Fiscalía vs. Jadue: imputaciones y defensa del alcalde de Recoleta

La causa en contra del alcalde de Recoleta se inició por una querella por estafa presentada por la empresa proveedora Best Quality, la que vendió productos médicos a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) el 2020, pero que acusa que nunca recibió el pago de estos. La Fiscalía durante la formalización aseguró que Jadue, valiéndose de su prestigio y posición, aparentó una capacidad económica de la asociación a sabiendas de que no tenían los recursos y pagó solo una parte del total a la empresa, generando un perjuicio de más de mil millones.

Durante la formalización, la fiscal Herrera también le imputó al alcalde de Recoleta cohecho. A juicio del Ministerio Público, la autoridad comunal lo habría cometido el 1 de julio del 2020, en una reunión con la empresa Best Quality, en la que le ofreció convertirse en proveedora de la Achifarp, y de próximos proyectos, a cambio de entregar una “bonificación” de productos avaluados en más de $ 20 millones en la sede comunal del PC. En la audiencia, la fiscal citó declaraciones y mostró fotos como pruebas de que Jadue sí habría tenido esa reunión con los representantes de la empresa e incluso de la propia entrega de los productos. Uno de los delitos por los cuales la persecutora pide prisión preventiva.

Otro de los delitos en los cuales la fiscal Herrera más se extendió a la hora de entregar antecedentes fue el de administración desleal de la Achifarp. Según imputó, mientras Jadue encabezó la organización la “utilizó para fines personales”: concentró las decisiones, realizó negocios que generaron perjuicios y ocultó el real estado financiero al resto de sus integrantes por un “factor electoral”. Esto, según dijo, para no afectar su imagen mientras era precandidato presidencial el 2021. Herrera citó declaraciones de alcaldes que formaron parte de Achifarp, exhibió el estado económico y las compras con sobreprecio por productos que fueron rematados en Meiggs.

Prácticamente todos los recursos de la Achifarp, según imputó Fiscalía, provienen del aporte de municipalidades adscritas, pero principalmente de la propia Municipalidad de Recoleta, lo que, a juicio del Ministerio Público, configura el delito de fraude al Fisco. Todo esto, según la persecutora, porque se triangulaban dineros a la organización, así como también los pagos extraordinarios para la compra de productos como el medicamento Interferón. “El patrimonio de Recoleta fue vulnerado por su propio alcalde”, señaló Herrera el jueves.

Desde un comienzo del caso tanto el alcalde Jadue como su abogado, Ramón Sepúlveda, han desconocido el delito de estafa a la empresa Best Quality. Posición que argumentaron durante la formalización, cuando su defensa calificó a la empresa proveedora como “inescrupulosa” y como la culpable de “reventar” a Achifarp. A juicio del abogado de Jadue, “no hay un acto que permita sostener que mi cliente engañó a la gente de esta empresa”, y afirmó que la compañía vendía 10 veces más caros sus productos durante la pandemia.

La defensa descartó también el presunto delito de cohecho, sosteniendo que la autoridad comunal jamás pidió la “bonificación” que ha sostenido la Fiscalía y puso en duda la foto que Herrera presentó como prueba para demostrar la reunión entre el alcalde y Best Quality. La defensa ha sostenido que esas personas le pidieron tomarse esa fotografía, algo que reafirmó durante la audiencia del jueves: “Eso al alcalde de Recoleta le pasa. Fuimos al baño en el intermedio y había unos jóvenes estudiantes, al parecer de educación media, y le pidieron la fotografía. La gente en esa época se quería sacar fotos con él”, ejemplificó para desestimar ese delito.

Sobre la imputación del ilícito de administración desleal, Sepúlveda aseguró que, contrario a lo imputado por la fiscal, “esta asociación de municipalidades tenía objetivos y directores”, quienes -según sostuvo- tenían la misión de revisar y aprobar las operaciones de la agrupación. En esa línea, apuntó a las autoridades comunales que integraban Achifarp, señalando que “los alcaldes en esto tenían que tener un rol activo y no lo tenían, lo tenía el alcalde de Recoleta”. Y este, aseguró, habría informado de las operaciones a todos los integrantes de la asociación.

A lo largo de su intervención, el abogado Sepúlveda descartó radicalmente que el alcalde Jadue haya incurrido en el delito de fraude al Fisco, por lo cual pide rechazar la prisión preventiva. Este viernes sostuvo que “él no actuó dolosamente, él no quiso que se cometiera un delito de fraude al Fisco, él no quiso facilitar el traspaso de esos dineros”. Algo a lo cual ya había hecho referencia el jueves, el primer día que alegó, cuando sostuvo que se “podrá creer que hubo un error, sí, pero creer que hubo un acto malicioso del cual él quiso generar un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Recoleta no es cierto”. Además de eso, apuntó que no existen antecedentes en la investigación que permitan acreditar “esta teoría conspirativa de la Fiscalía”.