Hasta antes de cumplir 15 años, Fernanda (22) era conocida por otro nombre. No tenía el pelo largo cobrizo que hoy tiene y estaba lejos de salir a la calle con los labios pintados de rojo como ahora luce sin miedo. Pero las cosas cambiaron, y aunque su cédula de identidad decía otra cosa, se asumió como mujer.

Aunque para algunos de sus compañeros la situación sólo es una anécdota que quedó en el pasado, la transición de Fernanda comenzó en medio de la celebración del aniversario de su colegio en Rancagua, y quizás -cuenta- por una casualidad.

“Desde muy chica que me siento femenina. Me di cuenta cuando gané Miss Transformista en el liceo. A mí me tocó transformarme en una niña y gané”, relata.

En el camino, eso sí, no todas han sido buenas decisiones: hoy está privada de libertad. Cuando tenía 20 años fue condenada por un robo que cometió, según ella, sin necesidad. “La ovejita negra de la familia. Pero bueno, si a una le gusta lo dulce, tiene que saber pagar lo amargo”, comenta, agregando que en su caso, lo amargo ha sido casi como el natre, porque siendo una mujer trans, el paso por una cárcel está aún más lleno de discriminación.

Los primeros meses estuvo recluida en Rancagua y luego en Curicó, donde sufrió tratos crueles por parte de gendarmes, incluso denunció ante el INDH. “Enciérrate huevón, enciérrate maricón, así nos trataban. Es una cárcel de hombres y a las chicas no las respetan. A una le rociaron gas pimienta, reduciéndola, tirándole del pelo. No era un trato digno”, recuerda Fernanda, agregando que eso la llevó a pedir el traslado al CDP Santiago Sur, más conocido como la ex Penitenciaría.

Ahí lleva casi tres meses y el pasado miércoles fue una de las internas que celebró la firma de un compromiso que será clave para ejecutar a nivel nacional: el Protocolo Trans que aprobó Gendarmería en noviembre de 2020 con miras a proteger cabalmente los derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas en contexto penitenciario. Esto, porque en la práctica no se estaba aplicando con igualdad en todos los recintos.

Como destacan las autoridades, con la normativa como verdadera regla, los abusos que enfrentó Fernanda debiesen ir desapareciendo, para así dar paso a más lugares como la Calle 3B del citado penal, donde la joven vive junto a otros 18 reclusos que se identifican con la comunidad LGBTIQA+. Ahí tienen sus herramientas, acceso a talleres y, lo más importante, resaltan las internas, los gendarmes las respetan. Porque, coinciden todas, “privadas de libertad, pero no de derechos”.

“Este protocolo nos va a permitir hacer un trabajo tanto con las personas privadas de libertad, como las que están en régimen abierto, a quienes tienen sistema de monitoreo telemático, pero también nos permite un piso de trabajo de dignidad y con enfoque de DD.HH., para todas las personas que asisten, ya sean visitas o funcionarios, todos los que tienen relación con los recintos penitenciarios”, subraya la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

La “deuda histórica”

“Esto es un paso sin precedente. Marcamos un antes y un después respecto de lo que se dice, con aquello que de verdad se hace. El considerar a todas las personas sin excepción de manera integral dentro de la diversidad es lo que se requiere. Nos tiene que importar la persona y si quiere avanzar para integrarse a la sociedad con las oportunidades que tienen el común de los ciudadanos”, afirma, por su parte, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.

Con el plan siendo ejecutado en todo el país, insiste Urra, Gendarmería empieza a hacerse cargo de la “deuda histórica” que tienen en la materia. Y es que para él no es menor que recién este año la institución y los internos hayan conmemorado formalmente el Mes del Orgullo LGBTIQA+.

“Cuando se invisibiliza a las personas, el daño puede ser irreparable, pero tenemos que buscar medios para intentar recomponerlo”, asegura.

En la misma línea, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, dice que esta política apunta a que “el reconocimiento y respeto de la diversidad queden asentados institucionalmente y no dependan de que haya voluntad”. Eso incluye, como subraya, avanzar en materia de reinserción, por lo que serían contempladas en el plan que se está trabajando para fijar cupos laborales trans en la administración pública.

Bajo este régimen, cabe precisar, Gendarmería debe garantizar que todos los internos “puedan manifestar el género asumido y desarrollar en forma libre su personalidad”. Para ello, en la ficha de cada reo -siempre que este dé su consentimiento- debe quedar registrada su identidad de género, el nombre social correspondiente y su orientación sexual. Así, se les permite estar recluidos en centros que correspondan a su identidad y que cuenten con dependencias especialmente habilitadas.

Se precisa, entre otros elementos, que debe haber continuidad de tratamientos hormonales, quirúrgicos de reasignación de sexo, apoyo en materia de salud mental y/o tratamiento por infecciones de transmisión sexual.