Crisis de seguridad: la presión de los alcaldes suma voces del oficialismo

Un día fue La Reina y luego La Florida. Primero el alcalde José Manuel Palacios (UDI) y después su par Rodolfo Carter (ind.). Y con el correr de los días, otros han ido amenazando con seguir los mismos pasos, esos que apuntaron a decretar emergencia comunal en los municipios que los ediles anteriormente mencionados comandan. En medio de todo eso, críticas, respaldos y una reunión de emergencia en La Moneda, presionada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), entre los alcaldes y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Esa cita fue el corolario de una presión al gobierno desde varios flancos, aunque el Ejecutivo ha mantenido su estoicismo en cuanto a decretar el estado de excepción en la Región Metropolitana que piden las autoridades comunales, quienes, previas conversaciones puertas adentro en el marco de sus asociaciones, se han allanado a presionar la gestión de seguridad del gobierno central y han impulsado distintas medidas.

Mientras tanto, otros municipios, como Las Condes, San Ramón y el mismo Zapallar se encuentran evaluando la medida, dicen, “seriamente”, a pesar de las críticas del contralor de la República, Jorge Bermúdez, quien en entrevista con CNN dijo que “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad; eso no existe”.

Pero internamente los alcaldes repiten una y otra vez que la emergencia comunal, más allá de algunos efectos de redistribución de dineros municipales, más bien apunta a dar dos tipos de señales. Una de ellas, presionar al gobierno para exponer la problemática que tienen en materia delictual, y su inacción, según explican algunos conocedores de las decisiones. La otra apunta en dirección a la ciudadanía, para dar cuenta de que están haciendo todo lo que está a su alcance.

Esto, claro, además de ser una medida de última ratio, luego de haber sido desoído el clamor por un estado de excepción que comenzó con el gobernador de la RM, Claudio Orrego, pero al que luego fueron abrazando varios alcaldes. Ahí también ha apuntado una estrategia que implícitamente ha ido ganando adeptos y que se ha tomado la agenda de seguridad, a pesar de los constantes “no” que se han escuchado desde Palacio.

El último portazo provino del propio subsecretario Monsalve, quien en esa cita del miércoles recién pasado respondió a los alcaldes que no están dadas las condiciones para aplicarse, pero que a futuro podría ser evaluado.

Ese tipo de respuestas tampoco han satisfecho del todo a alcaldes oficialistas, algunos de los cuales, si bien no presionan por el estado de excepción, sí han apuntado a otras medidas excepcionales. Por ejemplo, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), afirmó que se deberían evaluar decisiones como la ley de infraestructura crítica. “Un foco debería ser el desarme de la región, si para eso se requieren medidas adicionales, como la aplicación de la ley de infraestructura crítica, bienvenida sea”, dijo el miércoles. Pero no es la única.

En Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz (ind. pro FA) se desmarca de la emergencia comunal, pero en su caso cree que “aplicar la ley de infraestructura crítica serviría para aumentar la seguridad en lugares de alta población flotante, como terminales y la Estación Central de trenes”. Esto, dice, en el entendido de que en esa zona se cometen el 65% de los delitos de la comuna y porque a pesar del trabajo de Carabineros, “se ha tornado difícil el control en estos lugares debido a la baja dotación policial, por lo que el apoyo de las Fuerzas Armadas serviría para reforzar la tarea de Carabineros y de los inspectores municipales”.

En esa misma línea, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), cree que “la ley de infraestructura crítica podría ser un aporte para este cometido, porque puede ser implementada manteniendo el Estado de Derecho, pero entendemos que esta es una herramienta y que no es la única”. Asimismo, señala que ideas como las emergencias comunales “son claros ejemplos de que existe una necesidad urgente de acciones concretas para enfrentar la grave crisis de seguridad que existe, por lo que generar este tipo de ideas que puedan, de alguna forma, enfrentar la problemática, es enormemente valorable y va de la mano de la realidad de cada comuna”.

En tanto, desde Colina, la alcaldesa Isabel Valenzuela (UDI), además de no descartar medidas territoriales, insiste en solicitar “al gobierno que establezca un estado de excepción para nuestra región. Entendemos que este estado no es normal, pero tampoco es normal que maten impunemente a los niños en las calles o que a los adultos mayores los ataquen con cuchillos”.

El alcalde Carter presentó esta semana los primeros balances en torno al decreto de emergencia comunal y las 10 medidas planteadas tras el anuncio. Hasta el jueves pasado se habían establecido 15 check points de controles vehiculares, con 2.188 autos fiscalizados (normalmente son 300 diarios), de los cuales 21 fueron retirados de circulación, se cursaron 156 infracciones y hubo dos detenidos.