Columna de Jaime Santander: Ley Corta ¿una respuesta para la Salud?

Por Jaime Santander, Director Médico UC CHRISTUS

Los problemas sanitarios en Chile nos acompañan desde hace años. Pareciera claro, entonces, que necesitamos un nuevo modelo que nos permita resolver las dificultades. Sin embargo, vemos una discusión que se reduce al tema del financiamiento y no del modelo de salud como un todo.

Si bien la llamada “ley corta” intenta dar solución a algunas coyunturas del sistema de financiamiento de la salud, nos preocupa que esta propuesta signifique un cambio abrupto de las condiciones que pudieran afectar de manera significativa a las personas y a los prestadores privados.

Y cuando hablamos de las personas, nos referimos tanto a los beneficiarios del sistema público -que ya se encuentra sobre exigido-, como a los actuales beneficiarios del sistema privado que, desprovistos parcialmente de acceso a los prestadores privados engrosarían las listas de espera de los prestadores públicos. Ya sabemos que la falta de acceso oportuno aumenta la morbilidad y mortalidad de quienes ven sus atenciones postergadas.

Por otra parte, las Isapres hoy adeudan sobre $500 mil millones a los prestadores privados. La eventual insolvencia de una o más Isapres, sin duda, arrastraría a algunos prestadores, disminuyendo la oferta de servicios, a lo que se suma y es muy importante no olvidar, que el sector privado dedica alrededor de la mitad de su actividad a atender a beneficiarios de Fonasa.

En la encuesta Plaza Pública de la tercera semana de mayo, un 73% no está de acuerdo en que se produzca un “perdonazo” a las entidades privadas, pero al mismo tiempo, un 77% de los usuarios del sistema prefiere que las Isapres busquen los mecanismos para pagar las deudas en el largo plazo, pero evitando la quiebra, de modo de mantener sus coberturas de atención en el sistema privado de prestadores.

Entendemos que el sistema de financiamiento de la salud en Chile puede y debe mejorar, pero este proceso no debe afectar la salud de los chilenos ni poner en riesgo la viabilidad de los prestadores privados que han demostrado su importancia y compromiso con el país en la exigente prueba de la pandemia.