que produce su aprobación en este delicado y frágil equilibrio. Lamentablemente, esta perspectiva no se vio reflejada en el proceso de votación de enmiendas en las comisiones del Consejo Constitucional.
Para reencauzar el rumbo, resulta fundamental que se concrete el propósito declarado por todas las fuerzas del Consejo: propiciar el diálogo y avanzar en acuerdos. Que el proceso de negociación se reanude y prospere es, naturalmente, responsabilidad de todos los involucrados. Sin embargo, si no se alcanzan los pretendidos acuerdos, será responsabilidad del conglomerado que cuenta con los 3/5 requeridos, ofrecer a la ciudadanía una Constitución de unidad que soslaye el problema democrático que supone un texto cuya identidad no expresa la diversidad de visiones que convive al interior de nuestra sociedad.
Más allá de las consideraciones electorales, la principal motivación de estos representantes debiera ser cumplir fielmente el mandato esencial que les confirió la ciudadanía: redactar una nueva Constitución para Chile. Y una Constitución, por definición, debe interpretar e incluir a todos los sectores de un país.
