El pasado jueves, después de casi tres meses de haber puesto término al acuerdo de licitación con la italiana Astaldi, el gobierno reactivó el concurso para la construcción de un embalse en la Región de Ñuble, hoy llamado Nueva La Punilla.
La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$ 369 millones (8,8 millones de UF) y un plazo de concesión de 40 años, lo que permitirá continuar con las obras que en marzo de 2016 fueron adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Astaldi.
La iniciativa, que busca proveer una reserva de agua para hacer frente a la mayor escasez hídrica producto del cambio climático, es uno más de los proyectos que mantenía pendiente de licitación la actual administración del Presidente Sebastián Piñera.
Un estudio realizado por la consultora Pactar concluyó que las obras a licitar antes del cambio de mando suman US$ 2.363 millones. La actual administración debería, según su propio cronograma, licitar cinco obras, cuyo plazo oficial es el cuarto trimestre 2021. A ellas se suma una sexta: “Concesión Red Aeroportuaria: Tepual (5a), Cañal Bajo y Mocopulli”, que cuenta con su llamado a concurso programado para realizarse el primer trimestre de 2022, antes de que termine la actual administración.
Según el informe de la agencia, las cinco obras a licitarse antes de que concluya el mandato son: Concesión Proyecto Orbital Sur Santiago (US$ 500 millones), Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía (US$ 105 millones), Concesión Sistema Alerta de Tsunami (US$ 100 millones), Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, Ruta 68 (US$ 1.213 millones) y Concesión Ruta Pie de Monte (US$ 335 millones). Esto de acuerdo a información que proporciona la propia calendarización de la Dirección de Concesiones, unidad dependiente del MOP.
La Agenda de Concesiones de lo que queda de este año a 2025 estará compuesta por Autopistas (48,1%), Hospitales (11,1%), Aeropuertos (9,3%), Cárceles (5,6%), Embalses (5,6%), Teleféricos (3,7%) y otros (16,7%).
El 40% de las obras de esta agenda corresponden a segundas adjudicaciones (22 iniciativas), cuyo operador actual finaliza su contrato. También, hay dos obras que se relicitan por tercera vez. En tanto, las obras nuevas son 30 (56%).
Dentro del plan, hay sólo tres concesiones de embalses: Zapallar (US$ 357 millones), Catemu (US$ 466 millones) y Nueva La Punilla (US$ 369 millones). Este último implicó una disputa entre el MOP y la empresa italiana Astaldi. Los embalses suman una inversión de US$ 1.305 millones.
En el caso de recintos penales y debido al término de los contratos, durante el periodo de 2024-2025 está prevista la relicitación de ocho cárceles de mediana y alta seguridad. Tal como ocurrió años atrás, podría generarse nuevamente la discusión respecto del desarrollo de este tipo de infraestructura bajo el modelo de asociación público-privada.
Se trata de la Segunda Concesión de Infraestructura Penitenciaría Grupo 1, que corresponde a los penales de las ciudades de Iquique, La Serena y Rancagua. Su nuevo llamado a licitación sería en tres años más. A esta se suma la Segunda Concesión de Infraestructura Penitenciaría Grupo 2, que comprende recintos en Antofagasta y Concepción. Además de la Segunda Concesión de Infraestructura Penitenciaría Grupo 3, que corresponde a cárceles de Santiago, Valdivia y Puerto Montt.
Si bien el MOP aún no aclara cuál será el monto de cada licitación, sí detalló los plazos: el primer bloque tendrá su llamado a licitación durante 2024, mientras que el segundo y el tercero será en 2025.
Obras licitadas y ajustes
Desde el Ministerio de Obras Públicas explicaron que a la fecha, en el 2021 se ha llamado a licitación 10 proyectos por US$ 3.300 millones. Aquí figuran: Ruta 78 (2a) (US$ 892 millones), Longitudinal Chiloé-Ruta 5 (US$ 507 millones), el Hospital Instituto Nacional del Cáncer (US$ 197 millones), entre otros.
Además, añadieron que en 2022 se llamarán a licitación 13 proyectos por US$ 5.229 millones.
Sin embargo, el mayor desafío es la licitación de la Segunda Concesión Interconexión Vial Stgo.-Valparaíso-Viña del Mar, Ruta 68.
La iniciativa se encuentra en fase final de desarrollo, obteniendo las autorizaciones sectoriales en los ministerios de Desarrollo Social y Hacienda.
La directora de la Dirección General de Concesiones, Marcela Hernández, explicó -vía escrita- que “quedarán cuatro llamados a licitación que se concretarán dentro de los primeros meses del año 2022, los que se encuentran actualmente en fase de revisión y aprobación por parte de los distintos ministerios que participan de un proceso de licitación”.
Asimismo, detalló que este año ya se han llamado a licitación 10 proyectos de concesiones, que suman una inversión de US$ 3.305 millones. “Esta cifra es la más alta de la historia, casi duplicando el máximo histórico (US$ 1.888 millones en el año 1996) y cuadruplicando el promedio anual del periodo 2010-2018 (US$ 828 millones). Al término del año 2021 se llamarán dos proyectos más de obras viales y un hospital, lo que representa una inversión de US$ 1.924 millones. Con esto, los llamados a licitación de concesiones alcanzarán los US$ 5.229 millones en 2021″, sostuvo a La Tercera.
Sin embargo, en la información enviada por parte del MOP se destaca un ajuste o reprogramación de los plazos de algunos procesos adjudicatorios que originalmente figuraban para el cuarto trimestre de 2021 y que ahora la actual administración de gobierno decidió pasar para 2022.
Se trata del Sistema Alerta de Tsunami (US$ 100 millones), la Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía (US$ 105 millones, la Ruta Pie de Monte (US$ 335 millones) y el Hospital Metropolitano Norte (US$ 247 millones).
Al ser consultada la directora si tiene confianza en que la próxima administración continúe con la Agenda de Concesiones a 2025, respondió: “El sistema de concesiones en Chile es una política de Estado y trasciende a la administración de turno”. En ese sentido, agregó que “nuestra cartera de concesiones se estructura con una mirada de largo plazo y considera proyectos que se vienen analizando y trabajando en un marco de tiempo mayor a cuatro años, dentro de los que se priorizan aquellos proyectos que resultan más necesarios para el desarrollo económico y social de nuestro país”.
Lo que sí, sostuvo Hernández, “hay que tener presente, no obstante, que es normal que a medida que se van desarrollando los estudios de las iniciativas públicas y privadas se realizan algunos ajustes de fechas o años. Ese tipo de modificación debiera seguir sucediendo a futuro, pero en sus grandes ejes las cartera 2021-2025 debiera mantenerse más allá de quién gobierne durante el próximo período presidencial”.
Las opinión de los expertos
En su informe, Pactar también consultó a expertos y exautoridades sobre el momento actual de las concesiones. Sergio Galilea, director del Centro de Análisis en Políticas Públicas (CAPP) de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Obras Públicas, sostuvo que “el próximo gobierno recurrirá a las concesiones para desarrollar infraestructura, en gran parte porque la billetera fiscal estará ajustada”.
En esa misma línea, Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), añadió que en “los próximos años el país contará con menores ingresos y la inversión directa, probablemente, se verá mermada. En ese contexto, dar continuidad a la actual cartera de concesiones cobra gran relevancia”.
Para Piaggio no sería aconsejable repetir situaciones como la que sucedió con la concesión del Hospital Sótero del Río en 2015, adjudicada por la primera administración del Presidente Piñera, y dejada sin efecto por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Por su parte, el socio fundador de Pactar, Julián Mazzucco, sostuvo que “es importante destacar que le tocará definir relicitación (segundas licitaciones) de 18 obras, entre ellas varios tramos de la Ruta 5, el Complejo Fronterizo Los Libertadores, el Centro de Justicia de Santiago, tres grupos de cárceles (cuatro recintos de alta y cuatro recintos de mediana peligrosidad), entre otras concesiones que están prontas al fin del período de operación”.
En tanto, Rodolfo Guerrero, socio en Ibarra & Asociados y exasesor jurídico de la Dirección de Concesiones de Obras Públicas, sostuvo que “el sistema entró en una fase dos, luego de un primer ciclo de enorme éxito y que lo ubicó como un referente mundial. Gran parte de la Agenda 2021-2025 corresponde a las primeras relicitaciones de obras emblemáticas y vemos que existe una oportunidad clave para perfeccionar el mecanismo”.