Columna de Iván Poduje: El derecho a usurpar terrenos

Por Iván Poduje, arquitecto

“Criminaliza la pobreza”. Ese fue el argumento de los parlamentarios del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), como Maite Orsini y Alejandra Placencia, para rechazar la ley de usurpaciones que proponía elevar las penas por este delito, autorizando a sus propietarios a defenderse. En mi opinión se trata de una justificación clasista, que asume que solo los pobres toman terrenos, omitiendo la acción de grupos organizados que obtienen enormes ganancias vendiendo sitios robados. Solo entre 2018 y 2022, esta industria generó ingresos anuales por 30 millones de dólares, siendo responsable de aproximadamente 23 mil viviendas catastradas como campamentos.

¿Cómo se identifican estas operaciones inmobiliarias ilegales que han hecho estragos en México, Brasil o Centroamérica? A diferencia de un campamento tradicional, tienen una gran cantidad de sitios vacíos perfectamente delimitados. Sus calles son trazadas con topografía y se abren con maquinaria pesada. Al producirse la toma, se instala un porcentaje menor de viviendas para evitar el desalojo, y el resto se va poblando a medida que los sitios robados se venden o arriendan.

Pero solo el 15% de las familias sin casa le compra a estos delincuentes o toma terrenos, si consideramos que el déficit habitacional supera las 650 mil viviendas y que 100 mil familias viven en campamentos. El 85% restante postula a los programas habitacionales del Serviu. Ahorra todos los meses, viviendo allegado o pagando por una pieza. Confía en el sistema y debe esperar, en promedio, nueve años para tener su casa. Muchos se mueren en el camino y otros se enferman o quedan postrados.

Si al FA y el PC realmente les preocupara la pobreza, trataría de reducir estos plazos, acelerando la construcción de viviendas sociales y eliminando exigencias absurdas para cambiar densidades en terrenos que ya son urbanos. Como ejemplo, 977 familias de Cerro Navia tendrán que esperar 30 meses por este trámite en un predio que ya fue adquirido por el Estado para sus comités de vivienda. ¿Qué ocurre si en el intertanto se lo toman? Con la ley vigente nada. Las 977 familias que cumplieron con las reglas, y esperaron años, se verán perjudicadas y aquellos que se saltaron la fila serán premiados por la inacción del Estado, bajo la excusa de no “criminalizar la pobreza”.

Idealizar las usurpaciones también es irresponsable, ya que omite el riesgo de familias que viven en campamentos sobre quebradas aluvionales en Antofagasta y La Florida o al medio de cortafuegos forestales en Curanilahue y Valparaíso. ¿Qué dirán las diputadas Orsini y Placencia cuando un incendio arrase con sus precarias viviendas? ¿Culparán a los dueños de los terrenos? ¿O dirán que el destino de estas familias era perderlo todo, para padecer esa pobreza que ellas idealizan desde la riqueza de sus salarios de diputadas?

Tampoco tienen contemplación por las víctimas de las usurpaciones. Adultos mayores, medianos agricultores o familias que perdieron sus ahorros e incluso la vida de su padre, como Valentina Correa. Para ellas no hay justicia ni reparación. Con las indicaciones presentadas por este gobierno, ni siquiera podrán defenderse si una turba intenta quitarles el trabajo de toda una vida. Quedarán a la suerte de Dios, o de una negociación del tipo “win win” como afirmó el ministro Jackson, otro político irresponsable que juega al buen samaritano con salario de rico.

No podemos descartar que esta idealización de las usurpaciones, esconda el malestar que genera la propiedad privada en una parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. Aquellos que hablaban de expropiar cientos de miles de hectáreas a “precio justo” o que querían llenar Chile de inmobiliarias populares donde las familias fueran arrendatarias de alcaldes o políticos de turno. Como esa visión fue ampliamente rechazada el 4 de Septiembre de 2022, no sería raro que algunos quieran implementarla con la ayuda delincuentes. Después de todo, eso hicieron en el estallido con los barra brava que recibieron indultos y pensiones de gracia por los servicios prestados en su fracasada revolución octubrista.