Solo mediante un escrito decidió defenderse el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ante la comisión revisora de la acusación constitucional que presentó el Partido Republicano.
“Estoy seguro de que hemos obrado de manera correcta”, dijo ayer el secretario de Estado, quien optó por no exponer -ni personalmente ni a través de su abogada, Claudia Sarmiento- ante la mencionada comisión.
A juicio de los diputados acusadores, detrás de ello había un intento de apurar la votación del libelo ante la Cámara para evitar la ausencia de algunos legisladores oficialistas que ya tenían comprometido viajes fuera del país. De partida, Jackson tenía plazo hasta el miércoles de la próxima semana para presentar sus descargos por escrito, pero también decidió enviarlos el jueves en la noche a la instancia revisora.
Sin embargo, desde el gobierno niegan un apuro y sostienen que los plazos se han cumplido en forma normal.
Independiente de ello, en estas circunstancias, la comisión revisora estará en condiciones de evacuar el informe respectivo el próximo martes, por lo que la Sala de la Cámara podría votar entre el 18 y el 23 de enero el libelo, mucho antes de lo que se pronosticaba en las bancadas. Las estimaciones originales apuntaban a que se votaría entre el 26 y 31 de enero.
En su escrito, Jackson señaló que “no existe acción u omisión personal alguna de mi parte a la que las y los acusadores hayan hecho referencia, ni mucho menos vulneración a las reglas sobre probidad”.
El libelo contra Jackson se divide en cuatro capítulos que detallan presuntas infracciones y omisiones de deberes legales como ministro. El primero, por problemas en la ejecución de fondos de tierras de la Ley Indígena. El segundo, por la denuncia de la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD), quien dijo haber recibido presiones del gobierno para aprobar proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental. El tercero, por la fallida licitación de programas del Servicio Nacional de la Infancia. Y el cuarto, por incumplimientos en la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez.
En el documento de 145 páginas, la defensa del ministro sostuvo que “aun si los hechos descritos por la exseremi de Desarrollo Social y Familia hubieran acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aun si estos hechos se considerasen ‘presiones políticas indebidas’, ninguno constituye un hecho personal de este ministro. La atribución de responsabilidad que persigue la acusación constitucional es por hechos personales y directos de quien ejerce el cargo, lo que no tiene lugar en este caso”.
“No existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo”, agrega el texto.
Además, frente a la salida de Hidalgo, quien alegó haber sido despedida por no someterse a la presiones de la autoridad, la defensa de Jackson reiteró que “la decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias... ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle, ubicado en la Región Metropolitana”.b
