Durante su primera Cuenta Pública -el 1 de junio pasado- el Presidente Gabriel Boric anunció 26 medidas referentes a avanzar hacia una “mejor democracia”, entre ellas, aumentar el monto de las pensiones de gracia para quienes fueron víctimas de vulneraciones durante el estallido de octubre de 2019. Sin embargo, el gobierno decidió ir más allá, puesto que también aceleraron la aprobación de dichos beneficios y flexibilizaron ciertos criterios. Así, en tres meses visaron 296 ayudas económicas para quienes denunciaron haber sufrido un menoscabo laboral producto de la acción de agentes del Estado.
Las determinaciones son parte de la política de justicia y reparación que ha establecido su administración, aunque también coincide con reclamaciones realizadas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad encargada de calificar la condición de víctima de los solicitantes. Fue en enero que la entidad dirigida en ese entonces por Sergio Micco cuestionó al Presidente Sebastián Piñera por haber dado luz verde a sólo 49 de las 145 pensiones solicitadas, y si bien en ese momento el entonces subsecretario Juan Francisco Galli indicó que aquello respondía a una priorización de los casos, los reproches continuaron y meses más tarde el exdirector expuso sus reparos ante Izkia Siches, en su calidad de ministra del Interior, demandando respuestas.
Así las cosas, la tramitación comenzó a agilizarse, y de un total de 401 presentaciones ante el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior -repartición que recibe las calificaciones hechas por el INDH y determina el tramo asignado a cada caso- dio respuesta a positiva a 345. De ellas, conforme al detalle entregado por la Subsecretaría, 148 tienen su decreto totalmente tramitado y los montos de otorgamiento que fueron inicialmente establecidos corresponden a $180.485 y $257.836, dependiendo de la categorización que se haya hecho, en este caso persona con lesiones graves o con lesiones gravísimas.
En el mismo sentido, especificaron que 152 pensiones se aprobaron con esos mismos montos y que la fecha de pago estimada será entorno a la segunda quincena de este mes. Además, señalaron que 45 solicitudes recibieron visto bueno en la sesión de la comisión celebrada el 11 de agosto y tienen fecha de entrega estimada para la segunda semana de diciembre.
Los 56 casos restantes, en tanto, no han sido resueltos, pues según indicaron desde la división, corresponden a personas extranjeras en proceso de regularización, son personas que están en proceso de ser contactadas o porque en la carpeta con sus antecedentes no se adjuntó información de contacto.
“Hemos tenido una especial preocupación en este aspecto. Desde el Departamento de Acción Social hemos mantenido una relación con los representantes de las víctimas para acelerar el proceso de reparación que, a nuestro juicio, no tiene sólo que ver con la entrega de pensiones, que hasta ahora eran de un menor valor, sino que debía ser una preocupación y atención mucho más integral. Y precisamente por eso este Gobierno decidió abrir un proceso de reparación integral que lleva adelante la subsecretaría de Derechos Humanos”, manifestó ante el trabajo desarrollado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Revalorización
Como se expuso, la aceleración del proceso, no fue la única innovación que incorporó la nueva administración, puesto que en el mes de agosto también se estableció una nueva categorización y montos por tramo.
Antes del 11 de marzo de este año, el gobierno anterior clasificaba los casos de personas de acuerdo a cuatro categorías: la primera estaba destinada a personas que hayan sufrido agresiones físicas y se les asignaba 0.3 Ingreso Mensual No Remuneracional (IMM), o sea, $77.350; el segundo estaba enfocado en personas con afectación psicológica y se le asociaba un monto de $128.918 (0.5 IMM); el tercero para personas con lesiones graves, quien debían recibir $180.485 (0.7 IMM); y en cuarto lugar, el tramo destinado a personas con lesiones gravísimas, para quienes se disponían $257.836 (1 IMM).
Pero ahora, por instrucción del Presidente Gabriel Boric se fijaron sólo tres tramos: $257.836 (1IMM) para personas que hayan sufrido agresiones físicas, $386.754 (1.5 IMM) para personas con lesiones graves con afectación psicológica y $515.672 (2 IMM) para personas con lesiones gravísimas (fallecimiento, trauma ocular irreversible, lesiones gravísimas no oculares, violación).
Consultados respecto de las razones esgrimidas para hacer la modificación, desde la entidad de gobierno manifestaron que “se considera un monto mayor en búsqueda de dar una respuesta efectiva en materia de reparación a quienes fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, en el contexto del estallido social”. Por lo mismo, agregaron que las pensiones otorgadas antes de agosto, serán ajustadas a la nueva fórmula.
De la misma forma, señalaron que si bien anteriormente la fecha límite para que una víctima se considerara como tal había sido establecida entre el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, aquello se extendió hasta el 31 de junio de 2020. Ese límite, eso sí, tiene ciertas flexibilidades, dado que desde la subsecretaría también hicieron presente que “si fueran remitidas solicitudes con una fecha posterior a la indicada, serán considerados como ‘solicitudes especiales’”.
Por ahora, el tiempo estimativo de demora en el proceso administrativo para que un decreto este totalmente tramitado es de tres meses, pero en la unidad en cuestión están buscando mecanismos para reducir ese tiempo a dos meses.
Los sinsabores que ha dejado la fórmula
Pese a que la iniciativa ha sido valorada por diferentes sectores, desde el INDH miran con distancia el mecanismo, por cuanto es una “política que no cumple con estándares de integralidad, proporcionalidad y universalidad”, según menciona la directora de la entidad, Consuelo Contreras. Aún así, explicó que la unidad jurídica está recibiendo los antecedentes y definiendo si corresponde o no la medida en cuestión.
“Uno de los factores que el INDH considera crítico, es que para la acreditación de las víctimas y para el otorgamiento de las pensiones, la glosa 12 - ahora glosa 15 de 2022 - requiere que la violación a los derechos humanos debe haber generado un menoscabo laboral en las víctimas, lo que en muchos casos no pudo ser demostrado por ellas, perjudicándolas en su acceso a medidas de reparación”, agregó.
Asimismo, reprochó que “el Estado todavía no se ha manifestado oficialmente sobre la incompatibilidad de recibir más de un beneficio -por ejemplo- si una víctima recibe una pensión por invalidez, eventualmente no podría recibir una pensión reparatoria, lo que amplía la incertidumbre de las víctimas sobre su condición”.
