Aunque desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no opinan sobre las decisiones de partidos políticos, en la última semana el titular del ramo, Luis Cordero, tomó distancia de la reacción del Partido Comunista (PC), que acusó una persecución política tras la decisión de la justicia de formalizar y decretar prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por cohecho y estafa en el marco de la investigación del caso Farmacias Populares.
Frente a la imputación del PC el ministro hizo una advertencia: no se deben relativizar las determinaciones del Poder Judicial y hay que respetar su autonomía.
¿Considera que desde el PC han ejercido una presión sobre el Poder Judicial?
Se ha hecho costumbre, y lo digo no sólo por este caso, descalificar a las instituciones cuando deciden de un modo distinto a lo que se pretende en la política. Y la política tiene que ser extremadamente cuidadosa en no transformar al Poder Judicial ni al Ministerio Público en actores políticos. No es razonable que la política se judicialice ni que los jueces o los fiscales sean actores políticos. Pero para que eso no suceda la política no debe especular o tergiversar las intervenciones de jueces y fiscales.
¿No es eso lo que hace el PC al cuestionar la resolución de la jueza que decretó prisión preventiva para el alcalde?
Cada uno puede tener la opinión que quiera. Los debates sobre proporcionalidad o no de una medida cautelar forman parte de la discusión legítima. Hasta ahí. Pero calificar de persecución política o de sesgo político, a mí me parece que es completamente improcedente en un sistema democrático, cualquiera sea la autoridad que lo profiera. A veces en el país se nota la memoria de los peces, y dependiendo de quién es la autoridad, terminamos interpretando decisiones judiciales, lo que no me parece razonable. Chile tiene una gran virtud, y es que sus jueces y sus fiscales actúan con autonomía.
¿Se le ha planteado disconformidad al PC, que es un partido importante del gobierno del Presidente Boric?
El gobierno ha sido muy claro sobre este punto. Lo fue la ministra Carolina Tohá, lo ha sido la ministra Camila Vallejo. El gobierno ha sido muy claro en transmitir el mensaje de independencia y autonomía de poderes, y también ha sido muy claro en no compartir esa manera de calificación política de las instituciones estatales.
¿Sólo vía comunicaciones públicas o han existido diálogos en privado?
Es que yo creo que cuando hay manifestaciones públicas, también es conveniente que haya claridad sobre cuál es la posición del gobierno públicamente.
¿Cómo evalúa lo que ha dicho la Asociación de Magistrados, que advirtió que las gestiones desplegadas por el PC podrían debilitar las instituciones?
No lo comparto, porque la única manera de debilitar es si esto tiene alguna consecuencia. Una de las razones por las cuales nosotros le reconocemos independencia al Poder Judicial es precisamente para que no se sientan amedrentados. Y en el tiempo, la calificación a los jueces no ha tenido ninguna incidencia y creo que en este caso tampoco lo va a tener. El mejor ejemplo es la forma en que la jueza expuso los argumentos para ordenar la medida cautelar.
¿Fue una decisión fundada?
Ella dio razones públicas. Nadie podría decir que la jueza no fundamentó su decisión. Ahora, yo no sé si todos tenemos suficiente claridad y valoración de lo que implica que una autoridad en el desempeño de su cargo, frente a un caso tan mediático, con todo lo que se dijo, se instale el día lunes y comunique públicamente una decisión, dando las razones punto por punto del porqué está ordenando la medida cautelar.
¿Se han hecho concesiones por el peso del PC en el gobierno?
No, el gobierno ha sido muy claro y no ha eludido referirse directamente a este tema. Hay un llamado a que no politicemos los debates judiciales.
¿No se ha puesto en jaque el activo de la independencia?
El Partido Comunista es un partido institucional. Guste o no, es un partido que siempre ha actuado de conformidad a las reglas institucionales. No tengo ninguna duda del compromiso que tiene con la democracia. Yo no confundiría la situación que puede afectar a uno de sus militantes con el rol institucional. Y cualquiera sea el caso, un partido no puede condicionar el destino de sus compromisos colectivos y de sus militantes a la situación judicial de uno de ellos.
¿Cree que ceden a eso porque se trata de Daniel Jadue?
Puede ser. Puede ser por lo mediático del caso también. O porque él fue precandidato presidencial. Pero yo creo que el PC, en las dimensiones institucionales, tiene que tomarlas con suficiente distancia.
Militantes del PC dijeron que la prisión preventiva era una medida “desproporcionada”. ¿Cree que estos reproches podrían ser considerados si se toma en cuenta que la aplicación de una cautelar de este tipo implica remover a Jadue de un cargo para el que fue electo popularmente?
Ese es un argumento clásico respecto de la persecución penal de personas electas. Es una discusión antiquísima. Pero en Chile, como en cualquier democracia del mundo, hay un principio que es la igualdad ante la ley. Acá no hay personas, aunque invistan determinados cargos y se ganen representación popular, exentas del escrutinio judicial.
Se acusa esto de la guerra judicial o lawfare.
Creo que hay que sacarse de la cabeza esta idea de la guerra judicial o el lawfare. De hecho, si uno quisiera tomar los estándares metodológicos para ese fin, este es un caso que no aplica. Aquí no hay adversarios políticos utilizando una investigación criminal, acá hay una investigación que comenzó el Ministerio Público, que ha tomado un tiempo, que uno podrá tener acuerdos o desacuerdos sobre ella, pero calificarlo de guerra judicial está bastante lejos de lo que, por lo menos en el marco teórico, se entiende por lawfare.
Ahora tenemos el caso del PC, pero no hace mucho parlamentarios de oposición estuvieron en el Centro de Justicia durante el inicio del juicio contra el excarabinero Sebastián Zamora.
Por eso yo creo que hay que tener cuidado cuando uno come pescado. Una manifestación puede ser presión, pero asistir a una audiencia no puede serlo. A mí me podrá parecer algo anecdótico, folclórico el apoyo, pero que eso inhiba una decisión judicial, creo que no. Que concurra un parlamentario a mirar una audiencia me parece algo imprudente, pero creo que en absoluto podría tener una incidencia. Lo que sí creo es que en ambos casos hay que hacer una advertencia: si no queremos que los jueces se involucren en política, entonces no descalifiquen, directa o indirectamente, el rol de los jueces. Porque una vez que los jueces se meten en política distorsionan el sistema.
¿Ha visto atisbos de eso?
En Chile no. Y por eso yo prefiero hacer la advertencia ahora. Me parecen folclóricas e imprudentes ambas situaciones, y creo que es conveniente evitarlas.
Nombramientos
En el Poder Judicial hay molestia por los atrasos en la designación de ministros para la Corte Suprema, ¿cómo percibe aquello?
Yo comparto esa molestia completamente.
¿Aún hay cuoteos a la hora de visar estos nombramientos?
No, yo creo que lo que hay es otra cosa. Tenemos un tema en el régimen de nombramiento, y viene desde antes. Estamos en condiciones de avanzar en eso, pero tenemos también una agenda muy repleta de temas.
¿La tardanza es por una revisión exhaustiva o porque se espera un nombre en particular?
Se están haciendo revisiones, y también la pedagogía del porqué la Corte Suprema tiene que ser vista en su propio sistema. No es llegar y combinarlos con otros nombramientos.
También está pendiente la designación del nuevo contralor ¿En qué pie está Dorothy Pérez?
Es una funcionaria de una larga trayectoria, ha desempeñado de un modo adecuado y muy digno la función del cargo, ha resguardado adecuadamente los intereses de la institución.
¿Es la carta favorita?
Los subcontralores siempre, en la historia de la Contraloría, son nombres que se han tenido en consideración.
¿Se han fijado algún plazo para definir al candidato?
El que sea necesario para llegar a un buen nombre. No hay apuro, pero tampoco hay letargo.