El cerco que instaló la fiscalía ante el general director de Carabineros

Cuando en marzo de este año la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, fue designada por el fiscal regional, Xavier Armendáriz, como la encargada de asumir las dos causas que involucraban eventuales responsabilidades de mando de los generales de Carabineros por la cantidad de personas lesionadas durante el estallido social, en la institución uniformada asumieron de inmediato que la pista se ponía pesada.

Los desencuentros entre la fiscal y la institución no son pocos: en octubre de 2020, la persecutora le imputó el delito de homicidio a un cabo por la caída de un adolescente desde el puente Pío Nono; luego, en noviembre, acusó a sus superiores de que un comandante de la institución la había amedrentado al rondar su domicilio; y, por último, en marzo de 2021, la investigadora ordenó requisar una serie de antecedentes desde el Edificio Norambuena, lo que valió un reclamo de la defensa del general director, Ricardo Yáñez, a la Fiscalía Nacional, donde apuntó a la irregularidad de la diligencia.

Hoy, la sensación al interior de Carabineros sigue siendo la misma. Más cuando la persecutora pidió, el 31 de agosto, la declaración del general Yáñez en calidad de imputado por la presunta “omisión” en la ocurrencia de apremios ilegítimos por parte de personal policial hacia los manifestantes del estallido social. Yáñez, quien entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 se desempañaba como director de Orden y Seguridad, pidió reagendar la diligencia para el 20 de septiembre.

Sin embargo, llegado el día, Yáñez, a través de sus abogados Jorge Martínez y Sergio Contreras, decidió que se resguardaría en su derecho de fijar lugar para declarar, lo que está contemplado en el Artículo 301 del Código Procesal Penal y que es una prerrogativa exclusiva de presidentes de la República, comandantes en jefe del Ejército y del general director de Carabineros.

Se sumaba un capítulo más al tira y afloja entre ambos, en una causa donde la Fiscalía instaló un verdadero cerco sobre el espacio de acción del general Yáñez, pues cuenta con 38 tomos de investigación, donde ha tomado declaración a generales, coroneles, y pedido respaldo de todas las reuniones que el general director tuvo en La Moneda durante el estallido social.

Así lo solicitó el 22 de mayo a la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rozas, a quien le pidió el registro de las visitas a Palacio del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas; el actual, Ricardo Yáñez, y los jefes de las Fuerzas Armadas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El 1 de junio fue remitida la información, a través del jefe de seguridad de La Moneda, Julio Riveros: “Conforme a la información solicitada adjunto relación Excel del ingreso de las autoridades mencionadas en el correo electrónico. Esta información fue corroborada con las plataformas de acceso que Tic de Presidencia mantenía habilitadas los años 2019 y 2020″, decía el mail.

A esas alturas del año, Yáñez ya forjaba una buena relación con las nuevas autoridades de gobierno, quienes, especialmente a través de la exministra del Interior, Izkia Siches, comenzaban a hacer una buena valoración del trabajo de la institución.

Eso, porque también la seguridad comenzó a transformarse en una de las prioridades del Ejecutivo, ante la alza de robos y de los atentados en la Macrozona Sur.

El expediente también cuenta con el requerimiento de información a Carabineros respecto de la cantidad de sumarios abiertos en el estallido social, la cantidad de heridos y cómo funcionaba el sistema de información con el que miraban dónde estaban produciendose los incidentes.

A eso se suma la declaración del edecán del general Yáñez, el teniente coronel Patricio Santos, quien durante el estallido social era jefe del Departamento de Análisis Criminal (DAC), y que fue consultado por Chong sobre la munición que se utilizaba.

“De acuerdo a la información que dieron las Zonas Operativas Territoriales, yo me atrevería a decir que, de acuerdo a nuestro registro, eran cerca de 175.000 disparos de cartuchos (...). Y, dentro de esos 175.000, el 80% se generaron dentro de las tres primeras semanas de la contingencia”, dijo a la persecutora.

Yáñez con Chong ya se habían visto en un interrogatorio. Fue el 7 de abril de 2021, en la causa iniciada por querellas presentadas por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) y la organización que defiende causas de derechos humanos “Londres 38″.

Eso era antes que la fiscal, además, asumiera la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en la crisis social que antes llevaba la fiscal Claudia Perivancich. Ese es un argumento que entrega la defensa de Yáñez, pues advierten que el general sí ha colaborado en la investigación, pero que hoy necesitan de tiempo para preparar la defensa.

“Por medio de los antecedentes aportados por la defensa, se aclarará de manera definitiva la inocencia del general director. Se trata, además, de una causa sin sustento jurídico, iniciada por cuatro personas que han levantado imputaciones falaces e insostenibles en contra de Carabineros, como institución y su mando. Cada imputación será desmentida en su totalidad en sede judicial”, señalaron los abogados de Yáñez.

Además, agregaron que no pretenden “esquivar” la comparencia de Yáñez a declarar: “Su defensa dio una fecha de declaración al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y por cortesía y deferencia, se le señaló que el general iría a la Fiscalía personalmente, pudiendo hacerlo en su domicilio legal”, manifestó Jorge Martínez.

Una eventual dimisión de Yáñez antes de una posible formalización en la causa ya es algo que se especula en Carabineros, la cual tomó fuerza este jueves cuando se concretó el retiro de 39 coroneles, un movimiento que se esperaba en la institución, pero que fija la pronta renovación del alto mando.

Hay dos fechas clave que aparecen en el horizonte de Yáñez y su futuro judicial: el 7 de octubre, pues declara su antecesor, Mario Rozas, y luego de eso creen en la policía uniformada que podría decantarse su formalización; y el 18 del mismo mes, fecha simbólica que no deja a Carabineros salir de la sombra del estallido social.