Han sido semanas en que el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, ha estado constantemente bajo cuestionamientos, principalmente por la baja cantidad de expulsiones administrativas materializadas desde marzo a la fecha. Sin embargo, él insiste en que se trata de críticas “infundadas” y que está enfocado en sacar adelante los acuerdos que permitan fijar la nueva política migratoria y en destrabar ciertos aspectos de la implementación de la ley que entró en vigencia en febrero pasado.
Recalca que han sido meses intensos, pero también que están empecinados en destrabar el desorden que hay.
En diciembre deben presentar la nueva política migratoria. ¿Bajo qué lineamientos trabajan?
Hay cuestiones que son generales de la política de inmigración y se basan en que tiene que haber un acuerdo transversal, eso es prioritario. Vamos a avanzar con una política donde estemos de acuerdo con los distintos sectores políticos y que también tenga legitimidad en la sociedad. La idea es que sea sostenible en el tiempo, viable, realista, que sea con enfoque de derechos y también sensible a las aprensiones y sensibilidades que tiene la ciudadanía.
¿Cree que eso es posible en un clima de tensión como el actual?
El espacio para avanzar en acuerdos es amplio, el desafío es institucionalizarlos. Yo creo que las diferencias que se expresan a través de los medios no reflejan realmente las conversaciones que hay. Si uno ve, por ejemplo, cómo avanzaron los proyectos que presentamos a propósito de las expulsiones, vemos que justamente hay espacio para asuntos importantes.
‘Se regularizan o se van’, dijo el Presidente Boric. ¿Está definido fijar nuevas regulaciones?
La expresión del Presidente da cuenta muy claramente de la disposición que tiene el gobierno frente a la migración. Acá es súper claro que hay una distinción y una disposición específica para las personas que contribuyen al desarrollo, para quienes son víctimas de trata o que están en una situación humanitaria particular, versus aquellos que no. Lo que está establecido en el marco normativo es que los mecanismos de regularización se pueden establecer una vez que estén fijados los objetivos de la política nacional de migración. Entonces, estamos en el proceso de esa definición. Va a venir un debate importante respecto de cómo se resuelve el tema que tenemos respecto de personas que han ingresado en los últimos años por pasos no habilitados.
¿Se evalúa fijar un límite? Esto, considerando el colapso que se denuncia en algunas regiones.
Lo que se ha planteado sobre las capacidades instaladas en los distintos servicios, educación, salud, etc., para absorber, por ejemplo, la escolarización de todos los niños es un problema real. Las aprensiones que tiene la ciudadanía respecto de ese problema son válidas, legítimas y tenemos que escucharlas. Ahora, frente a eso, me parece que la propuesta que se ha hecho en términos de poner como en segundo lugar el acceso de los niños migrantes a los colegios o a salud no resuelve el problema de fondo. Por lo demás, aquello es contrario a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales suscritos sobre el acceso de los niños a dichos servicios.
¿Se podrían fijar cuotas migratorias?
Eso lo va a definir la política nacional de migración. La ley establece que tiene que haber una relación entre las necesidades de desarrollo de los territorios y la política migratoria. Es de toda lógica que sea así. Ese tiene que ser un eje fundamental de la política nacional de migración. Lo ideal es mirar y medir las necesidades de los territorios para decidir sobre autorizaciones y visas que se entregan.
Las polémicas expulsiones
Han existido inconvenientes en la implementación de la ley. ¿Cree que el Frente Amplio pudo ser más previsor?
El Frente Amplio tuvo una participación muy activa y comprometida con el proyecto de ley, hicieron un trabajo muy serio. Aunque sí creo que hubo una falta generalizada de previsión en el Congreso respecto de la implementación de la ley, porque, por ejemplo, lo referente a impedir la expulsión de condenados por Ley de Drogas lo instaló la derecha.
Pero al gobierno se le reprocha principalmente por lo referente a las expulsiones administrativas.
En ese punto ha existido una política de Estado y nosotros tenemos toda la disposición y voluntad de cumplir el mandato legal, por eso hemos iniciado más de 1.300 procesos de expulsión y tenemos una mesa de trabajo con la PDI para materializarlos.
¿Son críticas sin fundamentos?
Las críticas, en general, que se realizan al gobierno en materia de expulsiones son infundadas. La semana pasada salió un avión de la Fuerza Aérea con expulsados y hay dos proyectos avanzando para agilizar los procesos. Evidentemente que a nosotros no nos interesa hacer un espectáculo, ni humillar a los extranjeros que son expulsados.
En el marco del debate, el Presidente endureció el tono. ¿Está de acuerdo?
Totalmente, porque hoy están dadas todas las condiciones para que quienes quieran venir a aportar al país puedan hacerlo de manera regular. Entonces, es evidente que las personas que cometen un delito o que tienen antecedentes en sus países de origen, no pueden entrar, y si lo logran, tienen que irse.
