La última Cuenta Pública en que Cathy Barriga debía rendir los gastos de su último periodo ante el Concejo Municipal de Maipú, en mayo de 2021, contó con una gran ausente: la propia alcaldesa que en 2016 había ganado el sillón edilicio postulando como independiente en un cupo UDI (tienda en la que milita su esposo Joaquín Lavín Jr. y su suegro Joaquín Lavín Infante). Esa misma semana perdería frente a Tomás Vodanovic (RD) y acabaría su aspiración a ser reelecta.
Hoy no pocos al interior del municipio recuerdan la inasistencia. En esa oportunidad quien tuvo que “dar la cara” fue su entonces administradora municipal, la alcaldesa (S) Natalia Arriagada, quien había arribado al gobierno local hace pocas semanas.
A tres años de ese episodio, Barriga no podrá escudarse en un suplente y deberá asistir hasta el Centro de Justicia de Santiago el próximo martes 16 de enero. Ese día será formalizada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina. Ahí se le imputarán delitos reiterados de fraude al fisco que tuvieron como consecuencia un déficit fiscal para la comuna de casi $31 mil millones. Ese mismo día, ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, se le atribuirá además haber falsificado los datos del balance -justamente- de la rendición de cuentas del año 2020 a la que no fue.
Faltar a la verdad
La última vez que Cathy Barriga se mostró en público fue para el reciente “plebiscito de salida” constitucional. Tras votar, salió del recinto escoltada por su esposo el diputado Joaquín Lavín. Consultada por Mega por su situación judicial aseguró que todo se trataba de una persecución política de su sucesor, pero que ni fiscalía ni la Contraloría la estaban investigando. Nada más lejos de la realidad. Esta semana, de hecho, el CDE ocupando piezas del “Expediente Barriga” del Ministerio Público decidió querellarse imputándole fraudes reiterados al erario fiscal y falsificación de instrumento público, todo un mecanismo para ocupar a favor de su programa, y no de los habitantes de Maipú, el dinero del erario fiscal.
“(Barriga adoptó una) deliberada decisión de no rendir personalmente la cuenta pública de su último año de administración y dejar, en vez, que esta labor fuera asumida por su subrogante, que se encontraba hace pocos meses ejerciendo el cargo de Administradora Municipal, por lo que no tenía mayores herramientas para verificar el contenido de la cuenta y, según su declaración, se le avisó solamente un par de días antes de tener que realizar la presentación del documento, habiendo recibido un resumen ese mismo día en la tarde” se lee en el líbelo del CDE.
En ese sentido, se lee en el documento, “la querellada Cathy Barriga a través de su subrogante faltó a la verdad de forma sustancial en la cuenta pública, en tanto esta sostenía la existencia de un superávit falso, cuando en realidad la Municipalidad registraba más de $14 mil millones de déficit, lo que estaba sin lugar a dudas en conocimiento de la ex alcaldesa”.
Las pruebas
La columna vertebral de la investigación contra Barriga son las últimas pesquisas desarrolladas por la fiscal Encina, quien tomó el caso hace un par de meses cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió trasladarla la causa a una persecutora especialista en delitos de corrupción. Todo esto con el propósito de agilizar una causa que llevaba dos años abierta y sin resultados.
Otro de los insumos de los que se valdrán los acusadores en la formalización es el lapidario informe de Contraloría. Ahí se concluyó que hubo “maniobras ilÍcitas y delictuales realizadas durante la administración de la exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga y los demás responsables que llevaron a dicho municipio, durante su periodo, a un déficit de, a lo menos $30.622.935.635, al mes de junio de 2021″.
Barriga ejerció como jefa comunal entre el 6 de diciembre de 2016 y el 30 de junio de 2021, periodo en el que el CDE apunta que tanto ella como otros funcionarios municipales de su confianza, “realizaron una serie de actos constitutivos de delito que ocasionaron un sobreendeudamiento del municipio en más de 30 mil millones de pesos”. Junto con eso sostienen que “las maniobras dolosas desarrolladas permitieron aparentar una solidez financiera que no era tal, rebajando arbitrariamente e ilegalmente el resguardo de recursos a proyectos aprobados por el Concejo municipal y redistribuyéndolos para financiar actividades propias del programa de la exalcaldesa, alejándose de la planificación financiera y de inversiones elaboradas para el ejercicio correspondiente”.
Funcionarios rompen silencio
Uno de los testimonios clave es Luis González , funcionario del área de presupuesto de la municipalidad, que declaró que una forma que había de inflar ingresos era informar en la contabilidad, en la cuenta presupuestaria que correspondía a ventas de terreno, sobre supuestos terrenos que se iban a vender, lo que nunca ocurría, pero permitía aumentar el monto de los ingresos que se esperaba percibir.
Tanto Fiscalía como CDE pedirían la prisión preventiva de la exjefa comunal.
