Bicameralidad

La derecha defendió que el Poder Legislativo se mantuviera bicameral. Esto fue promovido por la UDI, RN y Evópoli. Esta bicameralidad implicaba mantener el Senado y que ambas cámaras fueran simétricas o espejo, es decir, tuvieran las mismas funciones legislativas.

Unicameralidad

Los partidos de izquierda fueron los principales defensores de cambiar la estructura del Congreso. El Frente Amplio y el Partido Comunista fueron de la idea de que Chile tenía que dejar de ser bicameral, eliminar el Senado y que el Poder Legislativo solo estuviera compuesto por la Cámara de Diputados.

Bicameralismo asimétrico

Los constituyentes del Partido Socialista desde el comienzo defendieron el bicameralismo asimétrico, es decir, mantener dos cámaras legislativas, pero que tuvieran diferencias en sus funciones. Específicamente, buscaban que la Cámara Baja se ocupara de aspectos políticos, mientras que la alta representara a las regiones.

Sistema parlamentario

El Frente Amplio desde un inicio hizo todo lo posible para que se aprobara modificar el actual sistema político para que Chile avanzara hacia un régimen parlamentario.

Sistema presidencialista

La UDI y el PC defendieron el presidencialismo y más tarde se entusiasmaron con la figura de una vicepresidencia paritaria. La diferencia entre ambos partidos era que los comunistas, además, apoyaban la posibilidad de poder revocar el mandato del Presidente. Algo que la UDI siempre rechazó.

Sistema presidencialista

Los partidos RN y Evópoli defendieron el semipresidencialismo. Esto se traducía en la figura de un presidente y un primer ministro.

Lo que quedó: Sistema presidencial y bicameral asimétrico

El principal cambio propuesto por la Convención relativo al sistema político radica en el Poder Legislativo. Según determinó el pleno, el actual Senado pasaría a ser una Cámara de las Regiones, que tendría facultades como discutir leyes de acuerdo regional, como las que reformen la Constitución, el funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales, así como también las que regulen los estados de excepción constitucional, la de presupuestos, aquellas que implementen el derecho a la salud, educación y vivienda, entre otras.

Asimismo, el pleno zanjó que la ley determinará el número de representantes elegidos por región para esta Cámara, y que este debe ser igual para cada una de ellas y no inferior a tres, además de cumplir con el principio de paridad de género.

En relación al Congreso de Diputados y Diputadas que reemplazaría a la actual Cámara Baja, se consagró que este es un “órgano deliberativo, paritario y plurinacional”, compuesto por no menos de 155 integrantes que “concurre a la formación de las leyes”.

En cuanto al Poder Ejecutivo, el pleno definió mantener el régimen presidencialista, pero, como lo llaman los convencionales, “atenuado”, en mayor balance por el Legislativo. Se visó, además, que el Presidente podrá ser reelecto por un período y que podrá postularse desde los 30 años.

También se propone una norma que refiere a democracia paritaria, que dentro de su contenido señala que “el Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados”.

Pluralismo jurídico

Este fue uno de los mayores triunfos de los escaños reservados. La principal impulsora de este asunto en esta comisión fue la convencional mapuche Natividad Llanquileo. Esta idea también recibió el fuerte respaldo de la Coordinadora Plurinacional y posteriormente del resto de los colectivos de izquierda. La UDI siempre estuvo en contra. En tanto, en RN y Evópoli comentan que, a pesar de que no era una idea de ellos, sí hicieron una propuesta de pluralismo jurídico que, dicen, no era maximalista, estaba acotada y establecía explícitamente el derecho a elección.

Eliminación del TC

La gran bandera del Frente Amplio en esta comisión temática fue la eliminación del Tribunal Constitucional (TC). El principal promotor de esta idea fue el convencional Christian Viera y por fuera de esta instancia también estuvo Fernando Atria. Viera logró sumar otros apoyos en la comisión, como, por ejemplo, el del Partido Comunista. Así, ambos colectivos políticos presentaron la idea de eliminar el TC para traspasarle esa función a una sala especial de la Corte Suprema y terminar así con el modelo de justicia constitucional especializada.

Corte Constitucional

El Colectivo Socialista, Pueblo Constituyente y el colectivo de RN y Evópoli se jugaron todas sus cartas para tener una justicia constitucional especializada. Eso significaba mantener el modelo del TC, con modificaciones a su nombre, con otras atribuciones y con una composición distinta. Así fue como nació la idea de crear la Corte Constitucional.

Limitación de duración de los supremos

Una modificación relevante en relación a la judicatura era la limitación de la duración de los ministros de la Corte Suprema. Actualmente los supremos están en su cargo hasta que llega su jubilación a la edad de 75 años. Para muchos convencionales esto era un exceso y rigidizaba mucho al máximo tribunal. Por lo mismo, desde un inicio se puso sobre la mesa limitar sus periodos. Esta idea concitó un apoyo transversal y la diferencia estuvo en los detalles. Mientras el Frente Amplio, el PC y el resto de los colectivos de izquierda querían limitar la duración a 10 años, la derecha estuvo por limitarla a un periodo de 15.

Lo que quedó: dos sistemas de justicia y el nuevo TC

Uno de los grandes ganadores de los contenidos constitucionales que se aprobaron en materias vinculadas a los Sistemas de Justicia fueron los escaños reservados. El pluralismo jurídico fue uno de los primeros artículos que logró pasar la mayoría de la comisión y luego los 2/3 del pleno.

La norma establece que si se aprueba la nueva Constitución, existirán dos sistemas de justicia. Por un lado estará el Sistema Nacional de Justicia -integrado por los tribunales ordinarios-, cuya misión será juzgar a las personas no indígenas. Por otro lado, existirán los Sistemas de Justicia Indígenas, la jurisdicción que dependerá de las tradiciones y costumbres de cada pueblo originario y estará encargado de juzgar a los indígenas. Ambos sistemas deberán convivir en un plano de igualdad y estarán bajo la Corte Suprema.

Cuando se puso sobre la mesa la opción de avanzar hacia este modelo de justicia, los colectivos de izquierda se sumaron a la idea. Uno de los aliados fuertes fueron los convencionales de la Coordinadora Plurinacional. Luego se sumaron el Frente Amplio, el PC, los socialistas y el resto de los colectivos.

La UDI siempre estuvo en contra, por lo tanto perdió de inmediato esta batalla. En la otra derecha, el colectivo que reúne a los convencionales de RN y Evópoli, este artículo tampoco concitó su apoyo. Otro de los que no tuvieron éxito fue el convencional Mauricio Daza, de Independientes No Neutrales. El constituyente quiso, en reiteradas ocasiones, establecer que los asuntos penales quedaban excluidos de los Sistemas de Justicia Indígenas, pero esa norma fue desechada por el pleno.

Consentimiento indígena

Una de las luchas de los escaños reservados fue dejar explicitada la obligación que tiene el Estado de consultar a los pueblos indígenas de forma previa cuando existan situaciones que afecten sus derechos. Esta ha sido siempre una demanda de los pueblos originarios y que, de hecho, ya era una obligación para el país debido al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Chile es parte. Sin embargo, los escaños reservados querían ir más allá y en esta comisión movieron toda su influencia para elevar el estándar de la consulta para que ahora el Estado tuviera la exigencia de buscar el consentimiento de los pueblos originarios cuando se quisieran hacer cambios o políticas públicas que los afectaran.

Asambleas legislativas regionales

El Frente Amplio impulsó, en un inicio, un modelo de Estado que incluía asambleas legislativas regionales. Esta idea fue apoyada por convencionales de ese colectivo como Amaya Álvez y Jeniffer Mella. A medida que la propuesta se fue instalando en la comisión luego concitó el apoyo del resto de los colectivos de izquierda, sobre todo de Independientes No Neutrales. El punto central de esas asambleas legislativas es que tenían la facultad de tramitar y aprobar leyes regionales que tendrían efecto únicamente en ese territorio. En el Partido Comunista, en tanto, comentan que estuvieron en contra de esta idea, ya que eran partidarios de que la facultad para legislar solamente tenía que residir en el Poder Legislativo a nivel central.

Estado regional

Transformar a Chile en un Estado regional fue una de las grandes cruzadas de colectivos como Independientes No Neutrales y del Frente Amplio. Del primer grupo uno de los principales rostros que movió esta idea fue la convencional Tammy Pustilnick. Debido al tipo de funcionamiento de esta comisión, que solía trabajar de forma transversal, con el tiempo varios de los otros colectivos se sumaron. Avanzar hacia un Estado regional implicaba descentralizar el país y transferir facultades hacia las regiones. Eso, a su vez, tenía que ir acompañado de un modelo de entidades territoriales autónomas que dejaran de depender mayoritariamente del poder de la administración central.

Lo que quedó: un Estado regional, pero sin atribuciones legislativas regionales

El borrador de nueva Constitución establece que “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. También se afirma que el Estado se organiza territorialmente en regiones y comunas autónomas, además de autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Se explicita que las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Pese a que se pasa de un Estado unitario a uno regional, el proyecto de nueva Constitución explicita que Chile forma un territorio único e indivisible. Eso sí, las regiones y comunas autónomas, junto con las autonomías territoriales indígenas, estarían dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines, según los términos establecidos por la Constitución y la ley. Asimismo, la comisión aportó uno de los artículos más controvertidos, relativo a que “los pueblos indígenas deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

Sobre este último punto, se visó que las entidades territoriales reconocerían los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios.

Derecho a la propiedad

Los convencionales de derecha fueron quienes defendieron con más fuerza el derecho a la propiedad, siendo el colectivo de independientes-UDI el principal impulsor de esta garantía constitucional en muchos aspectos: de la vivienda -en su propiedad, uso y goce-, de los ahorros y de las pensiones. Por su parte, el Frente Amplio e Independientes No Neutrales impulsaron una norma minimalista sobre este derecho, la que prevaleció en la Comisión de Derechos Fundamentales y llegó a ser despachada en el borrador.

Aborto

Esta temática fue impulsada por las convencionales feministas de los distintos colectivos de izquierda, como el Frente Amplio, Chile Digno, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales. Estos grupos también buscaron instalar temas como los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral.

Inexpropiabilidad de los fondos de pensiones

La UDI y RN intentaron instalar el derecho a la propiedad privada dentro de los artículos relativos a los fondos de pensiones. Por lo mismo, defendieron la idea de fortalecer los mecanismos de capitalización individual. Desde el resto de colectivos no se consideró que fuese necesario explicitar en el proyecto de nueva Constitución que los fondos son inexpropiables. Los comunistas, en tanto, eran partidarios de un sistema tripartito, que mantuviera el financiamiento a partir de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y agregara la figura de las cotizaciones obligatorias de los empleadores y el aporte estatal.

Salud y educación

En general, estas dos temáticas fueron banderas de lucha comunes entre los colectivos de izquierda. Colectivo Socialista y el Frente Amplio pretendían lograr el aseguramiento del financiamiento para la educación pública, un sistema universal de salud. Eso sí, los socialistas especifican que ellos querían incluir la participación de privados en el sistema. Sectores más radicales, como la Coordinadora Plurinacional o Pueblo Constituyente, buscaban generar cambios más drásticos, como restringir o limitar la participación del sector privado en la educación.

Lo que quedo: la celebración por aborto, salud y educación

Respecto al derecho a la salud, la eventual nueva Carta Fundamental establece que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”. La norma también crea un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, que será financiado a través de la “las rentas generales de la nación” y se podrá establecer por ley el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores.

En cuanto a la educación, junto con establecer que “todas las personas tienen derecho a la educación” y que esta es “un deber primordial e ineludible del Estado”, la propuesta de la Convención crea un Sistema Nacional de Educación. Este será integrado por “los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado”. De igual forma fue consagrada en el borrador la libertad de enseñanza.

Sobre las pensiones, el texto crea un sistema de seguridad social público, que terminaría con el actual sistema de ahorro personal vía AFP, pero sus alcances quedaron -de aprobarse la nueva Constitución- a interpretación y a las leyes que posteriormente realice el Congreso. La garantía de la inexpropiabilidad de los fondos fue descartada en este sentido.

También se consagraron los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de estos últimos se consagra el derecho “a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. El Poder Legislativo sería el encargado de definir y aprobar el plazo para la interrupción del embarazo.

Derechos de la naturaleza

Aunque incluir los derechos de la naturaleza en la Carta Magna fue una idea respaldada por gran parte de los colectivos, sus principales impulsores fueron los “Eco Constituyentes”, que provienen de colectivos como No Neutrales, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. Estos grupos explicitaron que buscaban consagrar temas como resguardar la “semilla ancestral y campesina”, reconocer la función “ecológica y social de la propiedad” y crear una Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza.

Agua

De forma transversal, los colectivos eran partidarios de establecer el derecho al agua dentro de la propuesta de Constitución. Sin embargo, destaca que los “Eco Constituyentes” buscaron eliminar la propiedad privada sobre derechos de agua. El FA, por su parte, fue uno de los principales impulsores de garantizar el agua como derecho humano.

Minería

En el caso de los “Eco Constituyentes” pretendían eliminar la propiedad privada sobre concesiones mineras. Por lo mismo, este grupo dio pie a las iniciativas sobre nacionalización minera, las que finalmente fueron rechazadas por el pleno. También defendieron que los pueblos originarios percibirán una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir derivado de las actividades mineras.

Desde los colectivos de derecha manifestaron constantemente su negativa ante la idea de nacionalizar la minería. Según argumentaron, Chile no tiene para pagar ese proceso.

Los comunistas, por su parte, estaban a favor de una definición más taxativa del rol del Estado en la minería.

Lo que quedó: una naturaleza con derechos y el agua incomerciable

Uno de los mayores triunfos de esta comisión fue todo el estatuto constitucional que reconoce los derechos de la naturaleza. Esta es una de las grandes innovaciones que hace la propuesta de nueva Constitución, incluida la norma que reconoce que los animales son seres sintientes. A pesar de que son varios los colectivos que admiten que apoyaban este tema, el Frente Amplio fue uno de los colectivos que más los empujó. Lo mismo pasó con un grupo transversal de constituyentes llamado “Econstituyentes”. En este tema, otro de los ganadores fue el colectivo Pueblo Constituyente, que empujó la creación de la Defensoría de la Naturaleza.

Otro tema clave de esta comisión fueron los artículos que regulan el derecho al agua. Aquí destacó el exitoso protagonismo de Movimientos Sociales Constituyentes, grupo en el cual estaban presentes los convencionales vinculados con Modatima, un movimiento que defendía el derecho al acceso al agua.

En el Partido Comunista reconocen que una de las derrotas que más les importó se dio en esta comisión. En ese colectivo comentan que el partido quería impulsar que la propuesta de nueva Constitución tuviera “una definición más taxativa” del rol que debería tener el Estado en la minería. Lo que se terminó aprobando fue un estatuto para la minería que rechazó cualquier intento por expropiar y también por nacionalizar minerales como el cobre o el litio.

En esta comisión, donde se discutía el modelo económico, quienes constantemente fracasaron en sus propuestas fue la derecha.