Columna de Octavio Avendaño: Los derechos sociales en la nueva Constitución

Por Octavio Avendaño, Doctor en Ciencia Política, Universidad de Florencia, Italia. Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile

El martes 19 de abril se produjo uno de los hitos más relevantes desde el inicio del funcionamiento de la Convención Constitucional. Ese día se aprobaron una serie de derechos sociales, como la libertad sindical, el derecho al cuidado, además de quedar consagrados el acceso a la vivienda y a la salud. Se trata de un avance sustantivo, en comparación a los contenidos de la Constitución de 1980, debido a que ésta le otorga supremacía al derecho de propiedad por sobre los derechos fundamentales. Además, con dicha aprobación la Convención pudo sintonizar, de modo más directo, con las demandas formuladas durante el estallido social.

De lograrse la concreción a través de leyes específicas, con esos derechos en la nueva Constitución el país estaría dando un salto cualitativo en materia de bienestar y seguridad social. Pero para que la aprobación de los derechos sociales mencionados no se transforme en letra muerta, se requiere avanzar en otra dirección. Desde luego, será necesario garantizar recursos mediante un aumento de la carga tributaria de las personas. No basta con el impuesto a los superricos, ni menos con los actuales montos de tributación, si se piensa en proyectar a lo largo del tiempo políticas sociales universales, que aseguren mejor calidad de vida en amplios sectores de la población.

Más importante será contar con solidez institucional, acorde con la complejidad y los desafíos que conllevan mejores niveles de bienestar. Aquí la Convención se encuentra todavía en deuda con el país. Al momento de decidir sobre el sistema político, no ha sabido definir un diseño institucional que garantice estabilidad, existencia de gobiernos de mayoría, ni que apunte a revertir el déficit de representación.

Todo parece indicar que permanecerá el presidencialismo de siempre, que la Segunda Cámara tendrá escasas funciones y que la fragmentación y debilidad de los partidos se acentuará. Así, la ampliación de derechos no pasaría de ser más que una declaración de buenas intenciones.