Jueza al decretar prisión preventiva de Torrealba: “Socavó la fe pública”

“Tenía el deber, en su calidad de alcalde, de observar una conducta funcional intachable, tener un desempeño honesto de su cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos (...) Con su actuar, a juicio del tribunal, socavó la confianza pública en las instituciones y sus representantes, que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático”.

Tras realizar este reproche, la jueza María Carolina Herrera -titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago- ordenó la prisión preventiva de quien durante 25 años fue el alcalde de Vitacura: Raúl Torrealba del Pedregal (74). No bastaron las alegaciones de su defensa, encabezadas por el abogado Francisco Velozo, respecto a la inexistencia de los delitos que fueron imputados en dos jornadas por el Ministerio Público. Tampoco el argumento de su edad y enfermedades para evitar su ingreso a la cárcel.

La magistrada sostuvo que por el momento se pueden acreditar los delitos formalizados de fraude al Fisco reiterado, infracciones tributarias y maniobras de lavado de activos. Lo único que compartió con la defensa del otrora jefe comunal es que no veía indicios en esta etapa procesal de la asociación ilícita que le atribuyen el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe Santiago Centro, Francisco Jacir.

“Parte de los dineros públicos de las organizaciones ‘Vita’ terminaron en las cuentas bancarias del alcalde Torrealba y su cónyuge”, dijo la jueza, para luego agregar que realizó “artilugios para sacar el dinero”. Todo este análisis de la magistrada concluyó: “Su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”. Así finalizaban dos jornadas de formalización en que el exjefe comunal fue el único en quedar bajo la cautelar más gravosa, tras ser sindicado como líder de una agrupación que desvió a sus cuentas $ 766 millones. Su defensa anunció que apelará.

Este viernes, mientras caminaba por la explanada del Centro de Justicia rumbo al tribunal, Torrealba dio cuenta de su defensa. Desde que puso un pie en la edificación de Av. Pedro Montt, insistió en su inocencia: “Se va a demostrar claramente que nunca ha llegado un peso de los Vita a mis cuentas. No hay ningún depósito que diga eso. Los dineros de mis cuentas son de mis cuentas”.

Acto seguido, además, responsabilizó de todo a los contadores Arnaldo Cañas y César Silva, asegurando que son ellos quienes deben explicar lo que hacían con los dineros. “No hay participación mía, hay participación de ellos, entonces es bastante particular que aparezca yo como responsable de un teje del que nunca he sido parte (...) Ellos hacían todo, yo no tengo idea”, apuntó.

De igual forma, enfrentó consultas sobre altas sumas de dinero que mantenía en su domicilio, como por ejemplo, al interior de un cosmetiquero. Aquello, según él, no era más que fondos para un proyecto familiar. “Es una situación familiar muy particular con relación a un proyecto que teníamos para realizar justo en esos días y que no se pudo materializar”, dijo.

Tras los dichos del ex edil, ayer la atención estuvo puesta en los descargos que haría su defensa frente a las imputaciones que le hicieron los fiscales Armendáriz y Jacir, quienes lo apuntaron como el líder de una organización criminal que tenía como único objetivo sustraer dineros desde las arcas municipales para desviarlos hacia sus cuentas personales.

Así, en línea con lo expresado por el exjefe comunal, el abogado Francisco Velozo enfatizó en que los cargos expuestos por el Ministerio Público no tienen sustento y que se ha hecho una “sobreimputación” a su cliente. “Nuestro representado ingresó al mundo público casi cercano a los 50 años. Hicimos ver que él ya tenía un patrimonio, y manifestamos cuáles son sus bienes e inversiones. Su estado patrimonial no fue construido en su periodo en el municipio”, manifestó el penalista, haciendo referencia al informe de patrimonio -a su juicio, errado- sobre el cual la Fiscalía habría hecho sus análisis.

En el mismo tono, el profesional insistió en varias ocasiones que en todos los informes solicitados por el Ministerio Público a la PDI se les hizo presente que faltaban antecedentes y que crearon una “falsa percepción de realidad”.

Previo a la intervención de la defensa, de todos modos, la parte querellante justificó la petición de prisión preventiva contra Torrealba y, en ese sentido, el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado, Cristóbal Díaz, no dudó en tildarlo como “una máquina de defraudación de Vitacura”.

Su colega Diego Acuña, en tanto, recalcó que había un claro riesgo de fuga, comparándolo con la otrora alcaldesa Karen Rojo, quien abandonó el país al ser condenada. “Ciertamente, el escenario punitivo que enfrenta el imputado es de pena efectiva. No será objeto de penas sustitutivas. En este punto debo traer a colación un caso también de una exalcaldesa, doña Karen Rojo, que fue condenada por fraude al Fisco por un perjuicio de $ 23 millones, a la pena de cinco años y un día. Y en este caso, recordemos, el perjuicio supera los 700 millones”, comentó el también representante del CDE.

Finalmente, ninguna de las alegaciones de la defensa -salvo que por el momento no se ha detallado cómo funcionaba la asociación ilícita- convenció a la jueza. Tras dos años y medio de investigación desformalizada, la magistrada Herrera dio un plazo de cinco meses para terminar el caso.