Jueces y fiscales buscan volver a audiencias virtuales ante amenazas

La segunda semana de septiembre un funcionario de la PDI llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para sostener una importante reunión con los funcionarios del Séptimo Juzgado de Garantía. El tema: la seguridad de magistrados, administrativos y todo quien prestara servicios en el tribunal.

Hacía pocos días que un magistrado había advertido que se enteró -a raíz de la declaración de un imputado- de un plan para atentar contra uno de sus compañeros de labores. La denuncia se interpuso ante el Ministerio Público y a partir de entonces se tomaron medidas de resguardo, en una causa que está bajo extrema reserva. De lo poco que se sabe es que el supuesto plan de atentar contra un magistrado vendría de un integrante de la peligrosa banda venezolana con tentáculos en Chile denominada “Tren de Aragua”.

Cómo el crimen organizado ha ido avanzando en el hostigamiento a fiscales, jueces y funcionarios del sistema penal es algo que tiene en estado de alerta a las autoridades y, por lo mismo, el Poder Judicial y el Ministerio Público ya están tomando algunas medidas en esa línea.

La primera acción tiene que ver con una solicitud de la Fiscalía Centro Norte al Séptimo Juzgado de Garantía y que beneficiará a diez de sus fiscales, que son quienes ven causas de delitos complejos y más violentos. El objetivo es que tomen audiencias de manera telemática -como se hizo en pandemia- y así evitar concurrir personalmente a formalizaciones, revisión de medidas cautelares o juicios orales. Esto, con el propósito de no exponerse ante personas que podrían intentar causarles daño.

Los magistrados de la jurisdicción de Santiago, por su parte, elevaron esta solicitud del Ministerio Público a la Corte de Apelaciones capitalina para que sus superiores resolvieran el requerimiento del fiscal regional Xavier Armendáriz.

Antes de resolver, el tribunal de alzada evacuó una respuesta general: no era resorte de la Corte evacuar una resolución, sino que el propio tribunal de garantía debía invocar el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, que permite audiencias híbridas.

La norma citada especifica que “los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial cuando exista la necesidad de brindar protección a las víctimas y testigos que presten declaración”.

Consultada la Fiscalía Centro Norte, evitaron detallar el fondo y contexto de la solicitud. Internamente, en el Ministerio Público y el Poder Judicial advierten que, a raíz de las amenazas de muerte, y por tratarse de un delito que está bajo la Ley de Seguridad del Estado, todo está en carácter de secreto.

La otra solicitud que recibió la Corte de Santiago llegó a nombre del fiscal regional Sur, Héctor Barros. El persecutor es el encargado de indagar quiénes están tras las amenazas contra autoridades públicas, y fue en esa condición que hizo llegar un escrito ante el tribunal de alzada para buscar, también, la comparecencia de manera virtual, pero esta vez de los jueces. El requerimiento pide que los magistrados del Séptimo Juzgado de Santiago que actualmente tienen calidad de víctima en esta investigación desarrollen audiencias y visitas de cárceles (para fiscalizar el estado de los reos) también de manera telemática, es decir a través de Zoom.

La petición se fundamenta en el riesgo para la integridad de los jueces ante el contexto de este supuesto plan para acabar con la vida de uno de ellos. Por lo mismo, el persecutor sugirió que en audiencias complejas tampoco se debe identificar el nombre de los magistrados; es decir, que no se escriba su nombre en la pantalla del Zoom, sino que solo aparezca su cargo: “juez”. Misma solicitud se haría para el resto de los intervinientes, principalmente fiscales y querellantes.

La Corte, sin embargo, aún no resuelve esa petición.

Actualmente, según revelan fuentes del Ministerio Público, son 10 los fiscales Centro Norte que están con medidas precautorias y 14 jueces también con algún tipo de resguardo.

Este tema será abordado por parte de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en la convención que el gremio realizará entre el 8 y el 11 de noviembre. Será en esa instancia, además, que se trabajará un documento para proponer medidas de seguridad para sus asociados.

Pero no son solo los jueces y fiscales que están en estado de alerta ante la arremetida del crimen organizado contra autoridades, sino que también los funcionarios de escalafones secundarios del Poder Judicial. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales de Santiago, Marcela Segovia, explicó que el Centro de Justicia “es un lugar peligroso, sobre todo después de cierta hora”, y por lo mismo han pedido medidas de resguardo como servicio de radiotaxis después de las 18.00 horas y una “vigilancia real en accesos con mayor presencia de carabineros”.

Por su parte, Pablo Aranda, jefe Nacional de Estudios de la Defensoría Penal Pública, tiene una posición crítica sobre la petición de fiscales y jueces, repsecto de las audiencias telemáticas.

Aranda indicó que “al poder hacerse una declaración desde cualquier parte – y no desde una sala en un tribunal con presencia de un funcionario judicial – existe un alto riesgo de que el fiscal, un policía o un tercero le indiquen al testigo o a la víctima cómo declarar. Ejemplo de ello es el caso del fiscal que le enviaba mensajes por WhatsApp a una víctima, indicándole qué decir. Al ser sorprendido por el tribunal (por error el fiscal mostró la pantalla de su PC con el mensaje durante el juicio), la defensa del fiscal fue que ‘todos lo hacen’. Este tipo de conductas, que normalmente no son sorprendidas, eliminan la posibilidad de contradicción de la prueba, ya que la calidad del testimonio que se introduce no es verificable”.

La discusión en torno al teletrabajo y las amenazas también llegó a la Corte Suprema, donde hasta agosto de este año primaba esta facultad -actuar de forma virtual- para quienes tuvieran algún tipo de enfermedad grave. Pero el 12 de septiembre un autoacordado del máximo tribunal incorporó la seguridad como otro argumento para trabajar de forma telemática.

“El presidente de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones respectiva, según sea el caso, podrá autorizar un régimen especial de teletrabajo en las siguientes situaciones: peligro para la vida o integridad personal del juez, funcionario o su familia, tales como la existencia de amenazas que dieren origen a un procedimiento penal”, se lee en el documento.

La seguridad de fiscales, jueces y funcionarios ya está sobre la mesa de todos los actores, y las alertas, más que encendidas.