En 2021, tras asumir como coordinador nacional para las causas de derechos humanos, el ministro Mario Carroza se reunió con agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de todo el país. A partir de ahí, en concierto con la Segunda Sala, diseñó un plan que les ha permitido acelerar la tramitación de las causas, pues tienen la convicción de que les cabe una gran responsabilidad y que, en el pasado, pudieron hacer más.
En el marco de los 50 años del Golpe de Estado, el gobierno presentó el Plan Nacional de Búsqueda, a fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. ¿El Poder Judicial podría asumir nuevos flujos de causas?
Desde que comienzan los jueces de dedicación exclusiva, ya existe disposición para avanzar en este tema. En 2010, la Agrupación de Ejecutados Políticos presentó un listado de personas respecto de las cuales no había existido investigación. Tuvimos esa situación y hubo que abordarlo. Existiendo los recursos, todo debe asumirse. Con el Plan Nacional de Búsqueda sabemos que pueden surgir nuevos antecedentes y esperamos que así acontezca, que haya resultados.
La Corte Suprema tomó como determinación avanzar con mayor rapidez en las causas. ¿Pudieron materializarlo?
Antes existía un acuerdo sobre el cual la Segunda Sala se comprometía a acelerar los procesos, pero eso no se estaba cumpliendo. En razón de eso se comenzó a ver formas sobre cómo agrupar, por ejemplo, causas que tenían una misma dinámica. Se fijaron mecanismos y se pidió a la corte que designara dos relatores más y que tuvieran dedicación exclusiva para estas causas. Todo eso llevó a que en 2022 se armara un plan de trabajo que se presentó al pleno y que fue aprobado. Esto ha dado resultado y estamos viendo alrededor de un 48% más de causas.
¿Cómo afrontan la vista de causas tan emblemáticas?
Es una responsabilidad de la Corte Suprema entera, pero fundamentalmente de las personas que llevan las causas, la Segunda Sala, quien habla, y estamos viendo cómo nuestro trabajo tiene su culminación en lo que piden las agrupaciones, que es que haya justicia, reparación. Que se avance, en definitiva. Pero si bien se hace justicia, queda la sensación de que esto sucede después de 50 años. Entonces, puede que sí pueda considerarse que esta justicia está llegando tarde, aunque lo importante es que llegue.
¿Considera que pudieron haber hecho más?
El Poder Judicial pudo realizar una actividad más profusa, más sistemática, más determinada a partir del año 1995, en el tiempo de la democracia. Los primeros años, en el 90, era difícil, pero del 95 para adelante se podía. Sin embargo, recién se adopta una actitud más fuerte, más decidida en el 2000, después de 10 años, lo que es bastante. Luego se toma la decisión de designar jueces de dedicación exclusiva, y de ahí ya se hace un trabajo más sistemático.
¿A qué atribuye el retraso de esa determinación?
Es que el trabajo fue como esporádico al principio. Entre el 90-93, de repente había un caso, como fue el caso degollados, pero no existía una política sistemática. Estaban abiertas las posibilidades para que las personas denunciaran o presentaran querellas, pero puede que la ciudadanía no tuviese esos canales. Quizás no sabían cómo hacerlo. Quizás pensaban que en tribunales normales no serían atendidos, y puede que haya existido mucha desconfianza.
El Presidente Boric afirmó que “toda la justicia” no ha llegado. ¿Está de acuerdo?
Creo que es algo que debemos reconocer. Efectivamente, eso es un hecho y él lo constata, pero también dijo que se sigue trabajando en esto. Dice que es tarde, tal vez, pero hay que seguir y por eso establece este Plan de Búsqueda. Y el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha aportado todos los recursos para que esto siga. Asumimos la responsabilidad de no haberlo hecho mejor, pero no por eso nos vamos a detener. Tenemos que continuar.
¿Cuál es la proyección a fin de año respecto de la vista de causas de DD.HH.?
El objetivo que tiene la Segunda Sala y la Corte Suprema es que se pueda adelantar lo máximo posible y a fin de año evaluar cómo nos fue. En este minuto creemos que vamos bien. Estamos en una idea de que tenemos que aventurar una cultura de los derechos humanos en la Corte Suprema, donde, a su vez, esto sea una forma de que haya garantías de no repetición, de ir buscando caminos que vayan más allá de los procesos, sin descuidar el hecho de que sigamos trabajando en algunos sitios donde aún puedan existir restos de personas desaparecidas. Porque los responsables tienen que responder.
¿Qué le parece la propuesta del gobierno de levantar parcialmente el secreto Valech?
En su momento, la Corte Suprema emitió su opinión y se aseguró de que se tenía que tener el resguardo de pedir el consentimiento a la persona que declaró, porque fue el resguardo que se tuvo cuando se impuso el secreto. Eso generaría una cantidad de denuncias nuevas y de elementos de prueba que a lo mejor todavía están ahí, pero que no hemos conocido y que podrían servir para resolver causas.
¿Considera que las FF.AA. deberían disponer mayores antecedentes sin que previamente exista una solicitud judicial expresa?
Yo he visto una disposición de colaborar de las Fuerzas Armadas, lo que pasa es que no saben qué información entregar, salvo el que quiera ocultarla. Fui a ver los archivos y están ahí. Cuando pedí la referente al señor Alberto Bachelet (general de la Fach y padre de la expresidenta Michelle Bachelet) solicité la causa y me entregaron los antecedentes. No hay oposición a aportar, pero hoy no saben qué es de utilidad y en eso hay una cierta nebulosa.
