Karen Atala estaba descansando junto a su pareja cuando ese viernes 24 de febrero, del año 2012, sonó su teléfono. Al otro lado de la línea uno de sus abogados le contaba que había hecho historia: le había ganado un juicio al Estado chileno.
Esta semana se cumplieron 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se probó que la Corte Suprema actuó de forma discriminatoria al quitarle la tuición de sus hijas basándose únicamente en su orientación sexual, ya que su lesbianismo -según los jueces de esa época- “pondría a las menores en un estado de vulnerabilidad”.
Con la victoria en sede extranjera se ponía fin a una larga batalla, de más de siete años, que fue caratulada como “Atala Riffo y niñas vs. Chile”.
El fallo no le devolvería de inmediato a sus tres hijas, quienes sólo pudieron vivir permanentemente con ella cuando cumplieron 18 años, pero sí marcaría un precedente en los tribunales de justicia e impulsaría la tramitación de una batería de leyes que posteriormente se aprobaron y que fueron en pos de los derechos de la comunidad LGTBIQ+en Chile.
¿Cómo se entera de la demanda de su exesposo?
Era el verano de 2003, era fines de febrero, yo estaba con mi entonces pareja, Emma de Ramón; mi hijo mayor, mis tres hijas y un par de amigas. Cuando llegó el receptor judicial yo no lo podía creer, porque al leer la demanda veía que me querían quitar la tuición por mi lesbianismo. Era una demanda súper injuriosa, porque me acusaban de ser lesbiana y que por nuestras prácticas sexuales podíamos contraer herpes, después darle un beso a las niñas y pegárselo. Era una acción llena de prejuicios, a mí ese día se me cayó el mundo.
¿Qué pasó después?
Lo que vino fue complejo. Yo era jueza en Villarrica y me costó encontrar un abogado, alguien que quisiera tomar el caso. A eso se sumó la actitud de mis superiores. Me llamó el entonces ministro visitador de Temuco, don Archibaldo Loyola. Me dijo que se había enterado que mi exmarido me había demandado de tuición por lesbianismo, porque a todo esto el caso salió en los diarios: ‘Demandan a jueza de Villarrica y le piden la tuición de sus hijas por lesbiana’. Yo en esa época era la única jueza de letras de esa ciudad y mi ex era defensor penal público, es decir, sin decir mi nombre todo el mundo se enteró de mi caso.
¿Y qué le dijo el ministro?
Me pidió que, por favor, hiciera menos escándalo. Fue súper displicente, me llamó a cambiar de actitud, porque estaba ensuciando, según él, la imagen del Poder Judicial. Le pregunté si era una amenaza, y le dije que si lo era debía abrirme un sumario. Bueno ahí quedó la conversación, después sí me abrieron un sumario, pero se desestimó cualquier cargo. Pero esto grafica cuál era la situación de la sociedad y, en particular, del Poder Judicial de la época. Durante años fui la ‘jueza lesbiana’, sólo después del fallo de la CIDH tuve nombre y apellido: Karen Atala.
Ordenaron hacer un acto público al que el ministro de Justicia de la época, Teodoro Ribera, llegó tarde. Se suponía que en ese acto el Estado emitiría un reconocimiento de responsabilidad internacional y contra todo pronóstico el entonces secretario de Estado dijo que estaba ahí, pero que en su opinión la Corte Suprema había fallado conforme al interés superior de las niñas y velando por su bienestar. Bueno y la Corte Suprema tampoco fue. Asistió el presidente de la época, pero dijo que asistía como miembro de la Asociación Nacional de Magistrados a a acompañar a una asociada. Me dio un poco de risa.
Ud. gana en primera y en segunda instancia y fue la Suprema la que falla en su contra y le quitan a sus hijas. ¿Cómo vivió que sus propios superiores hicieran eso?
Fue muy doloroso, yo soy una mujer profundamente convencida de la justicia de este país, yo me dedico al Poder Judicial, mi vocación es el Poder Judicial, yo estudié Derecho para ser jueza, me sentí decepcionada, como que me dieron la espalda, una sensación de quedar huérfana, de que a mí y mis hijas se nos negó la justicia. Lo que hizo la Suprema de esa época fue un acto patriarcal, lo entendí años después cuando estudié un Magíster en Filosofía del Género. Los supremos que fallaron obedecían a patrones culturales y a sesgos y prejuicios de esa época.
¿Siente rencor por esos jueces?
No soy una mujer que tenga esos sentimientos, ni con ellos, ni con nadie. Lo que sí estoy convencida es que la Corte Suprema nunca dimensionó el profundo daño que nos hizo a mis hijas y a mí como familia. Se produjo un quiebre. Me perdí durante muchos años los primeros días de clases, cuando mi hija menor perdió sus dientes, sólo cuando cumplieron 18 años pudieron estar conmigo. Es algo que aún trabajamos como familia. No bastaron los cuatro años de terapia que ordenó el fallo, esto es algo que se reconstruye día a día.
Se ordenó también que el Estado reconociera la responsabilidad internacional que había en su caso, eso no ocurrió...
Así es. Ordenaron hacer un acto público al que el ministro de Justicia de la época, Teodoro Ribera, llegó tarde. Se suponía que en ese acto el Estado emitiría un reconocimiento de responsabilidad internacional y contra todo pronóstico el entonces secretario de Estado dijo que estaba ahí, pero que en su opinión la Corte Suprema había fallado conforme al interés superior de las niñas y velando por su bienestar. Bueno y la Corte Suprema tampoco fue. Asistió el presidente de la época, pero dijo que asistía como miembro de la Asociación Nacional de Magistrados a acompañar a una asociada. Me dio un poco de risa.
¿Fueron mezquinos con Ud.?
No creo que hayan sido mezquinos. Yo creo que fue inesperado, nunca nadie pensó que los iban a demandar y los iban a condenar. En esos años la Corte Suprema se creía intocable y quedaron expuestos a los ojos de la comunidad internacional. Yo creo que muchos años después lograron comprender lo que pasó. Ha pasado una década y tú ves que se creó una oficina de género en el máximo tribunal, liderada por la ministra Andrea Muñoz, y se han hecho grandes esfuerzos. La ministra estableció políticas de juzgamiento con perspectiva de género, diversidad y orientación sexual. Me siento orgullosa de estos avances, la Corte Suprema que me quitó a mis hijas, versus la actual, no tienen parangón.
Aunque usted ha planteado que falta capacitar a funcionarios públicos en estas materias...
Lo creo fírmemente. La CIDH dijo que había que promover el cambio cultural para poner término a los patrones, prejuicios arraigados, estereotipos negativos sobre la comunidad LGTBI y para eso era necesario dictar cursos de capacitación. Las sentencias tienen que tener una vocación transformadora y eso es muy importante, ser agentes de cambio social y ahí se está al debe, porque debieran ser cursos permanentes y no electivos.
Huérfana de activismo
Pese a que lideró organizaciones de madres lesbianas en el pasado, tras el fallo de la CIDH dice que quedó “huérfana de activismo”. Eso hasta que en 2013 fue invitada a participar de Fundación Iguales, de la cual es directora hasta el día de hoy.
¿Cree que su fallo dio pie a un giro en las leyes que impactaron en la comunidad LGTBIQ+?
Hubo avances significativos y creo que todo lo que me propuse cuando decidimos demandar al Estado se ha ido cumpliendo. Yo sabía que con la acción en la CIDH no me devolverían a mis hijas, pero como me dijo uno de mis abogados, Juan Pablo Olmedo, haríamos de este un país mejor. Primero vino la Ley Antidiscriminación en la que trabajamos y luego se aceleró por el asesinato de Daniel Zamudio. Luego promovimos el matrimonio igualitario, derechos filiativos, identidad trans y el Acuerdo de Unión Civil. Es decir, lo que nos queda ahora es que justamente, que fue electo presidente Gabriel Boric, sean las nuevas generaciones las que propicien el cambio cultural con el respeto a la diversidad sexual, a las identidades diversas.
La perspectiva de género, como la perspectiva de los derechos del niño, como la perspectiva de los pueblos originarios, son instrumentos interpretativos. Tú como juez cuando tienes que resolver un caso concreto tienes que echar mano a las herramientas interpretativas de la ley. Y dentro de estas herramienta interpretativas están las perspectivas que están en los tratados de derechos humanos suscritos por Chile. Entonces forma parte del catálogo, del bagaje, de las herramientas que debe usar todo juez o jueza al momento de fallar. Si quieres potenciarlo no tienes que ponerlo en la Constitución, lo que tienes que hacer es mayores capacitaciones en la Academia Judicial.
En la Convención Constitucional se aprobó el que los jueces deben fallar con enfoque de género, ¿qué le parece?
Como opinión personal creo que no es necesario asegurar en la nueva Constitución que se falle con perspectiva de género, eso las y los jueces ya lo hacemos; el Poder Judicial se ha hecho cargo. Además me parece una redundancia eso de decir que se debe ‘fallar con perspectiva de género’.
¿Por qué?
Porque la perspectiva de género, como la perspectiva de los derechos del niño, como la perspectiva de los pueblos originarios, son instrumentos interpretativos. Tú como juez cuando tienes que resolver un caso concreto tienes que echar mano a las herramientas interpretativas de la ley. Y dentro de estas herramienta interpretativas están las perspectivas que están en los tratados de derechos humanos suscritos por Chile. Entonces forma parte del catálogo, del bagaje, de las herramientas que debe usar todo juez o jueza al momento de fallar. Si quieres potenciarlo no tienes que ponerlo en la Constitución, lo que tienes que hacer es mayores capacitaciones en la Academia Judicial.
¿Y obligar a la paridad?
Al tema paritario hay que darle muchas vueltas de tuerca. En países europeos que impusieron leyes de cuotas, se llegó después al absurdo en que las mujeres se sentían denostada porque les decían ‘tú estás aquí por cuota, no por tus méritos personales’. Ahora en tribunales de primera y segunda instancia habemos más mujeres que hombres, debe ser del orden del 60% versus 40%, ahí el Poder Judicial es pionero, entonces si eso pasa se puede terminar perjudicando a las mujeres que somos más e imagino que ese no era el espíritu de la iniciativa. Por eso te vuelvo a repetir, no todo tiene que estar en la Constitución, lo más importante es el cambio cultural y cómo lo fomentamos con políticas públicas, lo que hace 10 años dijo la CIDH y en lo que aún el Estado está en deuda.
