“Exijo mis derechos. Todos estos días me han atendido en enfermería y me han dado diferentes atenciones: en la tarde fui, la señorita me tomó la presión y la temperatura y me dijo que no tenía nada, y ahora vengo llegando de nuevo de enfermería. Tuvieron que llamar al doctor para saber qué me podía inyectar. Toda la semana he estado así”.
De esta manera, a la 1.52 del 30 de enero de 2022, Mylene Cartes (50) comunicaba a través de un video en sus redes sociales su situación médica en la Cárcel de San Miguel. La mujer llevaba cerca de nueve meses en prisión preventiva por una causa asociada a la ley de drogas y desde hacía algunos días sus síntomas de dolor estomacal eran cada vez más intensos.
El reclamo de la mujer no era falso ni menos exagerado, pues a las pocas horas falleció. El caso se transformó en un símbolo de los cuidados de atención en las cárceles, pues hasta hoy la Fiscalía indaga cuáles fueron las circunstancias que causaron su muerte.
Para investigar esta causa, la Fiscalía activó el “Protocolo de Minnesota”, plan que se utiliza para las autopsias de quienes fallecen al interior de las cárceles. “Tiene por finalidad proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada”, se consigna en un análisis que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional.
El escenario actual de muertes en las cárceles se ha transformado en un foco de preocupación para las autoridades, pues son personas que fallecen bajo la custodia del Estado.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, lo resume así: “Hay un principio general que es que las personas que se encuentran privadas de libertad en una cárcel se encuentran privadas de ese derecho en concreto y no se encuentran privadas de otros. Y en segundo lugar, que la obligación estatal debiera ser que esas personas cumplan sus penas en condiciones en que se resguarde su integridad física”.
Según explican en Gendarmería, al momento del ingreso de un interno las unidades penales hacen una segmentación de los reos. El coronel Luis González, inspector Operativo de Gendarmería, indica que “en ese control sale la primera derivada para poder clasificarlo en alto, mediano o bajo compromiso delictual, es decir, con grupos de pares similares, a objeto de poder minimizar los riesgos de que sea agredido o que sea también influenciado por los demás”.
¿Qué dicen las cifras de Gendarmería? Entre enero de 2015 y febrero de 2024, 1.262 personas que se encontraban privadas de libertad fallecieron al interior de una de las 80 cárceles que existen en el país (ver infografía).
Causas
En lo que va del año, ya son 24 las personas que han fallecido al interior de los recintos penitenciarios. Uno de los últimos casos se registró en Vallenar, donde un interno fue atacado violentamente por otro reo, quien lo agredió con un cuchillo en su celda.
Sin embargo, este tipo de muertes no es la que más se repiten dentro de las causas de fallecimiento, pues las enfermedades concentran el 44% de los casos.
El coronel González explicó que “todos los internos, cuando ingresan a los recintos penitenciarios, son entrevistados por un clasificador, una persona que está especializada en clasificar a la población penal y hacer las derivaciones conforme al nivel de contagio criminógeno que tienen los internos. Y también se les hace un control de salud a estas personas al ingresar a los recintos penitenciarios”.
Fue entre 2020 y 2021 cuando las muertes por enfermedades tuvieron su peak, con 117 decesos. La razón: el Covid-19. Antes, entre 2018 y 2019, la cifra alcanzó los 105 casos.
Ese año fue que el virus llegó a Chile, disparando los contagios en toda la población, y en ese escenario las cárceles no fueron la excepción. En un año de pandemia, entre 2020 y 2021, Gendarmería registró 3.680 internos contagiados, a los que también se sumaron otros 2.358 funcionarios infectados. Más de 20 reos murieron a causa del Covid.
Fue el caso, por ejemplo, de un ciudadano ecuatoriano de 49 años, quien llegó contagiado de coronavirus a cumplir una prisión preventiva por porte ilegal de armas. Era el 18 de junio de 2020, y a los pocos días sus síntomas empeoraron, hasta que falleció en el Hospital Barros Luco.
Sin embargo, antes de ser derivado al hospital compartió con otros reos, lo cual aumentó las probabilidades de contagios con otros internos.
Esto último es relevante, advierten los expertos, pues la crisis de la sobrepoblación penal aumenta las posibilidades de contagio de enfermedades virales entre los presos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta en sus estudios que quienes están privados de libertad o en centros de detención tienen mayor riesgo de contagio debido al hacinamiento, falta de agua potable y de espacios salubres, entre otras precarias condiciones existentes en el encierro.
A pesar de que el Covid ha ido en retirada, las causas de muerte por enfermedad encontró su punto más alto en 2023, con 86 casos, la mayor de los últimos 10 años.
En Gendarmería y Justicia explican que el caso de muertes por enfermedades suelen corresponder a padecimientos previos. Estas se encuentran más bien asociadas a personas que probablemente en el pasado pudieron salir por beneficios y que ahora que se ha ido limitando no salen antes y mueren en la cárcel.
Riñas
Cuando se habla de muertes al interior de las cárceles la primera asociación tiene que ver con la violencia. Con las pelas entre los internos, las cuales se dan de manera reiterativa entre bandas rivales.
Las causas de muerte asociadas a riñas, sin embargo, representa un 33% sobre el total de los decesos en las cárceles. El defensor nacional, Carlos Mora, señala que “el hacinamiento tiene una incidencia directa en la generación de condiciones de falta de seguridad y violencia dentro de las cárceles, como ha observado, por ejemplo, la Asociación para la Prevención de la Tortura, que considera que el hacinamiento es uno de los principales factores que tienden a derivar en altos niveles de violencia en las prisiones, porque en condiciones de hacinamiento las personas privadas de libertad se ven forzadas a valerse por sí mismas, con poca supervisión por parte del personal penitenciario y en contextos de fuertes tensiones”.
El año en que más riñas derivaron en muertes fue en 2020 (61) y luego las cifras fueron a la baja. Es más, a diferencia de las enfermedades, las cuales alcanzaron su peak en 2023, el año pasado registró la menor cantidad de fallecidos por pelas al interior de los penales.
El coronel González sostiene que “las personas que son formadas en la Escuela de Gendarmería son preparadas para poder afrontar estos escenarios, que son muchas veces conflictivos y complicados desde el punto de vista de la psicología de la emergencia, de saber calmar a una persona que se encuentra en posición violenta y también en las técnicas de intervención táctica y reducción de estas personas que muchas veces portan armas blancas o elementos contundentes”.
En tanto, la tercera causa que más se repite son los suicidios. Estos agrupan el 15% de los decesos, por lo cual Gendarmería y Justicia están en permanente alerta para evitar estas situaciones.
La entidad penitenciaria instauró una mesa de “prevención de ideación suicida”, la cual está integrada por personal de reinserción, funcionarios de la salud y gendarmes.
