Cada día tres establecimientos educacionales de Chile suspenden sus clases por hechos externos de violencia, entre balaceras, narcofunerales y algunos otros similares.

Ese es el preocupante promedio que arroja el levantamiento de información a nivel nacional que hizo la Subsecretaría de Educación sobre las suspensiones de jornadas escolares con motivo de situaciones externas a las comunidades y que están asociadas a hechos de violencia.

El conteo al que tuvo acceso La Tercera Sábado, que considera el total de establecimientos educativos del país (públicos, particulares subvencionados y privados) de todos los niveles de educación -parvularia, básica y media- y que va desde el inicio del año escolar hasta el martes 25 de abril, arroja que las suspensiones de clases registradas en el período afectan a 122 establecimientos educacionales (1,1% de los 11.216 de Chile) e involucran a lo largo del país a 75 recintos de enseñanza básica y media, además de 47 de educación parvularia y que esto, a su vez, implica que dichas instituciones hayan perdido 156 días de clases (1,27 en promedio).

En ese sentido, si se considera que desde el 3 de marzo y hasta el 25 de abril fueron 38 días hábiles en los que se pudo hacer clases, se tiene que, en promedio, cada día 3,2 recintos en Chile suspendieron sus clases por este tipo de sucesos.

El desglose por región con la cantidad de establecimientos afectados, a pesar de ser solicitado por este medio, no fue aportado por la subsecretaría, que sí dio el detalle regional con la sumatoria de jornadas de clases suspendidas, donde la con mayor registro es la Metropolitana, con 73. De ahí para atrás le siguen Antofagasta (47), Valparaíso (24), Los Ríos (4), Coquimbo (2), Atacama, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes, todas ellas con una.

Esto, por consiguiente, deriva en que hay solo cinco regiones del país que no han visto clases suspendidas por hechos externos de violencia: Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Ñuble y Aysén.

Estas cifras, si bien la cartera educativa recién está dando cuenta de ellas, ya los llevó a crear un documento denominado ‘Orientaciones para la prevención y el manejo de emergencias ante situaciones críticas, constitutivas de delito, que impactan gravemente el bienestar de las comunidades educativas’, el que entrega recomendaciones a colegios ante “balaceras” u “homicidios” y que incluye, entre otras cosas, autodefensa y ejercicios de simulación, los que ya comenzaron a realizar algunos establecimientos.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, señala que si bien la prioridad como ministerio es que los establecimientos puedan funcionar en normalidad en espacios seguros, garantizando las condiciones para un buen aprendizaje y que frente a cualquier situación de emergencia natural o social la última medida sea la suspensión del servicio educativo, “sabemos que hoy en día existe una preocupación también por la seguridad y cómo fenómenos que ocurren fuera de los centros educativos afectan el ambiente de aprendizaje”.

En este contexto, el Minedu promueve el uso de la Política Nacional de Seguridad Escolar y Parvularia, la cual establece una serie de estrategias para abordar tanto riesgos y amenazas socionaturales como aquellos eventos relacionados a seguridad ciudadana. Y que, dentro de otras cosas como las recientes orientaciones, se cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar.

En ese sentido, consultada por la sobreutilización de la medida, la subsecretaria Arratia señala que “la pertinencia de esta medida debe ser revisada caso a caso”.

Un problema generalizado

Hay suspensiones de clases que han sido conocidas, como las que afectaron, incluidas dos universidades, a más de 10 recintos en la Región de Valparaíso a mediados de marzo; las balaceras que alteraron Calama la semana pasada o los hechos que se han ido repitiendo de tanto en tanto en Pedro Aguirre Cerda (PAC). Justamente, esta comuna es la que concentra la mayoría de las suspensiones - todas por narcofunerales- de la Región Metropolitana en estos dos meses de clases.

El detalle dice que el 16 y 17 de marzo la Escuela La Victoria se vio obligada a hacerlo, que el 29 del mismo mes la Escuela Lo Valledor también lo hizo, cosa que repitió el 24 de abril, día en que además se suspendieron las clases en el Centro Educativo Integral para Adultos (CEIA) y los jardines infantiles Mi Trencito de Ovalle y el del CEIA. Antes -12 de abril- también lo había hecho la Escuela Arcángel Gabriel. Desde este último establecimiento dijeron ese día que lo hicieron “debido a que en el perímetro más próximo a nuestro colegio se está realizando un velatorio de alto riesgo”.

“Es una medida extrema que no nos parece, que va en contra de nuestra voluntad (pero) no hemos tenido un mínimo de garantías para dar certezas al personal de trabajo o a los más pequeños de que no tendrán problemas. Preferimos hacer labores preventivas en vez de estar lamentando que un niño salga lesionado o que haya una persona con una herida mortal. Podemos recuperar las clases, pero lo que no podemos recuperar es el estado de salud si se ve afectado por un proyectil”, dice al respecto Luis Astudillo (ind.), alcalde de PAC, quien ahonda que la suspensión de clases por estos hechos “quiere decir que hemos tocado fondo. Ya no sabemos qué más hacer (…) lo que necesitamos son acciones concretas y enérgicas para dar un mensaje a estos delincuentes, que acá se respeta el estado de derecho, no como está sucediendo ahora, que nos están imponiendo sus propias leyes”.

Con todo, los establecimientos también reportaron a la subsecretaría situaciones por motivos internos, pero que no se dieron necesariamente en sus dependencias. Así por ejemplo, el 19 de abril el Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas (región de Magallanes), tomó la decisión de suspender como una medida preventiva ante la publicación en redes sociales de una advertencia de tiroteo en el lugar.

En una línea similar, la Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui de La Serena (región de Coquimbo), reportó que el 24 y 27 de marzo suspendió sus clases por seguridad de los estudiantes, algunos de los cuales fueron agredidos por un apoderado al término de la jornada del 23 de marzo. Ese mismo adulto amenazó con presentarse nuevamente en el colegio con cuchillo y pistola, lo que derivó en la medida.

La subsecretaria Arratia señala que la suspensión siempre deberá ser una medida “de último ratio”, en aquellos casos que exista información de las entidades pertinentes respecto a posibles riesgos para la integridad y bienestar de las comunidades educativas y que para la aplicación de esta medida los sostenedores deben solicitar autorización a la Seremi de Educación, presentando un plan de recuperación de clases.

Este último requisito, de hecho, según revelan desde las entrañas del ministerio, les ha llevado a sospechar que las cifras podrían ser incluso mayores a las reportadas y que algunas suspensiones por hechos externos de violencia, en realidad habrían podido ser justificadas por los sostenedores con razones de orden administrativo (como falta de agua o paros de profesores), porque pueden ser avisadas con posterioridad al día de la suspensión y, por ende, no requieren autorización previa.