El calvario de la familia de Antonia: Corte Suprema anulará juicio contra Martín Pradenas por falta de objetividad de juez

La norma que castiga la incitación al suicidio femicida en Chile tiene un nombre: Ley Antonia. Y fue impulsada por la familia de la joven Antonia Barra Parra, quien fue violada a mediados de septiembre de 2019. Tres semanas después se suicidó. Tenía 21 años.

Esta semana su nombre resonó en las paredes de La Moneda. En el Patio de los Cañones, el lunes 19, el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, promulgaron la ley que castiga con cárcel la inducción al suicidio y el suicidio femicida, además de definir la violencia de género como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Un “histórico avance”, dijeron las autoridades presentes en la ceremonia.

A sólo cuatro cuadras de la sede de gobierno, en el tercer piso del Palacio de Tribunales, donde se emplaza la Corte Suprema, los ministros de la sala penal redactaban un fallo que impactará en el caso judicial que tuvo su origen en la muerte de Antonia Barra. Se trata del proceso que la Fiscalía de La Araucanía llevó en contra del estudiante de Ingeniería Martín Pradenas Dürr (30), quien fue declarado culpable de la violación de Antonia y de otros seis ataques sexuales.

Tras el análisis de un recurso, la sala penal del máximo tribunal -en votación unánime de 5/0- decidió anular el juicio en el que el acusado había sido condenado a 20 años de cárcel y ordenar un nuevo proceso con jueces no inhabilitados. El fallo, que ya está en acuerdo, se firmará y dará a conocer la próxima semana.

El caso se transformó en uno emblemático en el país, debido a que se comenzó a investigar en diciembre de 2019, cuando la joven ya había fallecido. Fue impulsado por su familia tras los hallazgos de audios en su teléfono y testimonios que apuntaban a la autoría del acusado en el ataque. De hecho, la apertura de la causa criminal impulsó a otras víctimas a denunciarlo.

El 26 de agosto de este año, el Tribunal Oral de Temuco sentenció a Pradenas a pasar 20 años tras las rejas, sin embargo, un recurso de nulidad presentado por los abogados defensores ante el máximo tribunal, Javier Jara y Rosemary Contreras, impedirían el cierre de este capítulo judicial.

Hace un par de semanas, el 7 de diciembre, y tras una serie de suspensiones en jornadas previas, la sala penal de la Corte Suprema, finalmente, escuchó los alegatos de la defensa de Pradenas. Ahí, la defensa acusó que su cliente fue objeto de la vulneración de los derechos que garantiza la Constitución, ya que el tribunal que lo juzgó no fue imparcial. “Durante la tramitación del juicio se han infringido sustancialmente garantías aseguradas por la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en concreto, el debido proceso”, alegaron.

La defensa expuso ante los supremos una serie de mensajes en redes sociales que uno de los jueces, Leonel Torres Labbé (redactor de la sentencia), difundió tras concluir la etapa probatoria. En el recurso de nulidad se entregan detalles de esta conducta extrajudicial que llevó a los supremos a acoger el recurso de nulidad.

En el libelo de la defensa se expone que “a partir de la dictación del veredicto en la presente causa, el magistrado ha compartido a través de sus redes sociales públicas una serie de mensajes de otros usuarios de la red social Instagram, los cuales utilizan expresiones y calificativos atentatorios contra la dignidad de nuestro representado, tales como “violador” o “maldito violador””.

Junto con esto, se consigna en la acción judicial, el mismo magistrado difundió imágenes y mensajes que, según denunciaron, “llevan incluidos el hashtag #JusticiaparaAntonia, expresión que ha sido utilizada en las redes sociales por quienes desde un inicio de este proceso judicial, e incluso antes de la formalización de la investigación en contra de nuestro representado, han difundido y apoyado a la víctima”.

Para los defensores de Pradenas también hay, según ellos, falta de imparcialidad de los otros dos magistrados que participaron del juicio, pero centraron sus alegaciones en Torres.

“Durante el transcurso del juicio, y en la jornada previa al término de rendición de prueba del Ministerio Público, sube una publicación a redes sociales a través de su cuenta de Instagram “profesor.torres” donde señala, entre otras cosas: “A ponerse la camiseta de cazador implacable, pero de buenos argumentos”; lo cual da cuenta de cómo aquel publicita su imagen y labor jurisdiccional, en el contexto de su función como juez redactor, mediatizando su intervención en este proceso y utilizando expresiones que no resultan adecuadas en consideración al cargo y función que desempeña”, se lee en el recurso.

Ya un día antes del inicio del juicio, el 14 de junio de este año, se había difundido una fotografía de un asado en que aparecían el magistrado y el fiscal Raúl Espinoza, quien integró el equipo que investigó el caso. La anulación de la sentencia dará un respiro a Pradenas y su defensa, ya que ahora todo se retrotrae a fojas cero y se deberá realizar un nuevo juicio oral, con magistrados que garanticen imparcialidad, como lo señala la ley.