Homicidios en el norte crecen 46% y asesinatos de venezolanos se triplican

Para los vecinos del sector de Tocornal con Santa María, en la comuna de San Joaquín, la emergencia que se suscitó el pasado 28 de septiembre alrededor de las dos de la madrugada fue impactante. Habían presenciado riñas y conflictos menores, pero nunca habían tenido que llamar a bomberos por un vehículo envuelto en llamas y luego ver cómo en su interior se descubría el cuerpo de una persona totalmente calcinada. “Fue sorprendente”, comentaron quienes viven en la zona, desconociendo que al tener mayores detalles del caso, la escena sería muchísimo más grave.

Tras semanas de investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur, en coordinación con la Brigada de Homicidios, se estableció que la víctima era un ciudadano peruano de 26 años, líder de una banda dedicada al tráfico de drogas y quien había sido torturado antes de que le prendieran fuego, acción que los victimarios realizaron cuando él aún estaba vivo. De los presuntos responsables, como detalló el fiscal Héctor Barros tras su detención, se sabe que integraban el mismo clan, que también son peruanos y que habrían planificado el crimen para apoderarse del control de la agrupación.

El hecho -quizás uno de los más cruentos registrados el último tiempo, de acuerdo con los investigadores- es uno de los homicidios perpetrados este 2022, año en que, de acuerdo con cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), se acumulan 753 víctimas.

La problemática mantiene en alerta a las autoridades, puesto que si se compara el escenario con el mismo periodo en 2021 (1 de enero al 23 de octubre), se evidencia un alza a nivel nacional de 33,5%. Y sólo en cinco de las 16 regiones los casos muestran un descenso.

Entre las zonas donde se registra un mayor incremento aparece claramente el norte del país. Y es que si se suman los homicidios ocurridos en las cuatro primeras regiones, la cifra llega a 46%, o sea, 12,5 puntos porcentuales más que el promedio nacional. Aquello, como se desprende de los números, movilizado especialmente por lo que ocurre en Atacama, donde los casos subieron 112,5%, pasando de ocho en 2021 a 17 en 2022.

Al analizar la situación, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, indicó que aunque las cifras locales no se comparan con el panorama que exhiben otras zonas -como la Región Metropolitana, que este año registra 296 asesinatos-, “la problemática merece toda nuestra preocupación”. A su juicio, por lo demás, lo que están enfrentando “refleja una lamentable realidad que se vive a nivel país”.

En el mismo sentido, al abordar los factores que influyen en el incremento de los casos, el persecutor manifestó que “los delitos de homicidio en la región ocurren principalmente en el marco del consumo de alcohol y drogas, riñas o rencillas anteriores. Además, un problema que no ocurría hasta hace un tiempo y que cada día es más habitual es el aumento de la violencia y la utilización de armas de fuego convencionales y de fabricación artesanal”.

“Existe un preocupante aumento de delitos vinculados al porte, tenencia y uso de armas de fuego que ha sido abordado por nuestra Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que ha logrado sacar de circulación una importante cantidad de armas en las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla, además de las respectivas condenas para las personas investigadas”, complementó Rogat.

Justamente esas características se conjugaron en un robo con homicidio perpetrado en junio en el estacionamiento de un centro comercial en Copiapó. De acuerdo con los antecedes, un grupo de sujetos a rostro cubierto abordaron a un trabajador de la empresa Starken en los momentos en que este se estacionaba a las afueras de la sucursal de dicha empresa. Pero como la víctima puso resistencia, le dispararon y así lograron sustraerle el bolso con dinero en efectivo que portaba.

De todas maneras, la tendencia al alza también azota al sur del país, especialmente a la Región del Biobío, donde se contabilizan 87 casos en lo que va del año, 74% más que en 2021. Desde ahí, la fiscal regional Marcela Cartagena insistió en que “el aumento obedece a la proliferación del crimen organizado”, lo que “representa una mayor complejidad en la investigación”.

“Estamos hablando de crímenes más planificados, lo que conlleva una serie de acciones de parte de sus autores para tratar de conseguir la impunidad. Se agrega la dificultad en cuanto a la obtención de testimonios de testigos que estén dispuestos a participar en el proceso penal, considerando los contextos de violencia en los que se ejecutan estos ilícitos”, agregó la persecutora, haciendo presente que, por lo mismo, han tenido que cambiar las técnicas que comúnmente se utilizaban para indagar este tipo de delitos.

Si bien han podido avanzar en ello, ambos fiscales regionales insistieron en que, ante el escenario actual, “se hace indispensable un ajuste en la dotación de fiscales y funcionarios”.

Adicionalmente, el fiscal Rogat indicó que les urge que las policías también sean reforzadas: “Se hace necesario que esta zona cuente, a lo menos, con una sección OS-9 de Carabineros y aumentar la dotación de la PDI en algunas brigadas, porque pese a su escasa dotación, tienen una cobertura regional, como la Brigada de Homicidios de la PDI”.

Coincidiendo con la fiscal Cartagena, el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, subprefecto Jorge Abatte, asegura que al ponderar qué está influyendo en el incremento de este delito, hay que incluir, necesariamente, la proliferación de bandas criminales. “Esos grupos, principalmente asociados a narcotráfico, tienen disputas territoriales asociadas a la comercialización de sus productos, y eso provoca mayor cantidad de ataques entre las organizaciones”, manifestó.

Respecto de la eventual injerencia de agrupaciones extranjeras, Abatte aseguró que la participación de ciudadanos de otras nacionalidades está aumentando en función de que la migración también ha ido al alza, por lo que descartó que la mayor cantidad de homicidios se deba a ellos. De hecho, hizo presente que la cantidad de víctimas de otros países también se elevó.

Si entre el 1 de enero y el 23 de octubre de 2021 hubo 64 extranjeros víctimas de homicidio, durante el mismo periodo en 2022 se contabilizaron 82, o sea, 28% más. El grupo que más creció fue el de los venezolanos.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que se sigue con atención la evolución de este delito, dado que “entrega información de cómo la violencia se instala a través de modos de operar”. Y aunque reconoce que las cifras muestran un alza respecto del año pasado, es enfático en que las medidas adoptadas están rindiendo frutos y recalcó que están “trabajando y evaluando nuevas fórmulas”.

Ante la petición que han hecho autoridades locales respecto de un eventual despliegue de militares en la zona Norte, por el aumento de la delincuencia, el subsecretario subrayó: “Siempre estamos evaluando las herramientas que tenemos para reforzar la seguridad. Hoy un nuevo Estado de Excepción en la zona Norte no está considerado, principalmente porque creemos que tenemos otras alternativas, hemos aplicado otras iniciativas y estamos trabajando y evaluando otras fórmulas”.

Entre ellas, ejemplificó, la agenda de trabajo interministerial con las y los alcaldes de la zona, “porque entendemos también que la inseguridad debemos abordarla desde la seguridad que puede entregar el Estado para el desarrollo integral de las comunas en materia de conectividad, acceso a la vivienda y servicios básicos”. Todo se verá fortalecido, comprometió, con los mayores recursos anunciados para la investigación y el reforzamiento de las capacidades policiales.

El caso del ciudadano peruano que fue encontrado calcinado al interior de un auto no aparece como un hecho aislado en el último tiempo y, por lo mismo, la PDI ha comenzado a analizar dicha “modalidad” como una “derivada” de los homicidios que generalmente ocurrían en territorio nacional.

En Lo Espejo sucedió algo similar y también en Punitaqui, y si bien la problemática no se observa como un fenómeno instalado, como comenta el subprefecto Abatte, se trata de una situación que los tiene en alerta, sobre todo por las dificultades que suponen desde la perspectiva de la investigación.

Hasta ahora, de acuerdo con los casos que les ha tocado indagar, comentó que esa forma de cometer el delito “generalmente tiene detrás una intencionalidad asociada a ocultar la identidad de la víctima y eliminar los indicios o medios de prueba que pudiesen existir”.

Agregó que han advertido que detrás de estos crímenes no sólo hay estructuras criminales o bandas organizadas, ya que en algunos casos hay participación de delincuencia común, e incluso, actos relacionados con violencia de género.