Tras su llegada al Ministerio de Educación en reemplazo del RD Marco Antonio Ávila el 16 de agosto, el ministro Nicolás Cataldo (PC) inició un reordenamiento de las prioridades legislativas de la cartera.

Quizás la muestra más notoria de ese proceso tiene que ver con la repriorización de la Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, que con Cataldo se fue al fondo de la fila, mientras que para Ávila era un tema preferente. El asunto, de hecho, fue utilizado como uno de los argumentos por quienes lo acusaron constitucionalmente en julio, lo que entonces el gobierno respondió como un gesto de homofobia contra el secretario de Estado.

Casi dos meses antes de eso, en el Mineduc de Ávila aseguraban que la meta era presentar ese proyecto en 2023. Ahora la iniciativa no asoma en el cronograma legislativo del primer año de gestión del nuevo titular de Educación, al que tuvo acceso La Tercera. Ni siquiera aparece mencionado. Las urgencias del sistema educativo, según analizaron los equipos de Cataldo, son otras.

Así entonces, el proyecto de educación sexual, mismo que fue prometido durante la cuenta pública de 2022 por el Presidente Boric y que originalmente se llamó Educación Sexual Integral, no pasó el filtro. Una muestra: Camila Arenas, asesora y encargada de género del Mineduc con Ávila, y quien luego fue su jefa de gabinete, ya no goza de tal relevancia. Y ella era quien tenía a cargo liderar el proyecto de ley.

Aun así, en el Mineduc reseñan que la educación sexual está en el programa de gobierno y el compromiso de ingresarlo a trámite “se mantiene”, pero explican que a los proyectos a los cuales se les dio prioridad se determinaron en base a las urgencias del sistema y al nivel de avance de los que ya eran trabajados. Y hoy la educación sexual no es urgente.

Los nuevos ejes de trabajo se fijaron en una reunión del viernes 20 de septiembre entre equipos de Educación y Presidencia, donde ya habían comenzado a soltarle la mano al proyecto de educación sexual hace un tiempo.

Así, con el objetivo de mejorar las condiciones para el proceso de aprendizaje se llegó al mentado reordenamiento, el que, a su vez, derivó en una suerte de cronograma, con cinco prioridades legislativas para el segundo semestre de 2023 y dos para el primero de 2024. Por ejemplo, para este año mantendrán de la gestión de Ávila la unificación de la evaluación docente, proyecto que avanza en el Congreso.

En cuanto a convivencia escolar, ahora el Mineduc ha comprometido a la Comisión de Educación del Senado trabajar la materia conjuntamente a partir de los proyectos de ley en trámite, como José Matías o cyber bullying. Para esto, la cartera propondrá articular esas propuestas legales.

Por otro lado, mejorar la implementación de la nueva Educación Pública (desmunicipalización escolar) seguirá siendo prioritario. Eso sí, el actual ministerio trabaja en una corrección de la ley ingresada en mayo con Ávila, toda vez que Cataldo encargó una evaluación del proyecto, con una actualización del diagnóstico del proceso. El Mineduc quiere ingresar pronto una indicación.

La llamada deuda histórica a los profesores, la que le provocó el primer dolor de cabeza a Cataldo cuando los docentes paralizaron, es una promesa de campaña que también se mantuvo priorizada y se trabaja en un proyecto de ley que aborde el mecanismo de pago. El gobierno se comprometió a ingresarlo en diciembre.

Asimismo, la cartera prepara una ley corta con ajustes para mejorar el financiamiento escolar antes del receso legislativo.

El CAE

Aunque el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, aseguró en abril que hacia fines de 2023 el gobierno esperaba dar “señales concretas” sobre la condonación del CAE, según el nuevo cronograma eso no se producirá hasta al menos 2024. El proyecto sobre un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior y, de la mano, el plan de condonación de deudas, si bien desde la cartera señalan que tiene “un buen estado de avance”, no será ingresado en 2023 y quedó establecido como uno de los objetivos para el primer semestre de 2024. “Es considerado estratégico, tanto por razones de insostenibilidad financiera del sistema actual de créditos, como el compromiso del gobierno”, reseñan en la cartera.

Finalmente, sobre una reforma al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, uno de los proyectos que era prioritario para Ávila, el Mineduc lo mantendrá en sus ejes, pero con una salvedad: si el exministro pretendía ingresarlo a mediados de 2023 -que no ocurrió- Cataldo puso de tope el primer semestre de 2024, considerando los ajustes vistos por expertos y cambios reglamentarios.

Con todo, Sergio Bobadilla (UDI), de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, asegura que para su bancada hay dos temas relevantes: violencia y revinculación escolar. “Insistiremos en la Ley de Presupuesto que cualquier estudiante secundario sancionado por Aula Segura no pueda acceder a la gratuidad en la educación superior en un plazo de un año; y plantear cómo ha avanzado el proyecto de reintegración de los 50 mil niños que abandonaron el sistema”.

En esa línea, el integrante de la misma comisión, diputado Hugo Rey (RN), señala que ha habido poco trabajo conjunto legislativo con el Mineduc en el último tiempo, pero que esperan abordar la violencia escolar, jardines infantiles y calidad educativa. “Hay temas estructurales de fondo que hay que abordar y hoy es el momento. Ojalá el gobierno esté dispuesto”, dice.

Por su parte, Juan Santana (PS), de la misma comisión, cree “que se priorice la reactivación educativa va en la línea correcta”, aunque añade que a la desmunicipalización escolar debe dársele máxima urgencia: “La solución no puede ser únicamente prorrogar plazos de instalación. Se necesita un seguimiento especial, con un equipo dedicado exclusivamente a solucionar la inadecuada puesta en marcha de algunos servicios”.

El ministro Cataldo, en tanto, cree que han “avanzado bien, encontrando consenso en los diagnósticos”.