Este miércoles, la Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte Marcial de rechazar la ampliación del procesamiento de la ministra en visita Romy Rutherford en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre. Para el abogado del general del “nunca más”, Jorge Bofill, la decisión de la magistrada “carecía de fundamentos”.
¿Cómo califica la ratificación de la Suprema?
Estamos muy satisfechos por esta resolución, ya que lo que hace es confirmar lo que hemos dicho siempre de que Juan Emilio Cheyre no incurrió en esas conductas que se le atribuían; él es un hombre austero, pero por sobre todo íntegro, y Juan Emilio Cheyre nunca tocó un peso del Ejército. Esta resolución viene a darle la razón al general respecto de que durante todo su periodo no incurrió en ninguna conducta ilícita relacionada con el patrimonio del Ejército.
El CDE decía en su recurso que presentó ante la Suprema, que la decisión de la Corte Marcial hacía imposible continuar el juicio. ¿Comparte ese diagnóstico?
No me gusta opinar de los argumentos de las contrapartes, pero yo lo que entiendo es que ese argumento lo hicieron con el propósito de evitar un problema fundamental que tenía en el recurso de queja y que es que no procede contra este tipo de resoluciones como la de la Corte Marcial. Ellos lo que quisieron decir es que con esto, se les cerraba la puerta a continuar este tema, lo cual no es cierto porque la investigación que lleva a cargo la ministra en visita todavía está abierta. Y eso es lo que dijo la Corte Marcial para declarar inadmisible el recurso de quejas presentado por el Consejo de Defensa.
Cuando la ministra amplió el auto procesamiento usted dijo que no habían ponderado lo que ustedes sostenían, entre otros cuestionamientos ¿Eso cambió en el proceso?
Esas fueron las críticas que nosotros hicimos a la ampliación del auto de procesamiento, que es parte de los argumentos con los que fundamentamos nuestros recursos de apelación en la Corte Marcial. Y lo que la Corte Marcial hizo fue decidir que, respecto de esa parte o esa ampliación del auto de procesamiento, no existían antecedentes requeridos por la ley para mantenerlo, y por esa razón lo dejó sin efecto. Al decir eso, la Corte Marcial ratificó lo que habíamos señalado nosotros.
¿Considera incorrecta la ampliación de cargos?
Más allá de las opiniones que uno tenga, lo que importa es que ese auto de procesamiento, por lo dicho por la corte, carecía de fundamentos. Eso lo dejamos planteado ante la Corte Marcial, que nos dio la razón en primera instancia y luego el máximo tribunal.
¿No había antecedentes para ampliar ese procesamiento? La ministra presentó un informe de la PDI...
Ese informe de la PDI era muy carente de fundamentos, estaba lleno de especulaciones. Y eso era importante, más allá de que se hayan hecho o no las diligencias que nosotros habíamos pedido. Y era importante porque era el fundamento principal de la resolución de ampliación del auto de procesamiento. Lo que ha dicho la Corte Marcial es que las cosas eran como nosotros lo habíamos entendido.
Pero sigue abierto un proceso por casi $ 130 millones...
Esto no es solo un problema de números. El primer procesamiento tiene que ver con otra cosa completamente distinta, con unas cantidades mensuales que recibió no solo Juan Emilio Cheyre, sino que también otros comandantes en jefe pasados a retiro, y era la forma de financiar los gastos de seguridad de estas exautoridades. Me explico, eso es algo que estaba ordenado en un decreto del Presidente Eduardo Frei del año 1998.
¿No hay ilicitud entonces, un mal uso de gastos reservados?
Como le decía, estamos hablando de algo completamente diferente, de una interpretación que se hizo en el auto procesamiento original de que esos dineros no debieron haberles sido pagados a don Juan Emilio Cheyre y que él no debió recibirlos.
¿Y cuál es la posición de ustedes?
Nuestra opinión es que ese es un argumento completamente errado.
Acá hay un decreto presidencial del año 98 que ordenó que se pagaran los gastos de seguridad necesarios para la protección de los excomandantes en jefe. Eso fue lo que recibió mi cliente y eso todavía lo estamos discutiendo. Hemos solicitado diligencias a la ministra.
¿Cómo preparan esa defensa?
Aquí los hechos no están en discusión. Desde el general en retiro, Ricardo Izurieta en adelante, los excomandantes en jefe recibieron una cantidad de dinero mensual que estaba destinada a pagar gastos para la seguridad y eso había sido ordenado por un decreto presidencial. La pregunta es, entonces, si no obstante que eso estaba en el decreto presidencial, ¿eso puede ser considerado como un hecho ilícito o no? La resolución original del procesamiento así lo estimaba.
¿Y ustedes como defensa?
Nosotros creemos que eso es un error, que eso no puede ser considerado ilícito porque no era otra cosa que el cumplimiento y la ejecución de un decreto presidencial. Y eso es lo que estamos discutiendo y vamos a seguir discutiendo porque, insisto, don Juan Emilio Cheyre es completamente inocente de los cargos que se le dirigen y él ha sido toda su vida un hombre íntegro. En esta investigación, tanto él como su mujer abrieron sus cuentas corrientes por muchísimos años, acreditaron cuál es el origen de sus patrimonios y que aquí nada tiene que ver con hechos que sean considerados irregular desde el punto de vista de lo que ellos son dueños, digamos, de lo que ellos tienen. Y nuestra defensa a lo que apunta es a demostrar que tampoco eso que va quedando del auto de procesamiento es correcto.
¿Tomarán alguna acción próximamente?
Yo no puedo anticipar lo que voy a hacer o no en este proceso judicial en el que yo tengo que respetar la seriedad del trabajo de la actual ministra en visita y, por lo tanto, no voy a anunciarle a nadie qué es lo que voy a hacer. Lo que tengo que hacer lo haré en ese proceso y mi objetivo es que en ese proceso quede demostrado lo que acabo de decir.
¿Qué esperan de lo que viene del proceso?
Que quede sin efecto el auto de procesamiento en la parte original. Y para eso lo que esperamos es poder convencer a la señora ministra en visita (Ana María Osorio) de que ese procesamiento original (de la ministra Romy Rutherford) es tan errado como aquel que acaba de quedar sin efecto.
