Gobierno avanza en fórmula para reemplazo del CAE

Hace algunos días desde Presidencia le hablaron fuerte y claro a los equipos del Ministerio de Educación encargados de elaborar la propuesta sobre un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la consiguiente condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE): había que apurar el tranco. ¿La razón? Si bien públicamente tres ministros (Mario Marcel por Hacienda, Nicolás Cataldo por Educación y Camila Vallejo por Segpres) salieron esta semana a reforzar la idea de que septiembre es el tope para presentar el proyecto, el Presidente Gabriel Boric quiere dar detalles más concretos que un mero plazo en su próxima cuenta pública. Sobre condonación, sí, pero también acerca de la propuesta que le presentarán al Congreso y la ciudadanía.

Propuesta que, por cierto, ha ido puliéndose con no pocos tiras y aflojas internos que se han dado desde casi el inicio de esta administración y que tras un intercambio durante el verano entre el Presidente y los ministros Cataldo y Marcel tomó un rumbo más claro. Ese día se ratificó avanzar en un diseño que implica una gradualidad en la medida que favorezca a los sectores de menores ingresos, así como también que la discusión sobre la condonación debía sostenerse al mismo tiempo que la del nuevo sistema, puesto que no hay lo segundo sin lo primero, descartando la idea inicial de presentar proyectos de ley separados. La estrategia ahora es que todo vaya contenido en una sola iniciativa.

Autocontenido, progresivo y justo. Esos son los tres principios en los cuales el gobierno dice estar construyendo la propuesta de reemplazo del CAE.

Y así, estos días se ha llegado a cierto consenso sobre una alternativa que apunta a una especie de autopréstamo y que aparta a los bancos de toda la nueva operación, un aspecto fundamental (una suerte de intransable ideológico) para una de las almas del Ejecutivo, esa que justamente nació en las movilizaciones estudiantiles que abogaban por ponerle fin a las deudas por estudiar.

La propuesta que baraja el gobierno y que suma adeptos en la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Educación señala que aquellas personas que no puedan pagar sus estudios o que no accedan a la gratuidad comenzarán a pagar su carrera una vez egresados de ella, con un periodo de gracia de por medio.

Algunos de los conocedores señalan que este periodo podría ser de dos años, aunque aún no se ha zanjado del todo. Una vez transcurrido ese tiempo, las personas comenzarán a devolver el monto a través de un mecanismo que aún está definiéndose, pero que podría ser en la operación de renta anual, un pago directo en Tesorería o incluso un descuento mensual por planilla, tal como hoy ocurre con la salud o la previsión social. Qué porcentaje se descontaría tampoco se ha zanjado, aunque no pocas voces hablan de alrededor de un 7% de los ingresos, pero es uno de los parámetros, término utilizado permanentemente en la discusión, que todavía están en debate.

¿Por cuánto tiempo deberá pagar esa persona? Entendidos en la materia aseguran que toma fuerza la idea de fijar un tope de años, por lo que habrá personas que al cabo de ese tiempo pagarían “menos” que el costo real de su carrera y otros más, estableciendo así el componente solidario que también se busca con el mecanismo, donde los segundos financiarían a los primeros. De hecho, los cálculos del Ejecutivo son que con el correr de los años todo el sistema incluso arrojaría números azules. A pesar de esto, todavía hay quienes abogan por establecer más una lógica de crédito, es decir, pagar hasta devolver lo requerido por estudiar.

Al respecto, el senador Jaime Quintana (PPD) cree que “sin solidaridad es muy difícil construir políticas públicas. En educación superior si bien existe un compromiso explícito del Presidente, lo cierto es que es también una tarea pendiente de los últimos dos gobiernos”.

Sea cual sea la fórmula debe cumplir con el carácter de autocontenido exigido por el ministro Marcel, es decir que el nuevo sistema genere sus propios recursos.

¿Y en este proyecto de ley quién pagará a las instituciones de educación superior el dinero que posteriormente devolverá el estudiante? El Estado. La lógica con que se trabaja en la elaboración de ese aspecto de la propuesta es muy similar a las reglas de la política de gratuidad (que no se eliminará), donde el Estado fija un arancel a las instituciones y le pasa el dinero por ese monto, lo que muchas veces ya ha enfrentado a los rectores con el Mineduc, flanco que podría tener otra arista, toda vez que se está considerando que el nuevo mecanismo tenga sus propios aranceles regulados, distintos a los estipulados en caso de gratuidad.

“No se puede pagar sin tener regulación”, dicen entendidos en la materia, quienes aseveran que estos no serían calculados con la misma lógica que los aranceles de la gratuidad, por lo que serían más beneficiosos para las instituciones. Con todo, voces de la educación superior advierten que esto podría desfinanciar el sistema.

¿Qué pasa con los que no egresan porque no terminan la carrera o son expulsados? ¿Y si alguien no encuentra trabajo? Son todas dudas que, según conocedores, aún no se han abordado y entrarán en una segunda etapa del debate.

La fórmula que comienza a esbozarse ya empezó a ser socializada con sectores del Frente Amplio, el Socialismo Democrático e incluso de la oposición, donde fuentes de Palacio aseguran que ha tenido buena llegada, porque ven que con este mecanismo de reemplazo del CAE el Estado tendría más capacidad de recaudar el dinero invertido.

En la oposición además se valora que la fórmula tiene aspectos similares a proyectos presentados por ellos en el pasado, como el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) propuesto en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que buscaba reemplazar al CAE con un mecanismo administrado por el Estado.

El vicerrector académico de la U. Finis Terrae y subsecretario de Educación Superior de esa época, Juan Eduardo Vargas, señala ahora que “cerrarse o decir sin más que nuestro actual sistema no tiene fallas sería un error. Hay cosas por hacer. Evidentemente que el CAE es un sistema que debe ser mejorado por otro sistema, pero la condonación es una pésima política”.

En La Moneda sostienen que la condonación del CAE es una de las pocas banderas simbólicas que aún quedan en pie. Por eso el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ha extremado esfuerzos para afinar una propuesta de condonación, la que ha sido trabajada en conjunto con Presidencia y Hacienda, donde se ha logrado convencer al ministro Marcel de lo imperioso de cumplir esta promesa de campaña.

Las definiciones que se han tomado en este aspecto apuntan a que todos los deudores del CAE serán beneficiados, pero no todos por igual. “La gente deberá menos o no deberá”, resumen conocedores de las conversaciones.

Además, se zanjó que no se aumentará la carga impositiva de los deudores, a quienes el proyecto de ley priorizará con variables sociales para determinar si será más o menos beneficiado por la condonación parcial de la deuda. Pero, asimismo, se buscará premiar a quienes estén al día con sus cuotas. Con esto se responde al componente de justicia, otro de los ejes del proyecto.

¿Y los recursos para esto? Fuentes ligadas a la elaboración del proyecto señalan que la condonación no necesariamente implicará buscar dineros nuevos, sino que se podrían redireccionar algunos presupuestos. Asimismo, que al eliminar el CAE se dejarán de pagar las garantías a los bancos, lo que será un ahorro e incluso un activo.

Conocedores del trabajo advierten, en todo caso, que aun cuando en general hay temas listos y detallados, incluso aventurándose con que hay un 90% de los artículos redactados, lo cierto es que quedan algunos muy complicados por resolver. Agregan que estos representan buena cuota del peso del proyecto de ley, algunos de los cuales hay que trabajar con Hacienda y que tienen relación con lo financiero, como la conversación que hay que tener con los bancos que han otorgado los créditos y cómo se negociarán las cuotas que se condonen.