Siete semanas han transcurrido desde que la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió la primera investigación vinculada a convenios presuntamente irregulares entre organismos estatales y fundaciones. En ese entonces, todos los ojos estaban puestos sobre Democracia Viva, Daniel Andrade y Catalina Pérez. Sin embargo, con el correr de las semanas, las interrogantes y sospechas se instalaron en gran parte del país y, una a una, se fueron abriendo aristas de Arica a Magallanes.
Hoy, ya son 23 las causas que lleva adelante el Ministerio Público y 53 las ONG, corporaciones o entidades que están bajo la lupa, varias de ellas con presencia en distintas zonas. En total, se pesquisan convenios que tienen un monto total de $ 32.156.274.081. Cuarenta traspasos están vinculados a gobiernos regionales y 24 con reparticiones de gobierno.
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Los datos fueron obtenidos a partir de información cotejada con el Ministerio Público, aunque hay antecedentes que el organismo liderado por Ángel Valencia mantienen bajo reserva. Por ello, no se descarta que existan otras fundaciones indagadas.
Además, se debe tener presente que los montos indicados corresponden al total investigado a la fecha y no necesariamente a dineros defraudados.