El crítico nudo de la violencia rural: suma 83 ataques en tres semanas

El 1 de abril de 2022, aproximadamente a las 20.40 horas, Carabineros recibió diversos llamados de emergencia advirtiendo que en el sector El Roble, comuna de Contulmo, en la Región del Biobío, se estaban quemando 11 casas. El ataque era prácticamente a mansalva, donde dos afectados, uno de 62 y otro de 77 años, manifestaron a la policía que un grupo de encapuchados los abordó por sorpresa y les ordenó abandonar sus hogares. No pasaron 10 minutos entre que salieron y miraron cómo las llamas consumieron por completo las cabañas apostadas en la costa de Arauco.

Este ataque se transformó en el evento de violencia rural número 37 de las últimas tres semanas en el Biobío, región que junto a La Araucanía son los focos de atentados incendiarios más permanentes y que son asociados, por los investigadores, al denominado conflicto mapuche.

En ambas zonas, entre el 11 de marzo y el 6 de abril se han registrado 83 eventos asociados a delitos por violencia rural, según antecedentes registrados por Carabineros. En la policía uniformada entienden este tipo de ataques como “delitos comunes contra las personas y/o la propiedad, pero que tienen lugar en la Macrozona Sur (...), en los que se identifican elementos que permiten clasificarlos como la intencionalidad del hecho, la existencia de medios reivindicatorios y que afecten las condiciones de orden público”.

Los ilícitos asociados a reivindicaciones territoriales en las zonas rurales de La Araucanía y Arauco han sido un tema que preocupa desde el primer día al gobierno. Cada atentado que ocurre en las provincias de Cañete, Malleco o Curacautín enciende alertas que cruzan desde el sur hasta el centro de Santiago.

La inquietud del Ejecutivo no es solo desde lo discursivo, sino que también por cómo han resultados sus incursiones en terreno. El martes 15 de marzo, el tercer día hábil de las nuevas autoridades en La Moneda, cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, visitó La Araucanía.

El viaje no terminó de la mejor manera, pues la secretaria de Estado debió evacuar cuando desconocidos cortaron la ruta y dispararon al aire. De inmediato, Carabineros activó un dispositivo para trasladarla, frustrando así su idea de visitar a la familia del asesinado comunero Camilo Catrillanca.

Desde entonces, la tensión en la zona siempre amenaza con remover la agenda política de la actual administración. Primero fue el viaje de Siches, después algo similar vivió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y finalmente el jueves de la semana pasada la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitió un comunicado en el cual rechazaba dialogar con las nuevas autoridades de La Moneda.

“Reafirmamos nuestro camino político militar del weichan (lucha) tal como lo hicieron en su momento Leftraru, Pelontraro y nuestros weichafe caídos en combate, el cual no se centra en obtener migajas burocráticas del enemigo, sino en sentar las bases de nuestra propuesta de liberación nacional mapuche, para lo cual es necesaria la expulsión de toda expresión capitalista y colonial del wallmapu”, advirtió la organización -que ha reivindicado cientos de atentados- a través de un comunicado.

Entremedio, el gobierno intentó dar una señal, al concretar una promesa que el propio Presidente Gabriel Boric había anunciado:levantar el estado de excepción constitucional en la zona. Sin embargo, entre las comunidades más radicales la medida no cayó bien, pues trajo aparejada un aumento de presencia de carabineros en la zona, ordenado por el propio Ejecutivo. A esto se sumó el traspaso de 17 vehículos blindados Mowag, de propiedad del Ejército, a las labores policiales.

En esa misma línea, durante las próximas semanas Carabineros activará un proceso de adquisición o arriendo de un avión no tripulado para la zona. La nave estaría compuesta de distintos drones con una autonomía mayor a las actuales. Todo esto será monitoreado desde la Prefectura de Pailahueque, ubicada en Ercilla, en los alrededores de Temucuicui.

Los delitos de violencia rural en la denominada “zona roja” del conflicto mapuche están divididos en tres grupos (ver recuadro): ilícitos que afectan a la propiedad, a las personas y otros.

En el primer grupo se contemplan el abigeato, daños, hurto, incendio, robo y usurpaciones. En total, entre el Biobío y La Araucanía, estos delitos suman 61 eventos de violencia rural en estas tres semanas.

En general, son dos los ilícitos que concentran las más altas cifras de actos de este tipo: los incendios (19) y las usurpaciones (21). Estos últimos se repiten en mayor medida por conflictos entre comunidades mapuches y agricultores, debido a la toma de terrenos en disputa.

En cuanto a los delitos que afectan a las personas, los homicidios frustrados alcanzan los seis eventos durante este periodo.

La tensión por la violencia rural en la zona llevó, incluso, a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, a hacer un crudo análisis de lo que ocurre en la región. “Nosotros sabemos que, en este momento, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona; estamos poniendo todas las medidas de seguridad”, afirmó esta semana en entrevista con Radio Cooperativa.

Sin embargo, lo que ocurre en las provincias más conflictivas de ambas regiones no es un tema propio del nuevo gobierno. En 2021 se registraron 1.786 hechos de violencia rural, lo que significó un aumento de un 46% en relación a 2020, transformándose en la cifra más alta de los últimos 10 años.

Fuentes de la administración anterior, no obstante, explican que este aumento responde a diferentes factores: la muerte del miembro de la CAM Pablo Marchant, el 9 de julio del 2021, lo que desató reiteradas acciones reivindicatorias, y el fallecimiento de efectivos policiales, lo que también diezmó la presencia policial de uniformados en ciertos puntos álgidos.

A esto, dicen, se debe sumar la implementación del estado de excepción. Esto último, si bien trajo una reducción de los atentados, entre octubre del 2021 y marzo de este año, también generó situaciones de respuestas violentas a la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señala que no se pueden comparar los eventos ocurridos entre un gobierno y otro, sin embargo, advierte que “en el último periodo hemos registrado un incremento de ciertos delitos que habían bajado en el estado de excepción, como, por ejemplo, las usurpaciones. Ahí se presenta un aumento en las últimas semanas”.

Para el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, el tema es preocupante, pues en 2021 se registraron 194 camiones siniestrados en la Macrozona Sur. “Más allá de la estadística, acá no tenemos claridad de lo que quieren las autoridades y vemos con preocupación las señales que se han dado. Han insistido en dialogar con gente que amenaza, que entrega ultimátum, que pone la pistola sobre la mesa. Y a nosotros, nos queman los camiones, la maquinaria, para parar el país y generar un clima de inestabilidad. Esa es la pretensión de esta gente”, sostuvo. b