Los depósitos en efectivo de las cuentas bancarias de Torrealba que investiga la Fiscalía

“A los millones Antonia les decía ‘informes’. Cada ‘informe’ implicaba un millón de pesos. Ese era el concepto que usaba Antonia. Si me escribía por Whatsapp ‘tráeme 5 informes’, esto significaba ‘tráeme 5 millones’”. Así reveló al Ministerio Público, el contador del Consejo Local de Deporte y Corporaciones Vita, Augusto Silva, algunas pistas de cómo funcionaba el supuesto mecanismo de desvíos de dinero desde la Municipalidad de Vitacura y que la fiscalía indaga hace más de un año bajo reserva.

La investigación, que comenzó tras una denuncia realizada por la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), en julio de 2021, abrió la caja negra de las corporaciones Vita, de cuyas operaciones y manejos de dineros públicos muy pocos tenían conocimiento.

La ex ministra del Trabajo de Sebastián Piñera supo de esto cuando Domingo Prieto, el amigo y hombre cercano del ex alcalde Raúl Torrealba (ex RN), se acercó a su despacho -a solo semanas de que asumiera como jefa del municipio- para confesarle cómo funcionaba este presunto mecanismo que operaba desde hace más de una década. En esa reunión, Prieto le reveló que ese dinero tenía como destino final las cuentas corrientes de Torrealba y su sobrina Antonia Larraín, quien ejercía como directora de Desarrollo Comunitario de la municipalidad.

Con esta información, la alcaldesa Merino no dudó en presentar la querella, lo que abrió una causa por varios delitos, entre ellos: fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. En ese contexto, Antonia Larraín fue citada a declarar como imputada, a pesar de que ya había decidido autodenunciarse para colaborar con la investigación penal, tras conocer el tenor de la denuncia de la nueva administración de Vitacura.

Larraín indicó en su testimonio que en 2013 fue nombrada subdirectora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cargo que llevaba varios años vacante. Al mismo tiempo, aseveró que la primera instrucción que recibió de Torrealba fue poner a disposición su cuenta bancaria. “En esos días, el alcalde Torrealba me llamó a su oficina y me indicó que parte de mis obligaciones era prestar mi cuenta corriente personal como ‘fondos de imprevisto’, según él lo denominó. En esa oportunidad me indicó que lo anterior no tenía nada de irregular, ya que se trataba de fondos por rendir del alcalde, los cuales eran insignificantes en comparación con el presupuesto municipal”, detalló la ex funcionaria a fines de enero pasado.

Mediante su relato, Larraín recordó un episodio que no le dejó dudas que estaba involucrada en operaciones ilícitas: “Aunque el mecanismo dejaba muy poco registro de las personas que intervenían, no tuve dudas sobre la regularidad de lo realizado hasta que en enero de 2015 el alcalde me solicitó que retirara la suma de $18.000.000 en efectivo y se la pasara directamente a él. La relación de poder que tenía sobre mi persona, me impedía preguntarle el motivo y, por cierto, él no me daba explicación alguna, sólo me lo ordenaba. Dichos dineros los obtuve de mi cuenta bancaria, de los fondos mutuos que yo iba acumulando desde el año 2013, con ocasión de los fondos que me depositaban, relacionados con lo denominado por Raúl Torrealba como ‘caja de imprevistos’”.

Para el Ministerio Público, entonces, un paso clave era acceder a las cuentas del ex alcalde. Por ello, tras lograr la autorización del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, las cartolas de movimientos bancarios fueron derivados a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI con el fin de que realizaran un estudio detallado de los ingresos y egresos.

Así, en octubre pasado, la Brilac evacuó el informe al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, con los detalles de las operaciones bancarias de Torrealba, cuyas conclusiones lo tienen al borde de ser formalizado en la causa en la que se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

El primer hallazgo arrojó que entre sus cuatro cuentas corrientes existen depósitos en efectivo por $527.000.000 entre 2011 y 2021. Si bien los bancos aún no han entregado la totalidad de la información, en las operaciones en las que existe registros las gestiones eran realizadas por Luis Jara Gallardo y Ulises Quintana Castro, ambos conductores destinados en el gabinete del ex alcalde Torrealba.

Desde el entorno del ex edil de Vitacura comentaron que en esa cifra se incluyen dos depósitos en efectivo que sumados dan un total de $312.191.385 que estarían justificados por la venta del departamento en que Torrealba residía junto a su familia en Vitacura. Según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en agosto de 2015 Torrealba y su esposa vendieron la propiedad, más una bodega y cuatro estacionamientos por $564.933.225.

El que la operación esté registrada como un depósito en efectivo en las cartolas, señalan las mismas fuentes, podría deberse a que el pago se hizo con un cheque o documento del mismo banco.

El primer banco estudiado corresponde al Scotiabank. Durante los 10 años analizados, el ex jefe comunal registró en esta cuenta depósitos en efectivo por $49.920.000. Los años 2019 y 2020 fueron los de mayores ingresos: $6.300.000 y $6.700.000, respectivamente, según el informe reservado de la PDI.

Torrealba también registró este tipo de movimientos en su cuenta del banco Itaú Corpbanca. Allí, se materializaron 54 depósitos en efectivo, los que totalizaron $86.687.143 entre 2011 y 2021. Al menos 10 de ellos, según la policía, fueron ejecutados por su chofer, Luis Jara Gallardo. La mayor operación corresponde a un abono en billetes por $56.902.143, que estaría relacionada a la venta de un inmueble en Vitacura.

Esta actividad bancaria fue confirmada por el ex conductor de la municipalidad cuando declaró ante la fiscalía el 31 de agosto de 2021. “El alcalde Torrealba me pasaba dinero en efectivo para que yo le depositara el dinero en sus cuentas bancarias personales que él tenía en el banco Santander, De Chile, Itaú y en el Scotiabank”, confesó Jara, quien detalló que las sumas de dinero eran variables, entre $500.000 y $1.000.000.

La tercera cuenta analizada fue la del banco Santander. Ahí la Brilac detectó depósitos por $22.700.000 en efectivo, pero no lograron determinar la identidad de las personas que los realizaron en las sucursales ante la falta de registro de los documentos bancarios.

A pesar de ello, a los detectives de la PDI les llamó la atención una de las operaciones en esta institución, en la que se habría “fraccionado” el ingreso de los dineros. En el informe indican que el 15 de enero de 2020 se habrían realizado cinco depósitos en efectivo seguidos en un cajero automático en la misma sucursal de Nueva Costanera, a pasos de la municipalidad, de $1.000.000 cada uno. “Algo sospechoso desde el punto de vista de indicios en materia de investigación de delitos de Lavado de Activos”, indica el informe policial.

Desde el entorno de Raúl Torrealba expresaron que por ningún motivo se trata de una acción vinculada a lavado de activos y que se explicaría porque la persona que hizo los depósitos se encontró con el banco cerrado, por lo que tuvo que realizarlo por un cajero automático.

La última cuenta analizada correspondió a la del Banco de Chile, la que durante 10 años tuvo movimientos bancarios por un total de $2.300 millones. Allí es donde se registraron los depósitos más abultados entre las cuatro instituciones analizadas. Allí, el ex alcalde Torrealba ingresó mediante 119 abonos en efectivo $371.700.242 durante 10 años.

Estas operaciones concuerdan con el testimonio del ex conductor de la municipalidad, Luis Jara Gallardo, quien aseguró que realizó estos trámites incluso durante la pandemia. El mayor movimiento de esa cuenta es un depósito por $255.289.242 en abril de 2016, que según fuentes cercanas a Torrealba estaría justificado en la venta del departamento que poseía en Vitcura.

“Normalmente los depósitos se realizaban en el Banco de Chile. En algunas oportunidades el alcalde Torrealba me entregaba una suma de dinero para depositar en un banco y le entregaba otra suma de dinero a Ulises Quintana (el otro chofer) para que los depositara en otra cuenta bancaria”, aseguró.

Una de las recomendaciones que hace la Brilac al fiscal Armendariz es levantar el secreto de las cuentas bancarias de María Soledad Simonetti Zambelli (68), esposa del ex alcalde desde el año 1973, con quien tiene cuatro hijos. La sugerencia se fundamenta en que, a juicio de los investigadores, ella “ha percibido y remitido ingresos de parte del ex alcalde”

Otro de los aspectos en los que deberá profundizar la investigación llevada adelante por la Fiscalía Centro Norte, es la práctica denunciada por los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva. Ambos, aseguraron que fueron presionados para pedir préstamos bancarios a sus nombres, para luego entregar esos dineros al círculo del ex alcalde Torrealba bajo la excusa de que eran “para la municipalidad”.

Arnaldo Cañas es el que más detalles entregó a los investigadores sobre el mecanismo. En su declaración del 20 de octubre de 2021 relató que se trató de “favores e imposiciones” y que “uno de los más raros y abusivos era que me consiguiera préstamos para, a su vez, prestarle dinero a la municipalidad y las organizaciones. Con el tiempo estas exigencias se fueron intensificando, empezaron mayores presiones por conseguir dineros, en su mayoría para ser llevados al municipio según me señalaban, también para aportar a las cuentas corrientes de los programas Vita o para pagar deudas de estas instituciones”.

El contador fue muy preciso en sus cuentas. Detalló que entre los años 2016 y 2020 hizo ocho solicitudes de créditos, entre préstamos nuevos y refinanciamientos. Lo que partió como un crédito de $5 millones en febrero de 2016, terminó en un refinanciamiento final por un total de $62.100.000. El dinero, aseguró Cañas, fue entregado en su totalidad a Antonia Larraín, Domingo Prieto y Renato Sepúlveda.

El otro contador, Augusto Silva, aseguró que en su caso pidió cerca de $40 millones en préstamos personales, los que fueron entregados a Prieto. “Eso nunca se me pagó, me lo imputaron a mi finiquito”, señaló Silva a los persecutores. En ninguno de los dos casos existe certeza si los dineros de los préstamos corresponden o no a parte de los depósitos en efectivo que llegaron a las cuentas corrientes de Torrealba.

Pero en el caso de Cañas, los “favores e imposiciones” llegaron a otros límites cuando la pandemia obligó a cerrar la piscina administrada por el Consejo Local de Deportes de Vitacura y a suspender temporalmente los contratos de los trabajadores. “Quedaron sin pagar tanto las leyes sociales del personal como los impuestos (...) Como no tenía cupo para solicitar más préstamos, tuve que utilizar mi dinero personal para cancelar las imposiciones e impuestos”. En total, el contador afirmó haber facilitado $15 millones para ese propósito, los que le fueron devueltos recién en 2021.