El lunes, a partir de las 12 horas, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, representado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se sentarán a una mesa de negociación que no tiene ninguna garantía de éxito.
A las oficinas del Ministerio de Vivienda, en calle Serrano 33, llegarán el empresario Ricardo Posada y los abogados Diego Pereira-Fonfach y Juan Eduardo Duahart, que representan a los tres propietarios de los terrenos donde está emplazada la megatoma de San Antonio, que alberga a 10 mil personas que, según la orden judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, deberán ser desalojadas con la fuerza pública el jueves 27 de febrero a partir de las 10 am.
Si ese día no hay humo blanco para llegar a un acuerdo que evite el desalojo, la administración frenteamplista enfrentará su peor escenario. Primero, porque no cuenta con una alternativa de vivienda para los pobladores y se arriesga a un escenario violento, pues una fracción de los habitantes de la toma asociados a grupos anarquistas y de izquierda está dispuesta a defender las viviendas irregulares que ocupan desde 2019. “Se arriesga una crisis humanitaria”, reconoció esta semana el ministro Montes a La Tercera.
Eso sin contar con que ni la delegación ni el municipio de San Antonio, que encabeza Omar Vera (independiente), cuenta con los funcionarios de Carabineros que se necesitarían para hacer efectiva la orden de la justicia, aun cuando el fallo señala que este se puede hacer de forma paulatina y el gobierno estima que puede tardar hasta un año en terminar de ejecutarse.
Última oferta
La aspiración del gobierno es que el lunes los propietarios accedan a venderles los terrenos a los pobladores a través de cooperativas. Un sistema que el Ejecutivo cree que se puede convertir en una política pública para enfrentar la problemática de los asentamientos irregulares en el país.
El conflicto es que se trata de una fórmula que no termina de convencer a los pobladores más asociados a la izquierda ni a los empresarios dueños del terreno que exigen garantías del Estado para vender el millonario paño ubicado en el cerro Centinela, que, según ellos defienden, se empina en un valor de 52 millones de dólares.
Hasta este viernes el conteo del gobierno era de 35 cooperativas constituidas que podrían ofertar un monto inicial de 640 millones de pesos.
Hace dos semanas, el gobierno encargó una nueva tasación del terreno, que inicialmente calculaba en 0,58 UF, mientras que la oferta de los dueños es de 0,69 UF. El último cálculo llegó a la oficina del ministro Montes este viernes en la tarde, en un sobre cerrado. Esa nueva oferta es la que se les presentará a los propietarios a tres días de que se cumpla el plazo del desalojo ordenado por la justicia.
El abogado Diego Pereira-Fonfach dijo en entrevista a La Tercera que el compromiso inicial del gobierno era entregar la tasación el 15 de enero, pero no cumplió con ese plazo ni con ninguno de los acuerdos adquiridos en las conversaciones previas entre el ministro y los propietarios (ver nota secundaria).
Además, ha sido enfático en señalar que existen puntos intransables en la negociación. En primer lugar, que el Estado se constituya como “aval de la operación y entregue una garantía real y eficiente que asegure el cumplimiento de cualquier acuerdo”. Además, rechaza la idea de aceptar automáticamente la tasación propuesta, que fija el valor del terreno. Finalmente, recalca que sin un cronograma claro y compromisos concretos sobre la constitución de cooperativas, financiamiento y plazos, no será posible llegar a un entendimiento.
Fuentes del gobierno aseguran que en las tres conversaciones que se han sostenido con Posada y el resto de los propietarios del terreno ha habido disposición a llegar a un entendimiento a través de las cooperativas. Pero que exigen garantías que el Estado no ha podido comprometer aún. Para ello se evalúan varias vías, entre ellas poner a disposición otros terrenos.
Un punto que recalcan en el Ejecutivo es que hay un límite que no se traspasará: que el Estado compre el terreno directamente.
El desconocido rol de Lawner
Y esa es justamente la aspiración de los sectores ultra que se niegan al camino de las cooperativas y que han sido asesorados por un actor hasta ahora desconocido: el premio nacional de Arquitectura Miguel Lawner (PC), quien en el pasado ha sido un consejero de la ministra Javiera Toro cuando era titular de Bienes Nacionales.
“El problema no es solo que las familias tengan que pagar para ingresar a las cooperativas, sino que, además, después tendrán que costear la urbanización del terreno. El gobierno les está exigiendo un doble esfuerzo económico a personas de escasos recursos: primero, aportar para ser parte de la cooperativa, y luego, financiar la habilitación de calles, alcantarillado, agua potable y electricidad. Es una carga impagable”, advierte Lawner.
Consultado sobre las medidas que tomarán en caso de ser desalojados por no integrarse a las cooperativas, responde categórico: “Si el gobierno lleva a cabo el desalojo nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”.
Mientras el gobierno se prepara para la conversación clave del lunes y la delegada del Serviu , Gloria Maira, apura la constitución de cooperativas en una seguidilla de reuniones en San Antonio, los pobladores en contra planean reunirse el domingo en una asamblea.
Lawner asegura que fueron los mismos propietarios los que alentaron la toma de los terrenos en 2019 y que ahora el Estado debe hacerse cargo.
“Los propietarios estimularon la ocupación del terreno, alentando a que las personas se instalaran, incluso sugiriendo que trazaran bien las calles. Esto fue un negocio fraguado por los dueños del terreno, quienes lo adquirieron a un valor insignificante y vieron cómo su precio aumentó gracias a la inversión de miles de familias”, insiste el arquitecto.
La dirigenta vecinal Verónica Morales reconoce que hoy los pobladores están divididos y no todos están por la vía institucional. “Hay gente dentro del predio que no quiere nada, que no quiere legalidad, no quiere cooperativa, ninguna fórmula. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo con una persona que no quiere nada, pero no es la mayoría”, dice.
La alternativa del peor escenario
Conscientes de que el lunes todo puede pasar, en el gobierno aseguran que no hay posibilidad de entrar en desacato y que si es necesario el jueves se iniciarán las labores de desalojo.
El subsecretario Luis Cordero ya tenido una serie de reuniones con Carabineros para evaluar el contingente policial con el que cuenta y para explorar el valor que tendrá para el Estado mover a 10 mil personas y entrar con retroexcavadoras a los terrenos en disputa.
Una de las inquietudes del gobierno es la situación de los menores de edad que residen en la toma, que representan un 33% de la población. Por eso la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, ha sido parte de las tratativas del gobierno para que prepare un plan de contingencia que atienda las necesidades de la población vulnerable.
“Indudable, esta situación nos tiene sumamente complicados, porque ni la comuna, ni la municipalidad, y ni siquiera la provincia, tiene la capacidad para acoger el desalojo de estas 4.000 familias, cerca de 10.000 personas. Eso es realmente un desastre”, advierte el alcalde de San Antonio.
Desde el entorno del edil señalan que no han recibido ningún plan de contingencia para enfrentar el desalojo, no obstante que este viernes hubo una reunión con ese objetivo en la Delegación Presidencial.
Desde el municipio agregan que en caso de concretarse el desalojo, la única opción que queda son los colegios, pero el inicio de clases obliga a descartar esa opción.
“Desde acá no tienen un plan B”, dicen.
