Por Ana María Stuven, profesora titular PUC/UDP
El tercer aniversario del 18-O no dejó dudas respecto de que la violencia está en manos del lumpen y los delincuentes; que no se trata de reivindicaciones políticas las que se vieron especialmente en la periferia de Santiago. Pareciera que los partidarios del gobierno obedecieron algún llamado a evitar la calle y las barricadas. Si así fuera, es un logro para el Presidente. Le ha costado mucho alinear a su coalición y lograr que se desactivaran sería un triunfo.
En segundo lugar, y esto es una buena noticia para el país, podría representar el fin del llamado “octubrismo”. Las encuestas indican que la adhesión de 2019 a los actos del 18-O ha disminuido notablemente, lo que demuestra un cierto cansancio ciudadano con la violencia y también con las protestas de contenido difuso. Después del 4 de septiembre, el país parece querer políticas públicas eficientes, exigir al gobierno dedicarse a los problemas de educación, salud, previsión, etc. y abandonar la grandilocuencia reformista.
Lo demostró el Presidente en sus discursos. Está claramente más cerca del Boric de segunda vuelta, a pesar de los guiños a sus adherentes, como la ambivalencia entre defender a Carabineros y acusarlos de violaciones, incluso sexuales. Su relato de condena a la violencia debe hacerse más creíble, sobre todo sabiendo que es la preocupación principal de los chilenos. Puede pensarse que está recién asumiendo, no solo la derrota de la propuesta constitucional por la que se jugó, sino también los desafíos que se le vienen encima con la crisis económica y su necesidad de apoyar un derrotero certero para la nueva Constitución. No está de más recordar que la salida a la violencia del 18-O en 2019 fue justamente crear un horizonte de expectativas y una esperanza que, aunque no la primordial exigencia -mal formulada de manera violenta– permitió unificar a la nación, al menos transitoriamente, en torno a dar vuelta la página de la dictadura.
La Convención echó por tierra esa ilusión. Ahora Boric tiene que trazar una nueva línea de horizonte que otorgue mayores certezas políticas y confianza pública.
