Columna de Diego Cháves: La estrategia de Biden para la migración

Por Diego Chaves, analista y senior manager Latin America and Caribean Iniciative, del Migration Policy Institute.

La administración Biden ha presentado una nueva estrategia para abordar la migración en el Hemisferio Occidental. Basada en tres principios clave, busca identificar personas con necesidades de protección antes de llegar a la frontera, ampliar el acceso a vías legales de entrada y establecer un proceso organizado para restaurar la credibilidad del sistema de inmigración.

La estrategia se centra en Centros Regionales de Procesamiento (CRP) en América Latina, que tienen como objetivo identificar a personas y brindarles información y asistencia para acceder a vías legales hacia EE.UU. y otros países. Bien implementado, esto podría aliviar la presión en la frontera, reduciría la dependencia en redes de tráfico y permitiría un acceso oportuno a protección y vías legales durante el proceso migratorio.

El anuncio reciente de los Secretarios de Estado y de Seguridad Nacional ha dado relevancia a esta estrategia. Se espera que los centros sean administrados por el ACNUR y la OIM, y se establecerán inicialmente en países como Colombia y Guatemala.

Aunque los detalles precisos de cómo funcionarán se desconocen, se espera que desempeñen un papel crucial brindando protección, facilitando la reubicación y preseleccionando posibles solicitantes de asilo. Para que sean efectivos, se deben establecer en varios países y colaborar estrechamente con actores gubernamentales, cooperantes y no gubernamentales para reducir las cruces fronterizas no autorizadas.

El éxito de la estrategia dependerá de factores como la cobertura y alcance regional, la eficiencia en el procesamiento de casos, la seguridad de los solicitantes y la generación de confianza en el sistema por parte de los migrantes. También podría requerir abordar desafíos legales y expandir gradualmente los centros a más países. El objetivo a largo plazo es desincentivar el uso de traficantes y apostar por un sistema que brinde protección y vías legales.

Si bien la estrategia es prometedora, su efectividad se evaluará a largo plazo, considerando factores como el número de beneficiarios, el procesamiento oportuno y la capacidad de brindar resultados concretos.