Por Lidia Casas, Directora del Centro de DD.HH. de la UDP
Desde que se instaló el Consejo Constitucional, se ha debatido el impacto que tendría su conformación en la nueva propuesta de Carta Fundamental; en particular, la intención original de representantes de derecha, especialmente republicanos, de incorporar alguna disposición sobre la protección del derecho a la vida desde la concepción. Ello ha mutado ahora hacia derogar el aborto en tres causales, de llegar a ser gobierno.
En concreto, Republicanos, la UDI y otros sectores pretenden replicar la política del régimen cívico-militar de prohibición total en 1989, una regresión de derechos y una manifiesta vulneración a miles de mujeres. El aborto en tres causales fue una de las leyes más debatidas en el Congreso, con participación de todo el espectro político y la sociedad, incluyendo iglesias, además de un paso por el Tribunal Constitucional.
Desde su entrada en vigor no se han visto hordas de mujeres en los servicios de salud accediendo a un aborto legal por violación. En cambio, todos los estudios muestran que persiste un sinnúmero de barreras, y cuando niñas y mujeres logran acceder a interrupción del embarazo, sólo se respetan sus derechos más básicos: integridad física y psíquica, consagradas en la actual Constitución y en tratados de derechos humanos. Apenas 893 mujeres han interrumpido el embarazo producto de violación, de un total de 4.254 desde 2018 (datos preliminares a julio de 2023).
En los tiempos de polarización política que corren, esta cruzada de parte de la derecha es contraria al sentido común. La última encuesta CEP muestra que 49% de las y los chilenos aprueban el aborto en ciertos casos –incluyendo los recogidos por la ley–, y 30% señala que debe ser por opción de la mujer. El sentido común de la población apunta a la protección de los derechos de las mujeres y niñas del país. Se dirá que esta es una cuestión de principios, y lo es: de principios y derechos ya reconocidos ampliamente por la sociedad.
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