Fue el 19 de enero que una determinación del juez Daniel Urrutia, magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, encendió las alarmas en el Ministerio de Justicia y en Gendarmería.
Ese viernes, el magistrado autorizó más de una decena de beneficios a internos de alta peligrosidad, en su mayoría asociados a criminalidad organizada y que permanecían privados de libertad en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), más conocida como la Cárcel de Alta Seguridad.
Visó, entre otros permisos, la realización de videollamadas de internos con terceros, pese a que estos no contaban con autorización para ello, además de visitas íntimas.
Frente a ello, rápidamente Gendarmería estampó un recurso de apelación, pero el mismo juez resolvió declararlo inadmisible, lo que gatilló una nueva arremetida de la institución liderada por Sebastián Urra y que depende de la cartera encabezada por el ministro Luis Cordero.
En concreto, como explicó a La Tercera el secretario de Estado, se recurrió respecto de beneficios otorgados a seis de los internos -pues los demás obtuvieron visitas presenciales que podían materializarse sin riesgo-, ya que no hay posibilidad de garantizar que se mantendrá la seguridad del recinto penitenciario si estos se ejecutan.
“Este recinto tiene todos los tipos de cámara posibles, corporales, de reconocimiento facial, uso de inteligencia artificial. Y tiene un mecanismo de segmentación muy estricto y un régimen de comunicación con las visitas por locutorio. Pero además de ello, la regulación de las visitas exigen el enrolamiento de estas, a nivel general. Por eso las videollamadas hacia el exterior, fuera del país, con personas respecto de las cuales no es posible verificar su identidad, produce un mecanismo de vulnerabilidad para la unidad de máxima seguridad”, comentó.
“No se debe olvidar”, como subrayó el secretario de Estado, que en dicho recinto es donde están concentrados los líderes de bandas de organizaciones criminales “de las más peligrosas” y cuyos juicios están pendientes.
Por lo mismo, que se concretara el beneficio otorgado por el magistrado, de acuerdo con lo expuesto por el ministro, implicaba que el establecimiento quedaba “evidentemente expuesto a vulnerabilidades, junto con alterar el régimen de visita e impedir tener control de seguridad para saber con quién es la comunicación que el interno quiere establecer”.
El fondo del recurso presentado por Gendarmería será resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, durante la próxima semana.
¿Cuáles son las condiciones del recinto?
Este centro penitenciario fue inaugurado en marzo de 2023, luego de la refacción de la antigua Cárcel de Alta Seguridad, creada en 1994. Fue un proyecto que implicó restaurar las instalaciones y, como destacan desde Gendarmería, mejorar la capacidad de contención para población penal de alto compromiso delictual, con una inversión total de 3.756 millones de pesos.
Posee una capacidad total para 296 personas privadas de libertad, divididas en dos subsecciones: Máxima Seguridad (148 plazas) y Alta Seguridad (148 plazas). Actualmente, como indican desde la entidad penitenciaria, mantiene una ocupación total de 59 plazas.
Entre las medidas de seguridad con las que cuenta, se encuentra un circuito cerrado de tv de 387 cámaras, incluyendo cámaras térmicas y de reconocimiento facial, “lo que permite controlar la seguridad de los desplazamientos internos de las personas privadas de libertad”, según precisaron desde Gendarmería.
Asimismo, desde que reabrió sus puertas, en el recinto se implementaron nuevos sistemas de escaneo corporal para visitas, funcionarios y para la inspección de bultos o encomiendas. Cuenta con un sistema antidron automatizado, con un rango de hasta 10 km para la detección de drones que sobrevuelen sin autorización el espacio aéreo de la unidad y circundante.
El régimen de los internos
Las personas imputadas o condenadas que se encuentran en la unidad de Máxima Seguridad mantienen un régimen especial de reclusión de carácter excepcional.
Esto quiere decir que poseen antecedentes que permiten a la administración penitenciaria presumir razonablemente que el sujeto podrá seguir delinquiendo desde y al interior del establecimiento penitenciario, o que podría constituir, dirigir o reorganizar al interior del establecimiento agrupaciones, bandas, asociaciones u organizaciones o vincularse con las mismas, para planificar o ejecutar hechos delictivos.
Para eso se consideran las circunstancias, connotación y trascendencia de los crímenes o simples delitos por los cuales ha sido condenada o formalizada la persona en cuestión.
Quienes quedan en Alta Seguridad es porque su perfil así lo amerita, dado que posee, valga la redundancia, alto compromiso delictual de acuerdo con la evaluación que se le realiza al ingresar al sistema y donde se analizan antecedentes, detenciones anteriores, si utilizó o no armamento, edad en que se inició en el mundo delictivo, entre otros elementos.
¿Cómo es la vida al interior de estas unidades?
Quienes se encuentran en estas unidades permanecen bajo reclusión en celda individual con salida diaria al patio por dos horas y media. Esto, de manera segmentada y diferida, a objeto de evitar el contacto de la población penal. Pese a que la vigilancia es extrema, por ejemplo, sí pueden realizar actividades recreativas y deportivas, pero solo en grupos reducidos.
Pueden tener visitas una vez por semana, previo enrolamiento (como en todo establecimiento penitenciario), a través de locutorio, o sea, no hay contacto físico directo con el interno.
No hay espacios habilitados para visitas íntimas y hay salas acondicionada para audiencias telemáticas.
