Por Iván Poduje, arquitecto
El Estado ha crecido tanto, que muchas veces olvidamos que su función principal es aplicar la ley para evitar que los particulares tengamos que resolver nuestras diferencias a palos, especialmente si somos víctimas de un delito. Hace rato que este principio no rige en la Macrozona Sur, donde dos millones de chilenos son víctimas de grupos terroristas que les queman sus escuelas y casas y les toman sus terrenos, y como la impunidad es total, este delito se ha ido moviendo hacia otras regiones del país.
A diferencia de una toma por necesidad, las nuevas usurpaciones son ejecutadas por “traficantes de suelo” como los bautizó el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Se trata de bandas criminales organizadas, que planifican sus delitos. Usan topografía de los terrenos que van a robar, trazan calles y las abren con maquinaria pesada y llevan mediaguas en camiones, para instalarlas e impedir el desalojo. Luego cercan los predios restantes y los venden por redes sociales o avisos de prensa.
En 2019 el empresario de Concón, Alejandro Correa, detectó que estaba siendo víctima de una usurpación y puso una querella en tribunales. Cuando el responsable fue notificado, contrató a un sicario y mandó a matar al empresario en la puerta de su casa. Esta tragedia ocurrió el 18 de mayo de 2020 y desde entonces su familia ha tratado de recuperar su propiedad sin éxito, ya que las autoridades de dos gobiernos – el actual y el anterior- se han negado a desalojar las 200 viviendas construidas en la usurpación que le costó la vida a Alejandro Correa.
Esta semana un grupo se tomó una propiedad de la familia Easton en Quillota, trazó las calles con maquinaria, instaló casas y tendría sitios en venta. Al igual que en el caso Correa, las autoridades tomaron palco y decidieron aplicar lo que denominaremos la “Doctrina Giorgio”, ya que fue el ministro Jackson quien la propuso. Su idea es que los involucrados en una toma se sienten a negociar bajo la lógica del “win win”. Las víctimas deben buscarle una ubicación alternativa a los usurpadores o venderles la propiedad a un “precio justo”, para no quedarse sin pan ni pedazo.
Por supuesto que la familia Easton se negó a esta aberración jurídica, pero tanto el delegado regional de Valparaíso como el alcalde de Quillota, insistieron que el tema tenía que ser resuelto “entre privados”. Con esta actitud negligente no solo ponen en riesgo a las víctimas, sino que entregan una pésima señal a los traficantes de suelo, lo que es muy grave porque este delito se expande rápido, ya que es muy rentable. La idea fue importada desde México, donde se conoce como “fraccionamiento clandestino” y es operado por mafias vinculadas a los carteles de la droga, que corrompen a municipios y gobernaciones.
En Atisba hemos hecho varios reportes del tema y los resultados son alarmantes. Entre 2018 y 2022, en San Antonio se tomaron 201 hectáreas y se levantaron 4.000 viviendas informales, incluyendo casas de veraneo. De la tierra usurpada, 55 hectáreas eran fiscales y se podrían haber destinado a proyectos de vivienda social. En este mismo período, en el Gran Valparaíso se tomaron 320 hectáreas, incluyendo la propiedad de la familia Correa. En la frontera norte el problema ya se salió de control, debido a la fuerte demanda que genera el flujo migratorio que arrienda o compra estos lotes robados. En Arica se han tomado 70 hectáreas en el sector de Chacalluta, a pocos kilómetros de la frontera, y en Alto Hospicio surgió una verdadera ciudad informal de 220 hectáreas, donde 20.000 personas viven sin agua potable ni alcantarillado.
Los afectados no pueden aplicar la Doctrina Giorgio, ya que es imposible negociar con bandas armadas. La única salida es que el Estado aplique la ley y desaloje a los usurpadores. Además, debe tomar medidas para que este delito no siga creciendo, ya que sus consecuencias para el desarrollo urbano serán fatales. Junto con crear anillos de marginalidad expondrán a miles de familias a vivir en zonas de riesgo por aluviones o incendios, como ya está ocurriendo en Antofagasta, Curanilahue o Copiapó.
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