Escáner a José Morales: ¿Qué piensa el candidato a fiscal nacional?

Tanto en 2015 -cuando se postuló por primera vez para fiscal nacional- como hace tres semanas, José Morales ha puesto foco en que el Ministerio Público debe reenfocar la persecución de los delitos más graves que afectan a la ciudadanía, como los homicidios y los cometidos por bandas criminales organizadas.

Hace siete años advirtió que se requería darles continuidad a las indagaciones y entender la flagrancia “como la primera hebra del delito”, y ahora, en su segunda incursión, apunta a “cambiar el paradigma desde la investigación de casos individuales a la persecución de organizaciones y redes criminales”.

Para él es necesaria una Unidad de Crimen Organizado a nivel nacional, encargada de delitos de armas, homicidios, secuestros y tráfico de drogas.

De acuerdo con los antecedentes que ha expuesto, hay que registrar todos los datos que surjan durante las investigaciones y así crear bases de datos institucionales. Asimismo, plantea que en el caso de delitos que se cometen usando armas de fuego, se indague hasta que se establezca de dónde y cómo se obtuvo esa arma.

En tercer lugar, respecto de causas de tráfico de drogas, sostiene que no basta con juzgarlos, sino que se deben perseguir sus redes y extinguir su patrimonio.

Frente a las denominadas “encerronas” y “portonazos”, se muestra convencido en avanzar en planes que permitan perseguir el mercado negro de autos y piezas robadas.

Dado que se ha constatado que delitos violentos se articulan desde las cárceles del país, también propone que se establezca una coordinación especial con Gendarmería.

Ha dicho, además, que urge crear programas efectivos de protección a denunciantes y testigos, pero también para fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Frente al alza y complejización que el fiscal reconoce han tenido los delitos cometidos por funcionarios públicos, ha manifestado que se requiere tomar acciones urgentes. Ya que, a su juicio, “la transparencia, rectitud y probidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones constituye la base para el progreso del Estado y es una garantía del buen uso de los siempre escasos recursos estatales”.

En atención a ello, su propuesta de trabajo incluye acciones para garantizar que las investigaciones de este tipo de casos se lleven adelante con los estándares correspondientes. Apuesta, de esa forma, por dotar de mayores recursos tecnológicos a la unidad de lavado de dinero y análisis patrimonial de la Fiscalía Nacional; separar las funciones que actualmente se radican en una misma unidad de asesoría jurídica y anticorrupción; aumentar la dotación de analistas a nivel nacional y regional para este tipo de delitos; fortalecer alianzas con otros organismos del Estado, entre otros, con la Contraloría, y crear alianzas con universidades e institutos de investigación, para que realicen las pericias que sean necesarias para el establecimiento de los hechos.

Asimismo, como expresó en un foro organizado por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) en abril de este año, Morales está a favor de aumentar la penalidad y severidad de las penas asociadas a delitos económicos. “La gente quiere cárcel para los delitos económicos, para delitos cometidos por los poderosos, esos que se conocen de cuello y corbata”, sostuvo en esa oportunidad.

A eso, dicen sus cercanos, se suma el que piensa que el fiscal nacional debe ser una voz especialmente escuchada por el Parlamento al momento de dictar leyes. “Hay que alertar de las herramientas que necesitamos”, ha dicho en privado.

De acuerdo con lo que ha planteado José Morales en sus exposiciones públicas, se debe incorporar efectivamente la perspectiva de género en el trabajo del Ministerio Público, “de forma de considerar esta herramienta de análisis desde el inicio de las investigaciones”.

Su plan de trabajo establece perseguir toda muerte violenta de una mujer como un posible femicidio, coordinar con la red pública el acompañamiento a las víctimas, especialmente de delitos sexuales; fijar un sistema informático de control de medidas cautelares en coordinación con municipios y tribunales.

A propósito de la situación que se vive en las primeras regiones del país, el persecutor, ante los ministros de la Corte Suprema, indicó que se debe generar, en conjunto con otros órganos del Estado, “un plan especial de persecución de los delitos que se cometen en la frontera, como tráfico de migrantes, drogas y de armas”.

Asimismo, ha sostenido que se deben lograr mayores niveles de identificación y cumplimiento efectivo de condenas o expulsiones. A su juicio, “no puede ser que una persona en situación migratoria irregular, luego de condenada y expulsada, vuelva a ingresar a seguir cometiendo delitos”.

En cuanto a la proliferación de delitos violentos en la Macrozona Sur, ya desde 2015 planteaba que se requería mirar con atención la situación.

De ser ratificado por el Senado, ha asegurado que priorizará la persecución de los delitos de tráfico de drogas y armas, incendios y robo de madera. Igualmente, considera primordial mejorar el trabajo en el sitio del suceso y el análisis de datos, para así establecer nexos entre los delitos que se cometen, cruzar evidencia y desarticular a esas bandas. Como ha expresado, también debe existir una protección a víctimas y testigos “en forma rápida y eficaz”.

Según plasmó el fiscal en su propuesta de trabajo, “la credibilidad de las instituciones y la legitimidad de estas descansa en las correctas actuaciones de los agentes del Estado, sea para investigar, detener, recoger evidencia y establecer delitos, como asimismo para mantener el orden público”.

Por lo mismo, incorpora medidas para asegurar la debida diligencia de estos casos, como fijar criterios nacionales uniformes para las indagaciones. Asimismo, y aunque hay fiscales especializados en la materia, ha sostenido que es importante dotar de capacitación constante a los persecutores.

El compromiso expresado por José Morales es que la fiscalía avance de forma contundente en disminuir las causas archivadas, y apunta a que existan criterios unificados para el ofrecimiento de suspensión condicional del procedimiento.

Respecto de rendición de cuentas por parte del Ministerio Público, asegura que las respectivas fiscalías regionales y locales deben ser capaces de transparentar resultados. “De forma que la comunidad conozca adecuadamente la labor de las distintas fiscalías, cantidad de condenas, juicios orales, esclarecimiento de casos y difusión de condenas más importantes”, expresó.