“Han transcurrido 217 días del plazo de presentación de los estados financieros del año 2021 y el colectivo (Partido Comunes) no ha presentado la rendición del balance (...). Se advierte que las operaciones descritas, correspondientes al aporte fiscal entregado entre los años 2020 y 2021, ascienden a $ 142.686.823 que no se encuentran acreditados a la fecha, por lo que podrían revestir carácter de delito”.
Este es un extracto del oficio reservado N° 0218 del Servicio Electoral (Servel) que salió, el 28 de septiembre pasado, desde la oficina de la directora (S) del organismo, Elizabeth Cabrera, con destino a la Fiscalía Nacional.
En su encabezado se lee “realiza denuncia y remite antecedentes”. Con esta acción se complejizó aún más el panorama judicial para la tienda que desde noviembre de 2021 está bajo la investigación del Ministerio Público. Esto, luego de que un reportaje de Ciper develara una serie de inconsistencias en la rendición de gastos de campaña a la Gobernación de la RM de quien fuera considerada “la estrella fugaz de la izquierda chilena”, y exmilitante de la tienda Karina Oliva.
Hasta el momento el Servel sólo había apuntado sus dardos a la propia excandidata, su administrador electoral Martín Miranda y su expareja Jorge Ramírez, además de otros militantes y la Fundación Chile Movilizado, ligada a la colectividad. Sin embargo, por primera vez la denuncia por fraude de subvenciones patrocinada por el organismo ubicado en calle Esmeralda 611 asestó directamente en la tienda que pertenece al Frente Amplio y que nació de una fusión entre el Partido Poder y la Izquierda Autónoma.
La Fiscalía Sur ya pesquisa delitos de fraude al Fisco por la emisión de boletas falsas por servicios no prestados y la triangulación de dineros para justificar gastos de la campaña de Oliva que no fueron tales. Una decena de testimonios dan cuenta del mecanismo usado por la exmilitante de Comunes, y su círculo de hierro, para desembolsar millonarias sumas fiscales por servicios inexistentes a su campaña y donde usó como “fachada” a Chile Movilizado.
Los analistas del Servel tras revisar y rechazar los balances entregaron su veredicto: existen presunciones de ilícitos. “Si estima que existe el mérito suficiente se sirva disponer la correspondiente investigación de los hechos denunciados, ordenando las diligencias investigativas que se consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, determinando a sus responsables, además de otros ilícitos que se logren determinar en el transcurso de esta investigación”, se lee en el oficio de Cabrera.
Actualmente Comunes cuenta con dos diputadas, Claudia Mix y Camila Rojas, además de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.
El equipo del OS-7 que trabaja con el fiscal Milibor Bugueño ya recibió las instrucciones de interrogar a la actual directiva de la tienda, lo que abriría una nueva arista. Esto, ya que, según fuentes consultadas, el Ministerio Público ya tendría agotadas las pesquisas de la causa principal que abarca a Oliva y su círculo de hierro, con miras a una formalización tal y como sostuvo La Tercera en agosto.
Caja pagadora
“En un momento el partido se quedó sin presupuesto, sin flujo de caja, y comenzó a convertirse todo lo que tiene que ver con las campañas electorales en la caja del partido para pagar los sueldos fundamentalmente”.
La confesión ante el Ministerio Público es del sociólogo y militante histórico de la tienda, el exizquierda autónoma Diego Corvalán. Hace unos días renunció a su derecho a guardar silencio y en su calidad de imputado decidió colaborar. Fue citado por el fiscal Bugueño, ya que aparece en el listado de los abultados pagos de campaña: como jefe del equipo electoral del Partido Comunes recibió $ 10 millones. Apuntó a que fue la secretaria ejecutiva de la colectividad de ese entonces, Camila Ríos, quien le pidió en junio de 2021 emitir la boleta en cuestión.
“Era para rendirlo en la campaña de Karina Oliva; me indica la glosa que tenía que poner: ‘encargado de relaciones políticas campaña a la Gobernación Regional Karina Oliva, periodo completo’, y la fecha que tenía que poner era 13 de mayo, porque era el último día de campaña”, detalló.
Ante la pregunta del equipo investigador sostuvo que esto se lo solicitan indicando que “tenían problemas con la rendición de la campaña y que necesitaban cubrir los gastos que habían realizado y no los habían podido declarar bien”.
“Karina estaba contenta”
Corvalán sindica que quien le depositaba su sueldo era Martín Miranda, pero que Oliva sabía de cada movimiento. Sostuvo que él trabajaba en un inicio por $ 800 mil, pero que en un momento pasó a ser $ 1 millón 200 mil. “Martín Miranda dijo que Karina estaba contenta con nuestro trabajo, por lo que nos subió el sueldo”, explicó.
Asimismo, el sociólogo ratificó un antecedente que ya estaba en manos del Ministerio Público: el uso de fachada de la ONG Chile Movilizado.
“No tuve ningún insumo de la fundación (...) Para mí siempre fue una segunda militancia de la gente de Poder Ciudadano. Yo me enteré por la prensa de los informes de Chile Movilizado y de inmediato me di cuenta de que eran idénticos a los de Criteria, porque yo vi esos informes”, sostuvo.
En la rendición de gastos de Oliva y Comunes está el pago de $ 120 millones a la mencionada ONG por, según pericias policiales, la copia idéntica de láminas sobre focus group y mapas de calor realizados por la encuestadora.
Sobre qué pasó con las irregularidades en las rendiciones de la otrora candidata estrella, Corvalán apuntó a un error de cálculo que les costó caro: “Habían multiplicado mal el factor (de devolución en dinero) de cada voto, sin saber que en segunda vuelta era un décimo de lo que se pagaba por voto y, por tanto, dejaron muy endeudado al partido”. ¿El responsable? “Jorge Ramírez era la persona que quizás más cálculos sacaba por los votos que se podía sacar y cuánto se podía pedir para su reembolso”, sentenció Corvalán.
