Cuando el agua se va: el lento y doloroso desafío de la reconstrucción

Un chuzo, un hacha y una salamandra. Esta son las tres palabras que resuenan en la mente de Sandra Ibarra (55) hasta el día de hoy. En principio, porque esas fueron las únicas pertenencias que logró recuperar de su hogar, luego que los más de 150 mm de lluvia el pasado 26 de agosto provocaran el desborde de los ríos Potrero y Upeo, en la Región del Maule, que arrasaron con su casa de madera, en el sector de Los Héroes, Curicó.

“Fue lo único que quedó porque el barro y las piedras las enterraron en el suelo. No quedó nada más. El cauce del río desprendió mi casa y se nos hizo imposible poder parar la situación. Sientes impotencia, porque ves la emergencia pero no puedes hacer nada para detenerla. Pero ahora se viene lo más difícil: volver al lugar que fue tu hogar por más de cuatro años y encontrarte con un sitio plano que alguna vez albergó calor y hogar”, explica Ibarra.

El Maule fue una de las zonas más golpeadas por el segundo sistema frontal de agosto. Según datos de la municipalidad, hasta la fecha se han catastrado alrededor de 10 mil viviendas que sufrieron algún tipo de afectación. Mientras que el último monitoreo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), del 31 de agosto, cuantifica en 46.356 los damnificados, 361 albergados, 17.322 personas aisladas y 28.229 viviendas con algún daño.

La localidad de Potrero Grande, ubicado a 46 minutos del centro de Curicó, fue una de las más afectadas. Los vecinos del sector La Junta sufrieron un caudal de más de 50 metros de alto que dejó sobre sus casas piedras, árboles, basura y barro por más de tres días. Según relata Sandra, la acción humana para limpiar la zona se hizo imposible: “No pudimos despejar el sector a mano. Después de que bajó el agua la municipalidad envió maquinaria pesada que había coordinado con la Municipalidad de La Florida, en la Región Metropolitana. Con camiones y retroexcavadoras despejaron los caminos que estaban bloqueados y emparejaron el suelo”, narra.

Mientras que para las casas que lograron mantenerse en pie, la Municipalidad de Curicó organizó limpiezas y santización con Senapred y la delegación provincial para asistir con arena y tierra para secar la humedad y extraer el barro de las viviendas. “El despliegue ha sido tremendo y con diferentes áreas: vecinos, municipalidad, gobierno local y algunos servicios públicos. Si bien las ayudas del gobierno se enfocan más en cajas de alimentos y aseo personal, como localidad hemos traído maquinarias de emergencia y limpiafosas para, también, tomar cuidado de la salud de las personas”, recalca el alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC).

Eso sí, afirma que el trabajo no ha sido sencillo. Primero, por la limitación de llegar a todos los sectores debido a limitaciones naturales y porque las lluvias han dejado una emergencia a nivel comunal nunca antes vista en la zona.

“Fue casi como pasar por un tsunami. Lo positivo es que hemos avanzado rápido en las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) que nos permitirán dar una solución a todos los damnificados. Ya llevamos el 60% y esperamos llegar al final este fin de semana”, añade.

Un escenario que se repitió dentro de la Provincia de Concepción, comuna de Tomé.

Victoria Ormeño (65), oriunda de la localidad, evacuó la zona luego de que las alertas metereológicas se encendieran el pasado viernes 25 en el sector. Durante el día, Ormeño debió trasladarse junto a su nieto de 17 años a Concepción, a casa de conocidos, donde se enteró por las noticias que su hogar, ubicado en la ladera de Cerro Alegre de la comuna, se había ladeado y descuadrado producto de un socavón y deslizamiento de tierra.

“Mi casa queda frente a la playa, pero siempre ha sido un sector de alerta. Desde que llegamos a vivir ahí ha habido peligro porque las casas no están bien asentadas y las lluvias de julio habían provocado que el cerro y el barro filtraran mi hogar”, relata.

Durante estas semanas, Victoria ha visitado el lugar, aunque con pocas esperanzas y un sueño de posible abandono. Sobre todo luego de que la Municipalidad de Tomé, liderada por Ivonne Rivas (DC), solicitara la evacuación de 16 familias que vivían en la zona por nuevos rodados.

“Puedo decir que hemos trabajado en conjunto con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Seremi de Vivienda, la Seremi del Trabajo que actúa como enlace con la comuna, SERVIU y SERNAGEOMÍN. Todos los casos han sido evaluados, solicitando apoyo a través de la Delegación Presidencial Regional del Biobío y a los organismos estatales según corresponda. También se está gestionando la entrega de un subsidio de arriendo de 469 mil pesos que permita sobre todo a las familias ubicadas dentro del perímetro de seguridad buscar otro lugar donde vivir. Además, se ingresaron los datos de todas las familias afectadas para acceder a la ayuda que entrega el Gobierno, por ejemplo, la postulación a viviendas definitivas”, aseveró la alcaldesa.

Frente a la emegrencia, tales familias podrán optar a un subsidio de arriendo de 13 UF, monto equivalente a $469 mil. Victoria ha decidido invertir dicha cifra en un nuevo lugar, más seguro. “Estos días hemos estado visitando la casa antigua para sacar ventanas y enseres recuperables, para donarlos a otras familias que lo puedan necesitar. Aún tenemos miedo de que la casa se caiga encima de otros vecinos por las próximas lluvias” o que, al contrario, una de las otras casas caiga sobre la suya.

En su primer año, Senapred ha tenido que enfrentar tres grandes emergencias: las recientes lluvias en la zona centro-sur del país, el evento meteorológico de similares condiciones en junio y los incendios forestales del verano pasado.

Lo anterior, pues recién a partir del primero de enero de 2023 la entidad se comenzó a llamar de esa manera. Antes era la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

El día que se anunció la modificación de nombre, también se informó un cambio de fondo. De acuerdo al gobierno, Senapred sería una “nueva y más moderna institucionalidad” que permitiría “mejorar los estándares de excelencia en la gestión de episodios de desastres”. De hecho, su misión en concreto es “planificar, coordinar, organizar, asesorar y supervisar las actividades del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para reducir el riesgo de desastres a través de la mitigación, preparación, alerta, respuesta y rehabilitación con el objeto de reducir la pérdida de vidas, disminuir los impactos económicos, los efectos medioambientales y proteger los modos de vida, contribuyendo al desarrollo sostenible”.

Pero tras las catástrofes han surgido análisis, cuestionamientos y comparaciones de entidades locales y gubernamentales frente al despliegue del servicio frente a incendios y lluvias, siendo catalogado como “tardío” debido a su burocracia y coordinación de la información local.

Uno de los detractores es el alcalde de Curicó. Según su experiencia, el servicio ha tratado de estar en la zona, pero no cuenta con capacidad de actuación. “Una vez más los organismos de emergencia quedan al debe por las dimensiones de la catástrofe. Claramente los recursos del Estado y las trabas administrativas hacen que la respuesta sea lenta, en principio para la utilización de recursos y despliegue de autoridades y ayuda en terreno”.

Mientras que la alcaldesa de la comuna del Biobío apuesta por una descentralización del servicio: “Estoy convencida de que el sistema debería avanzar rigurosamente en el aspecto preventivo. Desde los incendios forestales de este verano he insistido en que es vital la descentralización del Estado para responder de manera más rápida a quienes sufren las consecuencias de las emergencias”.

Pero para Álvaro Hormazabal, director nacional de Senapred, la actuación del servicio ha sido el correcto: “En materia de prevención y mitigación de emergencias el servicio ha trabajado años en un mapa de zonas de riesgo que se ha levantado con información emanada de comunidades locales. Tenemos un tremendo desafío que desde el primer día ha sido abordado por una mesa de trabajo con autoridades nacionales”, recalcó.

Aunque reconocen una mejoría en el sistema de emergencia, expertos apuntan a un perfeccionamiento de los mapas de riesgos y en una identificación de zonas de peligro a nivel comunal, provincial y regional, sobre todo para evitar el asentamiento. “Hacer un mapa involucra muchos recursos, toma muchos años, involucra muchas instituciones; ahí hay una falla que es crear un proyecto que genere estos mapas. Sin mapas es difícil mitigar y reducir los riesgos”, sostiene Patricio González, académico del Centro de Investigación y Agroclimatología de la Universidad de Talca (Citra).

Por su lado, Natalia Silva, docente del Departamento de Geografía de la Facultad de Vivienda y Urbanismo de la U. de Chile y especialista en desastres propone mecanismos mirando el cambio climático y la prevención a mediano plazo, sobre todo por eventos extremos cada tan poco tiempo. “Chile no tiene institucionalidad para la recuperación post desastres. Pero los desastres son constructos sociales, culturales y políticos. Por ejemplo, tiene que ver mucho en cómo construimos socialmente el riesgo, ya sea por la exposición, la densificación, los asentamientos comunales, etc. Nosotros somos máquinas productoras de riesgo”.